La derecha los apoya, la oposición lo rechaza. Hijas e hijos de represores en desacuerdo con darles garantías. El tramposo empate que busca el gobierno.

Patricia Ryan. Periodista. 06/04/2020. “Lo que yo creo es que una persona que está condenada por crímenes de derechos humanos o crímenes de cualquier naturaleza, que se está muriendo, que le quedan semanas de vida, yo creo que debiésemos darle el beneficio que se muera en su casa…Yo creo que tienen derecho a una muerte con dignidad, todos tenemos derecho a una muerte con dignidad”. Las palabras del Presidente Sebastián Piñera dando luz verde a que los condenados por violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad tengan beneficios como poder irse a sus casas.

Tema que este gobierno quiso instalar hace un año, pero contó con un rechazo mayoritario en el país, en el Parlamento y en el mundo de los derechos humanos. Ahora -se dice que aprovechándose de la pandemia del coronavirus- vuelve con la iniciativa, llamándola “ley humanitaria” y que concede la posibilidad de salir de recintos penitenciarios hacia sus casas a mayores de 75 años, independiente del delito que cometieron. Aparece, asimismo, como una suerte de empate tramposo, ya que Piñera y sus ministros como el de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, salieron con este proyecto ante las críticas de la derecha por no incluir a los violadores de derechos humanos en otra iniciativa legislativa de indulto a mujeres con hijos de dos años o embarazadas, personas de la tercera edad, destinado a descongestionar las cárceles.

Entre este martes y miércoles se viene una confrontación en el Parlamento porque desde la oposición se niegan a votar a favor de la “ley humanitaria” y desde el oficialismo no daría los votos para el proyecto de indulto.

En varios análisis y reportes de prensa aparece como una incógnita los votos que hay para cada iniciativa legislativa.

Esto, mientras la encuesta Plaza Pública-Cadem demostró que el 63% de la población no está de acuerdo con beneficio a ex uniformados condenados por ejecuciones, desapariciones y torturas a compatriotas.

La derecha a favor de los represores

Como era de esperar, en la Unión Demócrata Independiente (UDI), todos los votos estarían para beneficiar a los violadores de derechos humanos y ejecutores de crímenes de lesa humanidad. “No voy a votar a favor (de la ley de indulto que no contempla a los ex uniformados) porque no estoy dispuesta a apoyar una ley que consagra una discriminación que es arbitraria”, expuso Jacqueline van Rysselberghe, presidenta de la colectividad.

También expresó su rechazo a la iniciativa que no contempla a los ex represores, el presidente de Renovación Nacional (RN), Mario Desbordes. “El proyecto no es humanitario de verdad, lamentablemente el ministerio de Justicia mantiene restricciones arbitrarias”.

Varios senadores de derecha presentaron un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC) para intentar torpedear el proyecto de indulto porque no incluye a ex militares.

En tanto, el presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Alfonso de Urresti y el senador Felipe Harboe, miembro de dicha comisión, presentaron un documento al Tribunal Constitucional, con el fin de solicitar el derecho constitucional de petición para establecer que el proyecto de Indulto Conmutativo está destinado exclusivamente al cuidado preventivo de grupos de alto riesgo, y adoptar medidas orientadas a reducir los contactos interpersonales para prevenir eventuales focos de contagio masivo, de manera de proteger a toda la ciudadanía; todo esto en el contexto de la Pandemia del Covid 19, indicando, además, que en esta medida se excluyen todos los condenados por crímenes de lesa humanidad.

Alfonso de Urresti explicó que presentaron este requerimiento pues “este proyecto de indulto que se está tramitando tiene por objeto aliviar la población penal de las cárceles, pero no está consagrado para aquellos violadores de derechos humanos ni para aquellas personas condenadas por delitos graves: Homicidas, violadores, secuestradores, violencia intrafamiliar entre otros”. Expresó que lo que está pidiendo la derecha “es un subterfugio para tratar de proteger a los violadores de derechos humanos”.

Felipe Harboe manifestó que “nosotros estamos completamente de acuerdo con el proyecto de Indulto Conmutativo porque creemos que es una forma prudente y proporcional de permitir la salida de 1.314 actuales internos de las cárceles que han cometido delitos menos graves, y reemplazarles esa sanción por un arresto domiciliarios total”. Sin embargo, agregó que “es muy distinto tratar de incorporar delitos más graves, tales como homicidios, violaciones, abuso sexual de menores, ni menos aún delitos de lesa humanidad”.

Rechazo a beneficios e impunidad

En este marco, Bancadas Parlamentarias de la oposición, principalmente del Partido Comunista, Partido Humanista y del Frente Amplio, anunciaron que apoyarían la ley de indulto para casos especiales de personas encarceladas, pero no así para la que permite beneficios carcelarios a ex uniformados.

La Comisión Chilena de Derechos Humanos hizo ver que otorgar la libertad a condenados por crímenes de lesa humanidad es atentatorio al derecho. Se indicó que ex militares y policías que son autores de desapariciones forzadas, ejecuciones, torturas, no pueden gozar de ciertos beneficios.

Desde la entidad se hizo referencia al Estatuto de Roma, en su Artículo 110, que establece que  si bien resulta procedente que el condenado pueda acceder a una reducción de pena, éste debe cumplir con determinados requisitos. Es decir, haber cumplido las dos terceras partes de la pena o 25 años de prisión en caso de una cadena perpetua, que el condenado haya expresado desde el principio y de manera continua su voluntad de cooperar con la investigación.

En el caso de los condenados que están e Punta Peuco, prácticamente ninguno colaboró co la justicia para conocer antecedentes y la verdad de los crímenes, encontrar a detenidos desaparecidos, y poder esclarecer cientos de hechos. Como se manifestó desde la Comisión Chilena de Derechos Humanos, más bien “han reivindicado públicamente sus atroces crímenes”.

En tanto, las presidentas de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) y la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Alicia Lira y Lorena Pizarro, respectivamente, rechazaron terminante la aplicación de la llamada “ley humanitaria” para acusados de violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.

“No aceptamos que la impunidad sea el camino que en medio de esta pandemia quiera profundizar este gobierno” dijo Lorena Pizarro. Y Alicia Liria expresó que “Se busca más la forma de dar impunidad en vez de preocuparse de darle la posibilidad a los familiares de encontrar a sus víctimas y encontrar más justicia”.

En este contexto, familiares e hijos de represores, dieron a conocer una declaración donde se oponen a la salida de los ex uniformados desde Punta Peuco.

Se oponen hijas e hijos de ex uniformados

Este es el texto íntegro del documento:

“Ante la pandemia que nos aqueja, como miembros del Colectivo Historias Desobedientes-Chile, hijas, hijos y familiares de genocidas por la Memoria, la Verdad y la Justicia, queremos manifestarnos respecto a la demanda de liberación de nuestros familiares por conceptos humanitarios, interpuesta por los partidos Renovación Nacional (RN) y Unión Demócrata Independiente (UDI) y apoyada por otros familiares de FFAA y de Orden: Nos oponemos rotundamente.

¿Las razones? En primer lugar, la gravedad de los delitos cometidos por unos y otros es muy distinta. Los presos y presas de la revuelta social se encuentran en “prisión preventiva” (“medida cautelar” excepcional aplicada en ausencia de una sentencia judicial condenatoria y que no presume de su culpabilidad); los reos comunes han cometido delitos que jurídicamente constituyen un perjuicio producido entre privados; en cambio, los pocos violadores de los derechos humanos que han recibido sentencias condenatorias son autores de crímenes imprescriptibles (según la Convención Internacional de 1968 suscrita por Chile en 2012) que atentan, como decía el propio Patricio Aylwin, contra la fibra moral de nuestra sociedad toda vez que el daño fue provocado a la Sociedad Civil por parte de agentes del Estado.

En segundo lugar, las condiciones de vida y el grado de exposición a la pandemia son incomparables. La situación de los reos comunes y políticos en los diversos centros penitenciarios constituye un gran motivo de preocupación para las agrupaciones de DDHH en Chile, y, en el contexto actual, cada vez más para la comunidad internacional: hacinamiento, escasa higiene, alimentación deficiente, falta de atención médica, carencia de mascarillas y desinfectantes, poca ventilación… Muy distinta es la situación de los reos de Punta Peuco y de los otros recintos privilegiados.

Como familiares de esos criminales, muchos de nosotros conocemos bien el lugar reservado para ellos: habitaciones de 36m2 para dos personas, cuyas camas se encuentran a más de un metro y medio de distancia; un baño para cada pieza; un comedor común con sillas y espacio más que suficiente para el bajo número de detenidos; un patio de 1500 m2 por módulo penal, en el cual pueden reunirse y hacer asados; libertad de circulación… A lo cual se suma el acceso a recintos hospitalarios institucionales de alto nivel: según el ranking del Global Health Intelligence (2019) tanto el Hospital Militar como el DIPRECA se encuentran entre los diez mejor equipados de Chile.

Si la situación penal es tan diferente, entonces ¿por qué ciertos sectores de la sociedad insisten en denunciar una supuesta discriminación hacia nuestros familiares? ¿De qué mal sueño extrajo Jacqueline Van Rysselberghe que en Punta Peuco existe una población penal expuesta al contagio “fruto del hacinamiento que existe en esa cárcel”? ¿Se trata de un sector político que está mintiendo, o que simplemente no sabe de lo que está hablando? Respecto a la posición del (des)gobierno actual, ¿acaso pretende nuestro Presidente, ansioso de Gloria, aprovecharse de esta situación de “excepcionalidad dentro de la excepción” jurídica para imponer una agenda unilateral que anularía los pocos y difíciles avances que ha logrado nuestro país en materia de derechos humanos?

Porque los criminales de lesa humanidad han gozado durante años de las condiciones penales que hemos descrito; porque no han mostrado arrepentimiento (¡y vaya que lo sabemos!); porque no han aportado información para contribuir a la verdad; porque aún hoy mantienen pactos de silencio; porque no hay circunstancia alguna que justifique su horroroso actuar; porque, en fin, conociéndolos como miembros de sus familias, reiteramos nuestro rechazo a este nuevo subterfugio de la derecha: no deben estar en la calle.

Así, nos pronunciamos contra la liberación de los criminales de lesa humanidad y en favor de las demandas de los reos comunes y presos políticos en Chile.

Historias Desobedientes-Chile
Hijas, hijos y familiares de genocidas
por la Memoria, la Verdad y la Justicia

4 de abril de 2020”.