Ponencia del abogado Eduardo Contreras, en el Foro Latinoamericano de Derechos Humanos, que se realiza en Santiago.

Eduardo Contreras. Abogado. 24/01/2020. Los derechos esenciales del ser humano no tienen más límite que la Ley y el ejercicio de los mismos derechos por los demás seres humanos que forman parte de esa sociedad, de ese Estado.

El Estado no es sino la organización política de la sociedad y por tanto su ley principal, que es la Constitución Política, debe establecer como cuestión de fondo el listado de los derechos fundamentales que corresponde a las personas y los mecanismos que garanticen el cumplimiento eficaz del ejercicio de tales facultades.

Pero además debe establecerse los procedimientos necesarios para que si se viola o desconoce el ejercicio de los derechos esenciales de la persona humana, existan los caminos reparatorios y de sanción a quienes violan tales derechos. Y en nuestro tiempo ese es el inmenso valor de la Jurisdicción Universal.

En relación a lo cual, el juez Baltasar Garzón, con la autoridad que tiene en la materia, en su más reciente libro titulado “No a la Impunidad” incluye el subtítulo de “Jurisdicción Universal, la última esperanza de las víctimas” y en la página 670  reafirma que “la jurisdicción universal representa el triunfo de las víctimas frente a la impunidad. Es el reconocimiento de que existe un mecanismo judicial de defensa de los derechos cercenados a las víctimas frente a los sistemas de protección establecidos a favor de los perpetradores, válido tanto en el ámbito de la Justicia ordinaria o retributiva como en el de la Justicia transicional o restaurativa”

Dicho esto, nos referiremos a lo que ha sido la larga historia de atropellos a los derechos humanos del pueblo chileno. Que no han sido sólo los causados por la dictadura de Pinochet ni las violaciones cometidas en nuestros días a partir de las movilizaciones sociales en curso. Son parte de nuestra agitada historia.

Porque ¿estábamos dormidos realmente como para afirmar que “Chile despertó”?

¿O será simplemente que las iniciadas en octubre del 2019 no son sino una más de aquellas movilizaciones sociales contra las injusticias de un modelo de sociedad que a lo largo de los años caracterizan precisamente lo que hemos sido como nación?

Porque hay quienes afirman falsamente que nuestro país ha tenido un ejemplar “desarrollo republicano” a sabiendas que eso es absolutamente falso. Nuestra historia real ha sido una sucesión de hechos de extrema violencia signada por asesinatos y masacres perpetradas por la clase dominante en contra del pueblo trabajador. Ciclos de luchas, represión, luchas. Toda otra versión de la Historia de Chile no tiene nada que ver con la realidad.

Ya a fines de 1880 se inició el genocidio en contra de nuestros pueblos originarios, mapuches y luego contra los habitantes de Tierra del Fuego. Y el siglo XX, está signado de comienzo a fin por decenas de masacres en contra de los trabajadores, tanto portuarios como obreros salitreros o del Cobre, o de Frigoríficos, o de campesinos o de estudiantes. Los crímenes masivos de Antofagasta, Valparaíso, Iquique, Puerto Natales, San Gregorio, La Coruña, Ranquil, Lonquimay, el Seguro Obrero, la plaza Bulnes, la población José María Caro, el Salvador, Pampa Irigoin, a lo que deben sumarse los crímenes de las dictaduras de Ibáñez y de González Videla confirman lo dicho. Y vendría más tarde, el 11 de septiembre de 1973, el golpe militar contra el gobierno legítimo y democrático del presidente Salvador Allende y la instauración de la dictadura.

Esta y no otra es la verdad. No somos un pueblo de paz, sino un pueblo que ha debido vivir luchando por sus derechos. Un pueblo que además ha sido varias veces engañado por quienes aparentaban ser demócratas. Es nuestra realidad y ha sido en general la de América Latina.

Sin duda las más graves violaciones tuvieron lugar cuando la dictadura. Un tiempo oscuro en que miles y miles de chilenas y chilenos, jóvenes, niños, ancianos, mujeres embarazadas, fueron hechos desaparecer o ejecutados o torturados. Son los crímenes de lesa humanidad cuyos centenares de procesos judiciales siguen hasta el día de hoy pendientes. Son ya 300 los sentenciados por sus crímenes y cerca de un centenar los que efectivamente están cumpliendo sus condenas. Ha sido exclusivamente el fruto de la lucha de familiares y abogados desde la primera querella que junto a Gladys Marín presentáramos el 12 de enero de 1998 y sin duda también fruto del proceso abierto en España por el juez Garzón que permitió la larga detención del dictador en Londres y que debió terminar con su prisión en España. Pero fue un episodio frustrado por la acción vergonzosa de políticos cobardes que llegaron a acuerdos con el dictador y con el gobierno inglés.

A  propósito de lo cual llamamos la atención sobre lo que sucede hoy en Bolivia. La  violenta represión dispuesta por la usurpadora Jeannine Añez llega a límites de violencia extrema. Lo personificamos hoy en la situación de los prisioneros de distintas nacionalidades que sufren torturas en diversos campos de concentración. Uno de ellos, el periodista Facundo Morales, se encuentra en gravísimo estado de salud, prisionero en el campo de concentración de Chonchocoro en La Paz.  Su padre, juez de paz de Argentina asiste a este Foro.

En  el caso de Chile, la represión desatada por el gobierno de Piñera ha sido condenada por diversas instituciones oficiales de DDHH, tanto nacionales e internacionales y de la más inobjetable imparcialidad, incluida la ONU. Esos informes dan cuenta de decenas de muertos, centenares de heridos, miles de detenidos y torturados, 405 víctimas de daños oculares, 800 víctimas de violencia sexual y más de Mil procesos judiciales en curso. A propósito de lo cual correspondería que, si estos procesos judiciales no avanzan, vayamos a la jurisdicción universal.

Lo que el pueblo exige hoy es la solución a las demandas sociales principalmente en materia de salarios, educación, salud, vivienda, previsión social, trabajo y la exigencia de una Nueva Constitución para Chile.

Ahora bien, lo que nuestro pueblo debe asumir es que lo  social ya Nueva Constitución no son exigencias diferentes. En el fondo de lo que se trata es de recuperar el papel del Estado en la vida del país y para eso se requiere precisamente una Nueva Constitución que ponga fin al actual modelo impuesto por la dictadura, por los monopolios internacionales y el gran empresariado nacional. Un modelo que entregó los recursos a los privados, a los grandes empresarios y despojó de recursos al Estado. ¿Cómo se podría satisfacer la demanda social con el actual Estado sin recursos y la actual Constitución que no contempla esos derechos? Imposible. Por eso es que se necesita recuperar lo que nos quitaron y levantar un Estado con los recursos suficientes para  atender las necesidades del pueblo. Y para eso es que se requiere una Nueva Constitución Política. Sólo así se podrá resguardar efectivamente los DDHH en nuestro país.

Recuperar nuestras riquezas naturales, estatizar los medios de producción, como proponía el joven abogado Ricardo Lagos en 1961. El litio, el Cobre, deben ser de todos los chilenos, del Estado. Hoy sólo el 5% del total del agua de Chile es de uso público y en cambio sólo los derechos de agua privados del actual  ministro de agricultura permitirían abastecer a 17 millones de personas. ¿Hasta cuándo soportaremos estas aberraciones? El camino es uno solo: una Constitución nueva que cambie el modelo actual. Todo lo demás es engañar al pueblo.

Ha de ser una Constitución que además garantice los derechos de la mujer, de los pueblos originarios, de los y las personas de distinta identidad sexual, de los migrantes. Normas jurídicas que impidan el desarrollo de un neofascismo disfrazado como el que suele asomarse.

Nuestro tiempo no es idílico. Un presidente ausente, que probablemente sea lo mejor. Una mayoría parlamentaria que aprueba leyes represivas de las manifestaciones, un poder judicial que eterniza por décadas la tramitación de los juicios por delitos de lesa humanidad y que ascendió a la jueza Rosa Egnem, que ocultó los antecedentes de la brutal masacre de El Laja, San Rosendo.

Finalmente, consignemos un asunto de fondo como es el Poder Real en la Política y en la vida de nuestro país. Hablamos del poder de la Información y del poder de la Fuerza material. Los medio de comunicación y las Fuerzas Armadas.

En cuanto a la Información, lo que los ciudadanos en Chile escuchamos, vemos y leemos día a día es sólo lo que quieren trasmitirnos los propietarios de los medios de comunicación. La inmensa mayoría vinculados directamente a los grandes grupos económicos. Trasmiten lo que garantice su poder y ocultan lo que pueda afectarlo. Así confunden a grandes sectores sociales. Por ejemplo, a propósito de las manifestaciones iniciadas en octubre se denunció la supuesta presencia de fuerzas extranjeras en el manejo de las protestas. Falsa denuncia que también difundió Luis Almagro, el tristemente célebre secretario de la  desprestigiada OEA.

En cuanto a la fuerza material en la política, como dolorosamente aprendimos en 1973, sigue aquí la presencia de unas Fuerzas Armadas y una policía uniformada que responden a los intereses de la gran burguesía. Negociados, especulaciones, y desprecio por ese pueblo que con infinita inconciencia cada septiembre les aplaude en su desfile militar. En menos de un año son más de 50 altos oficiales de Carabineros y más de 20 altos oficiales de Ejército que han sido llamados a retiro por delitos económicos. Hoy el Ministerio Publico chileno está pidiendo años de prisión para varios oficiales comprometidos en la llamada “Operación Huracán”. La formación de oficiales de estas instituciones en EEUU y los convenios existentes así como el suministro de armamento y equipos han creado vínculos de identidad y dependencia con la política de las grandes potencias. Una expresión clara de  aquello es la violencia de la represión y la mantención de leyes y decretos antidemocráticos y abusivos, como el Decreto 1086.

Estos son los asuntos de fondo que no pueden soslayarse si de veras aspiramos a conformar una nueva sociedad y un nuevo Estado, con democracia, pluralismo y pleno respeto a todos y cada uno de los derechos fundamentales del ser humano.