Criminalización social.Acusación constitucional. Fracaso del “acuerdo político”. El desastre en economía y empleo.

06/12/2019. Criminalización social.

El gobierno fundamentalmente, la derecha, la ex Concertación y la mayoría de parlamentarios del Frente Amplio, impulsaron y votaron a favor de un proyecto que establece tipificaciones y sanciones por delitos que provocarían la alteración de la paz pública, denominada “ley antisaqueos” y “antibarricadas”.

Según Gonzalo Blumel, ministro del Interior, con ello se “aborda los principales problemas en materia de orden público en las últimas semanas”. Coincidieron con el alto funcionario quienes aprobaron la ley. En parte del texto, aprobado por amplia mayoría en el Parlamento, se menciona entre otras cuestiones que “el que valiéndose de una manifestación o reunión pública tome parte violenta y activamente en un hecho constitutivo de desorden público, será sancionado con reclusión menor en su grado medio a máximo, esto es, desde 541 días a 5 años”.  Se sancionará gravemente a quien lance una bomba lacrimógena, piedras u otros objetos. También a manifestantes que impidan la libre circulación y monten barricadas. Habrá penas importantes para personas que obstruyan el paso de ambulancias o vehículos de bomberos. Habrá sanciones por paros (laborales, estudiantiles), tomas de terrenos y edificios públicos o privados (colegios, terrenos indígenas), y para quienes organicen o participen en la protesta pública y callejera.

En realidad, con esta nueva ley, se deja en un hilo a las personas que salgan a manifestarse y que efectúen intervenciones en lugares públicos y vías. El detalle de la tipificación de supuestos delitos llevó a que desde muchos sectores se hablara de una criminalización del movimiento social y de los ciudadanos que protesten.

La organización Unidad Social, que agrupa a 200 organizaciones sindicales y ciudadanas, emitió un comunicado ante este hecho y señaló que “entendemos la aprobación de este proyecto como una continuación de la declaración de guerra a los pueblos que hiciera Sebastián Piñera”. Se cuestionó que parlamentarios sigan votando a favor de proyectos que presenta un gobierno con menos del 10% de aprobación y “en este caso los que tienden a criminalizar la protesta y la organización social”.

Acusación constitucional

En la semana que termina se acentuó el impacto político de la acusación constitucional presentada para legisladores de distintos partidos (cumpliendo con la ley en cuanto a fiscalizar a autoridades) en contra del Presidente de la República, Sebastián Piñera, por responsabilidad en múltiples y sistemáticos casos de violaciones a los derechos humanos, cometidas por agentes del Estado (militares, carabineros, detectives).

Se relevó bastante la labor de un abogado privado junto a un grupo de colaboradores y asesores que preparó la defensa del mandatario, sobre la base de que el documento acusatorio en inconsistente, no respeta marcos institucionales y que acusa a Piñera por delitos cometidos por terceros.

En los últimos días la comisión de la Cámara de Diputados que está investigando esta acusación, ha recibido a autoridades civiles y policiales, a ciudadanos, a especialistas y profesionales, para recabar informaciones y esclarecer antecedentes. Lo que hace unas semanas parecía sólo la acción de unos parlamentarios, ahora está convertido en un suceso político que tiene impacto directo sobre el Presidente de la República y su gestión.

Independiente de si se aprueba o no la acusación constitucional en la Cámara de Diputados (podrían salvar a Piñera los votos de la derecha, la Democracia Cristiana, los partidos Socialista, Por la Democracia, Radical y varios del Frente Amplio), se estima en círculos políticos y análisis de prensa que esto (se vota el 12 de diciembre) tendrá una repercusión política negativa para el mandatario, quedando vinculado a responsabilidad en la violación a los derechos humanos.

Cualquier testigo en marchas, manifestaciones, actividades culturales, en acciones feministas, en cabildos, pudo constatar que hay una sentimiento y una demanda en amplios sectores de la población de que Piñera renuncie y se le responsabiliza de la represión ocurrida las últimas semanas y sus secuelas.

Fracaso del “acuerdo político”

A estas alturas, diversidad de actores políticos y sociales dieron por desahuciado el “acuerdo político” firmado por la derecha, la ex Concertación y algunos partidos del Frente Amplio, con el propósito de establecer una mesa técnica y dar pasos hacia la realización de un plebiscito para avanzar hacia una nueva Constitución.

Finalmente las posturas resultaron irreconciliables, lo que incluye varias polémicas y desacuerdos en el propio bloque opositor, lo que de paso trajo con mayor fuerza al tapete el que el proceso constituyente avance por líneas autónomas, no dependiente de partidos políticos y que sus contenidos se definan en una Asamblea Constituyente soberana.

Paradójicamente -porque se dijo que el “acuerdo político” era muy democrático- los principales problemas tienen que ver con representación y posturas conservadoras y de acotamiento de participación, como no posibilitar la paridad de género y la representación de pueblos originarios. Además, continuó sobre la mesa la discusión de imponer un quórum de 2/3 para la aprobación de contenidos de la nueva Constitución, lo que es considerado “un candado” para el avance de iniciativas transformadoras y progresistas en materia constitucional.

El tema es que el proceso constituyente aparece entrampado y enredado, mostrando el fracaso de quienes firmaron un texto y acordaron una mesa técnica que no produjo acuerdos, consensos ni está facilitando el avance. Esto complica inclusive al gobierno, aunque parezca contradictorio, porque Sebastián Piñera (y así se lo habría manifestado a presidentes y dirigentes de partidos de la derecha) desea que avance la idea del plebiscito y encarar el proceso constituyente, como una oxigenación dentro de su gestión y que le sería vital para los dos años que le quedan en La Moneda. Que eso no resulte o se vaya a un abismo, le generará problemas políticos de consideración al mandatario.

La situación podría producir un reordenamiento de colectividades políticas en torno del tema, ya que hay un grupo de partidos que presentaron un plan alternativo de proceso constituyente, garantizando paridad, representación y soberanía, y cuyos contenidos podrían tener votos de mayoría en el Parlamento.

El desastre en economía y empleo.

Las cifras fueron terribles. Nunca vistas en las últimas décadas.El crecimiento de la economía cayó un 3,4%, y el pronóstico de crecimiento del país que rondaba el 2%, ya se bajó al 1% o incluso podría ser más bajo. Además, se anunció que el desempleo podría llegar al 10%. Los despidos, según cifras oficiales, subieron un 84%. En Chile habría, terminado el año, más de un millón de cesantes.

El titular de Hacienda, Ignacio Briones, sostuvo que “la recesión no es descartable  y dependerá de qué es lo que pase en adelante. No quiero engañarlos, atravesamos un momento económico delicado, la actividad económica ha tenido un frenazo constatable”. En el discurso oficial se tendió a culpar de esta situación a la violencia, los saqueos y la delincuencia. También se habló de que la movilización social provocó despidos y baja en la economía. Pero economistas y analistas indican que hay factores como el mal manejo del equipo económico del gobierno, la falta de previsión, el funcionamiento propio de una economía neoliberal, la baja del precio del cobre, la “guerra comercial” Estados Unidos-China y la baja inversión del sector empresarial y privado.

Como sea, el gobierno enfrenta uno de sus principales problemas en la economía, con graves afectaciones al empleo, la inversión, el crecimiento y las asignaciones al presupuesto social. El bono de 50 mil pesos a familias en condiciones precarias, las alzas de un 50% en algunas pensiones y el destinar cinco mil 500 millones de dólares a planes sociales, se ven como paliativos muy acotados ante los problemas sociales y la demanda ciudadana.