Juan Domingo Acosta lo defiende de acusación constitucional, como lo defendió por multa en el caso LAN, e irregularidades en caso Bancard-Exalmar.

Gonzalo Magueda. Periodista. 04/12/2019. Sebastián Piñera, como Augusto Pinochet, tuvo que contratar un abogado para que lo defienda de graves acusaciones por su responsabilidad política en extendidas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos ocurridas en las últimas semanas en Chile.

Pinochet tuvo que enfrentar querellas por desapariciones y ejecuciones y siempre se le responsabilizó por los crímenes que cometieron durante la dictadura cívico-militar, miembros de las Fuerzas Armadas, Carabineros y de la Policía de Investigaciones. Piñera enfrenta querellas criminales y una acusación constitucional por más de dos mil heridos, más de 220 lesionados en los ojos y muertos durante octubre y parte de noviembre, a manos de agentes del Estado.

Hace unas semanas, muchos, incluido el propio mandatario, desechaban que la presentación de cargos contra el jefe del Ejecutivo tuviera alguna repercusión, y ahora es uno de los frentes delicados y peligrosos que tiene abierto Piñera. Está en el banquillo como un acusado, y en el Parlamento se votará (jueves 12 de diciembre) si es responsable o no de miles de casos de violaciones a los DDHH.

Independiente de que lo puedan salvar parlamentarios de derecha y algunos que se consideran de oposición, pasando inclusive por encima de los antecedentes, cifras, testimonios y hechos contenidos en más de cien páginas del texto acusatorio impulsado por legisladores de distintas colectividades -ante la iniciativa de la Bancada Parlamentaria del Partido Comunista (PC)- en círculos políticos y diplomáticos, así como en medios de prensa, se señala que el mandatario paga un costo político y descrédito por esta acusación.

Para defenderse -algo que el Presidente esperaba no tener que hacer-, contrató al abogado Juan Domingo Acosta, un profesional que ya tuvo que salir a la defensa de Piñera, vinculado a altos personeros de Renovación Nacional (RN), jurista que defendió al ex ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, por acusaciones constitucionales (primer gobierno piñerista) y que tiene a su haber un currículo de labores para el Parlamento y proyectos de la derecha, como ser parte de quienes elaboraron la Ley Antiterrorista.

Sebastián Piñera, desde la acusación de delitos financieros en torno del Banco de Talca (que lo habrían llevado a la cárcel), tiene una vida plagada de procesos judiciales en su contra, con historias ocultas y no siempre aclaradas. Precisamente, Juan Domingo Acosta, lo tuvo que representar ante la acción de la Superintendencia de Valores y Seguros, cuando el financista -hoy Presidente de la República- hizo compras de acciones de la empresa LAN-Chile de manera indebida e irregular (manejo de información privilegiada), por lo cual terminó pagando una millonaria multa; el abogado también defendió al jefe del Ejecutivo en el caso de corrupción de Bancard, la family office de Piñera, en negocios irregulares con la empresa pesquera peruana Exalmar.

Ahora lleva varios días preparando la defensa de su cliente, y para ello ha visitado La Moneda en varias oportunidades y algunas fuentes indican que también ha concurrido al domicilio particular del Presidente. Este miércoles llegó a la sede del Ejecutivo a eso de las 9 de la mañana y se presume que tuvo una reunión de trabajo con Piñera, funcionarios de gobierno y abogados para dejar listo el documento de defensa ante la acusación constitucional. Se ha informado que el mandatario no concurrirá a la Cámara de Diputados a defenderse y lo hará en persona Acosta.

En la línea de sacar de este lío a Piñera, el abogado y sus socios y asesores, tienen la pretensión de establecer que el documento acusatorio es débil, que no cumple exigencias de una acusación constitucional y que se quiere responsabilizar al Presidente de la República por actos de terceros. También invocaría que hay contradicciones como hablar del honor vulnerado, de la seguridad de la nación, que no conformarían incumplimiento constitucional del Ejecutivo.

Todo quedará a merced del análisis jurídico y del debate político que se producirá inevitablemente la próxima semana en el Parlamento, en que tendrá un papel determinante en estos días la comisión parlamentaria que analiza el caso y que ha citado a comparecer a diferentes actores para establecer actuaciones y responsabilidades del Presidente de la República.

Informes de prensa hablan de que el mandatario ha estado revisando personal y minuciosamente su situación y su defensa, dada la gravedad de la acusación y los efectos que pueden tener en su persona y en su gestión. Él, al igual que personeros de derecha, han querido bajar el perfil al menos en el ámbito comunicacional.

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