Todos los sectores políticos del país fueron impactados por el estallido social iniciado el 18 de octubre. Pero fue el gobierno, y particularmente Sebastián Piñera, el más golpeado.

Gonzalo Magueda. Periodista. 02/12/2019.  1 Gobierno y Presidente con la pauta rota

El síndrome del “pato cojo” se quedó corto. El gobierno, y particularmente el Presidente Sebastián Piñera, a dos años de terminar su periodo, tienen que enfrentar como nadie el quiebre de la agenda establecida.

El mandatario pasó de su reivindicación de un país “oasis”, a una nación “en guerra”. Eso incluyó una feroz derrota de la política exterior piñerista. Tuvo que cancelar las cumbres APEC y COP25, que eran sus mejores cartas ante el mundo (no tendrá en La Moneda a Vladimir Putin, ni a Xi Jinping, ni a Donald Trump), tuvo que cesar su rol de espadachín ante Venezuela, y quedó debilitado en el liderazgo que quiso montar a nivel continental.

Los proyectos programáticos más ambicionados por el gobierno y el presidente quedaron obsoletos o en entredicho, específicamente en ámbitos tributario, laboral, pensiones y seguridad pública. Todo deberá ser redefinido, en medio de una pauta legislativa marcada por una obligada “agenda social”, reformas o iniciativas derivadas de las demandas ciudadanas de estos meses y, por cierto, del proceso que debe llevar a la concreción de un plebiscito y la dictación de una nueva Constitución, algo que estaba desechado por la administración derechista. Nada relacionado con la pauta piñerista.

Más que estar pensando en la implementación de los ejes de su programa, este gobierno tendrá que dedicarse los próximos dos años a administrar los efectos de la crisis política, social y cultural que vivió el país en octubre y noviembre. Sobre todo porque varios análisis apuntan a que “esto no ha terminado”, hay flancos abiertos, persiste la organización y movilización social y sindical, y se prevé que la demanda ciudadana no va a cesar.

En lo político, Piñera y su equipo recibieron un golpe demoledor. El estallido social terminó con el “círculo de hierro” del mandatario y mandó para su casa a los estrategas y diseñadores más conspicuos del plan piñerista. La salida de los ministros de Interior, Hacienda, Economía, Secretaría General de Gobierno y Trabajo, significó una derrota dura para los ultra neoliberales y “los halcones” que, por cierto, habían sido el centro del enojo del pueblo por sus comentarios, planes y burlas. Ese era el Comité Político del gobierno, el equipo duro del mandatario.

Sumado a ese cambio forzado de gabinete, apareció el negativo dato del record de desaprobación de Sebastián Piñera, que osciló entre el 86 y 91 por ciento. Durante las semanas de octubre y las primeras de noviembre se vio a un mandatario debilitado, ausente, errático, retórico, al punto que hechos políticos como el acuerdo entre algunas colectividades de la derecha y de la oposición por el plebiscito se hizo a condición de que él estuviera muy lejos.

La acusación constitucional contra Piñera, independiente del curso que siga en el Parlamento, estableció que tuvo responsabilidades políticas, éticas y como gobernante ante la comprobada “sistemática y masiva violaciones a los derechos humanos”.

Se podría cerrar el círculo con la muerte definitiva del eslogan gubernamental de “los tiempos mejores”, ante un decrecimiento de la economía, continuidad de malas cifras en empleo e inversión, y la constatación de que la gente repudia el actual salario mínimo, las bajas pensiones, la deficiente atención a los adultos mayores y los malos presupuestos para temas sociales.

Es posible que el equipo gubernamental quiera concentrarse, además de administrar el complejo paquete que se viene, en reforzar a su sector para las elecciones municipales y de gobernadores, en apoyar las posiciones de la derecha en el proceso constituyente y en lo que será la elección presidencial y parlamentaria del 2021.

2 La derecha en un laberinto enrarecido

Desde la segunda quincena de octubre, la derecha entró en un laberinto enrarecido que incluyó contradicciones internas y tensiones provocadas porque, en definitiva, la protesta social y ciudadana apuntó al modelo económico y la institucionalidad defendida por este sector durante unas cinco décadas. Además, las colectividades conservadoras vieron cómo el programa de gobierno que estaban impulsando se fue desconfigurando y quedando totalmente fuera de contexto del país. Con poco disimulo, por cierto, los dirigentes del oficialismo evitaron asumir su costo en la crisis y cayeron en una suerte de intento infructuoso de sintonía con la gente, lo que también provocó roces y disputas entre segmentos conservadores, neoliberales y de la autodefinida “derecha social”. Como sea, este es el sector político que defiende las AFP, las Isapres, la privatización de la salud y la educación, la Constitución heredada de la dictadura.

Donde no se vieron vacilaciones de los partidos de la derecha fue en la defensa del gobierno, de antiguos y nuevos ministros, en el respaldo a Carabineros y las Fuerzas Armadas, y en mantener el énfasis en la criminalización del estallido social, el vandalismo y la delincuencia, el llamado “al orden” y la descalificación de organizaciones del movimiento social y sindical.

Se vieron pasos tácticos para esquivar la crisis, lo que contribuyó a ese ambiente enrarecido, contradictorio y de pugnas. El primero en dar una señal fue el presidente de Renovación Nacional (RN), Mario Desbordes, quien al inicio de la crisis dijo que había que escuchar a la ciudadanía y semanas más tarde llamó a que la población siguiera movilizada porque de lo contrario gente de su sector no haría los cambios planteados. La diputada Ximena Ossandón (RN) planteó subir en 50% las pensiones y el diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Jaime Bellolio, dijo que votará SÍ a la nueva Constitución.

En paralelo, desde la derecha económica y política hubo otra línea, como la establecida por los ministros del área económica negándose a abrir la cartera presupuestaria con el discurso de “la responsabilidad”, la presión de sectores duros de no bajar las medidas autoritarias ni ceder en el programa de gobierno, posturas como las de la presidenta de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Jacqueline van Rysselberghe, llamando a votar NO a la nueva Constitución y la eterna apelación a la estabilidad institucional, el patriotismo y minimizar la movilización “de la calle”. En este marco se sumó el silencio de los directivos de las AFP e Isapres -entre otros consorcios- respecto a responder a las demandas ciudadanas.

Probablemente la derrota más seria de la derecha, fue el logro más grande del estallido social. Ver, con grados de frustración y enojo, alojarse en el escenario el plebiscito y el tránsito hacia una nueva Constitución, algo que hasta dos meses atrás era impensable para el oficialismo y tema rechazado por la inmensa mayoría de la derecha. Por eso tienen en los próximos meses un arduo trabajo donde desplegarán fuerzas, habilidades y maniobras para, al final de cuentas, impedir que el proceso que se viene termine en una derrota más profunda, y en ese marco están colocando vallas y acotamientos respecto al proceso constituyente.

En lo que viene, es probable que este sector apunte a respaldar con fuerza la “agenda social” del gobierno, contener el nivel de posibles transformaciones, hacer el quite a muchas de las demandas ciudadanas, apelar al “orden” y el respaldo a Carabineros, continuar enfatizando el tema del vandalismo y verse pro activo “en las soluciones”, desligándose de los costos de ser la fuerza política que está por la continuidad del modelo económico y de una institucionalidad conservadora.

3 Los claroscuros en la oposición

El progresismo y la izquierda sintonizaron con la demanda popular y simpatizaron con la protesta, sin atribuirse la conducción, y vieron oxigenarse los objetivos de transformación profunda en el país; en definitiva, exigencias como mejora de las pensiones, elevación del salario mínimo y acceso a educación y salud, plebiscito y nueva Constitución son temas incluidos en propuestas programáticas de este sector.

Aunque la oposición también vivió su calvario interno, sobre todo con la decisión de la ex Concertación y algunas colectividades del Frente Amplio de negociar y acordar con la derecha un controvertido texto para el proceso constituyente.

Fue desde colectividades progresistas y de izquierda, fundamentalmente, de donde salieron de manera inmediata los respaldos al estallido social, la defensa de quienes participaban en la protesta popular y el impulso para la amplificación de la demanda social. Estos sectores reaccionaron exigiendo el respeto a los derechos humanos, rechazaron las medidas autoritarias y militaristas del gobierno, plantearon la necesidad de cambios en el modelo económico, volvieron a exigir plebiscito y nueva Constitución, presionaron para terminar con el “círculo de hierro” de Piñera y adoptaron una actitud de respeto y simpatía hacia las organizaciones sociales y de la sociedad civil, sobre todo de la Mesa de Unidad Social que representa a más de 150 colectivos sindicales, estudiantiles, feministas, medioambientalistas, profesionales, artistas e intelectuales, campesinos, entre otros. En medio de todo, por lo demás, se logró la aprobación de la iniciativa de reducir la jornada laboral semanal de 45 a 40 horas.

Los “matices”, sin embargo, no tardaron en aparecer, habida la consideración de que la oposición están integrada por núcleos liberales, socialcristianos, socialdemócratas, progresistas y de izquierda y que ello determina muchas de las posturas ante los niveles e intensidades del acontecer social en el país. Por ejemplo, ni a dos semanas del estallido social, hubo personeros de la oposición, o las llamadas “figuras”, que concurrieron al menos en dos oportunidades a charlar a La Moneda pretendiendo por ahí encontrar salidas a la crisis; a esta altura nadie se acuerda o se quiere acordar de esos encuentros que fueron avasallados por la continuidad de la revuelta social y ciudadana.

Mientras unos protestaban por las medidas autoritarias del gobierno, la fuerte represión y violación a los derechos humanos, otros relativizaban todo aquello e insistían en la tesis del diálogo con un gobierno entrampado, de optar “por el orden”, el respeto a la institucionalidad y “no radicalizar” el movimiento y sus consecuencias.

Aunque siempre desde la oposición se indicó que “nadie se puede atribuir una conducción”, los contenidos de las reivindicaciones, el carácter de la protesta en las 16 regiones del país, los vínculos previos con la sociedad civil y el movimiento social y sindical, y el hecho de que colectividades opositoras llevan años cuestionando el modelo económico neoliberal, la institucionalidad acotada y la Constitución de 1980, se constató que fue en el campo del progresismo y de la izquierda donde se instaló una oxigenación positiva, una conexión con el estallido social y un camino de fortaleza para el futuro. En eso fue fundamental la participación de militancia de colectividades progresistas y de izquierda en los cabildos y las manifestaciones.

Un tema asumido con mucha fuerza dentro del arco opositor es el de los derechos humanos, habida cuenta de la magnitud de este problema con 23 muertos (presuntamente cinco a manos de agentes del Estado) más de dos mil heridos, 212 lesionados en sus ojos, casi 7 mil detenidos en movilizaciones y la instauración de medidas excepcionales y autoritarias por parte del gobierno. Es un área en que sectores de la oposición van a poner el acento de manera decidida, y en ese camino está la acusación constitucional presentada por parlamentarios comunistas, socialistas, del Partido por la Democracia y de organizaciones del Frente Amplio.

Pero sin duda que todo lo que viene en torno del plebiscito, medidas económicas y sociales, reforzamiento de una agenda popular y transformadora, junto a la reaparición en el escenario de las próximas elecciones municipales y de gobernadores, serán factores presentes en la oposición.