Unasur: Ordenando los roces del vecindario

La radicalización de la política derechista del presidente de Colombia, Alvaro Uribe, tras reiterar sus acusaciones de vínculos entre las FARC y el presidente Rafael Correa, y la inminente instalación de nuevas bases militares norteamericanas en su territorio, lo han llevado a una virtual ruptura de relaciones con sus vecinos.

Los progresivos roces del vecindario serán tema central de la reunión de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) que se desarrollará el 10 de agosto en Quito, donde el mandatario ecuatoriano Rafael Correa recibirá la presidencia pro témpore de esa comunidad.

El acto coincidirá con la ceremonia en la que Correa asumirá su segundo mandato como presidente de Ecuador, el cual concluirá en 2013. Como se recordará, UNASUR se constituyó el 23 de mayo de 2008 en Brasilia, Brasil, y está integrada por Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Guayana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.

El único mandatario ausente en la reunión es el presidente colombiano Avaro Uribe, quien anunció que no llegará a Quito debido a la crisis diplomática entre los dos países, que se generó tras el ataque militar de Colombia a territorio ecuatoriano en marzo de 2008 y que se agravó con las nuevas acusaciones de vínculos de Rafael Correa con las FARC.

La cita se desarrollará en uno de los hoteles de la capital, donde Correa recibirá la presidencia pro témpore de la UNASUR de manos de la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, quien asumió esas funciones el año anterior en Brasilia.

El presidente de Ecuador suscribió en julio pasado un Decreto Ejecutivo para la ratificación del Tratado Constitutivo de la Unión Sudamericana de Naciones (UNASUR). Ecuador, país sede de la Secretaría de la UNASUR, junto a Bolivia, son los primeros países que ratifican el Tratado Constitutivo. Bolivia lo hizo el 11 de marzo de 2009, mientras que Chile, Paraguay, Uruguay y Venezuela están en proceso de ratificación.

De acuerdo con el ex ministro ecuatoriano de Relaciones Exteriores, Francisco Carrión, uno de los temas que se tratará en Quito es la situación de la seguridad regional, luego de la autorización de Colombia para la ubicación de bases militares tras la salida de los soldados estadounidenses de la base de Manta, en Ecuador.

Chile, Brasil y Argentina han expresado su inquietud por esta situación, lo que se ha traducido en una petición al gobierno de Barack Obama, para que aclare la situación, además de la convocatoria de Unasur al Consejo de Defensa Sudamericano.

Acusaciones falsas

Un manuscrito de las FARC que, según Alvaro Uribe, involucra a ex funcionarios de Ecuador con la guerrilla colombiana demuestra que el presidente Rafael Correa nunca conoció los contactos de sus colaboradores con el grupo rebelde, aseguró ayer el ministro de Defensa ecuatoriano Javier Ponce, ya que el "diario" del abatido jefe rebelde Raúl Reyes deja en claro que la "vinculación se limitaba a dos o tres personajes relacionados con el gobierno".

Las acusaciones de funcionarios colombianos sobre presuntos vínculos de Correa con la FARC tienen muy molesto a Quito, por lo que el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores, Fander Falconí, y con el propio mandatario.

Tras estos encuentros, el diplomático chileno sostuvo que si bien las relaciones entre Ecuador y Colombia están en un momento crítico, mantenía la confianza en que éstas pueden mejorar en base al diálogo entre ambos gobiernos.

El otro tema que mantiene a Quito y Bogotá enfrentados es el de la petición de captura internacional del ex ministro colombiano de Defensa Juan Manuel Santos, posible candidato presidencial, acusado de violar la soberanía ecuatoriana en marzo de 2008 al ordenar un bombardeo de un campamento de las FARC.

"En peligro la paz regional"

Por otra parte, en un lenguaje directo y duro, el gobierno de Venezuela planteó a los "pueblos y gobiernos de la región" que aún hay "tiempo de detener la locura guerrerista de la elite que gobierna Colombia" y evitar que su "política belicista" convierta a Sudamérica "en un área de violencia".

Esta posición fue expresada a través de un comunicado del ministerio de Relaciones Exteriores venezolano, que también advierte que Venezuela "responderá con medidas firmes a cada agresión del gobierno colombiano". Y se afirma que en el fondo de esta crisis está el deseo del gobierno de Bogotá de justificar la "entrega en comodato" de su territorio a Estados Unidos con la excusa de que Venezuela representa una amenaza, por lo que acusó a ese país de "poner en peligro la paz y la estabilidad en la región".

Las declaraciones evidencian el áspero momento por el que pasan las relaciones Caracas-Bogotá, debido a las denuncias colombianas de que el gobierno de Hugo Chávez habría entregado armamento a la guerrilla de las FARC.

Justamente sobre este tema, el gobierno sueco -involucrado indirectamente al ser el fabricante de los tres lanzacohetes que supuestamente terminaron en manos de los rebeldes colombianos- pidió explicaciones sobre el tema a Caracas. Suecia inició esta semana la investigación del origen de las armas de cuya existencia Bogotá dice haber informado a Venezuela el 2 de junio. La denuncia colombiana desató la reacción del presidente Chávez, quien llamó a su embajador en Bogotá y puso las relaciones bilaterales nuevamente en el congelador.

La situación se ha agravado con la verdadera campaña internacional, desatada en estos días, contra el gobierno de Venezuela por la cancelación de la concesión a 22 emisoras venezolanas y el acto de repudio de un grupo de partidario chavistas a la estación televisiva Globovisión, en Caracas.

Las acusaciones contra Chávez de atentar contra la libertad de prensa, vienen especialmente de Bogotá y Washington, especialmente de agrupaciones de los empresarios de los medios, como el caso de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP.

Paradojalmente, estas mismas entidades guardan silencio ante la censura y los asesinatos de periodistas que ocurren en Honduras, de parte del gobierno de facto, que depuso al presidente constitucional, Manuel Zelaya.