Resultados del Simce Cuando la educación es un negocio...

La opinión sobre el Simce, de Juan González, psicólogo e investigador del Observatorio Chileno de Políticas Educativas (Opech) de la Universidad de Chile, respecto a la prueba Simce, que mide la calidad de la educación en nuestro país, puede servir como punto de partida para analizar los resultados entregados por el ministro de educación Joaquín Lavín:

“Con el Simce siempre salen más perjudicados los pobres. Sospechosamente siempre les va bien a los ricos, cuando no existe ninguna evidencia científica que diga ellos son más inteligentes. Mientras más rico, más puntaje, mientras más pobre, menos puntaje. El Simce es una prueba hecha para los ricos. Ya ni los ingleses, que inventaron este tipo de pruebas, lo están aplicando. La estandarización de las mediciones que se ocupan en Chile persigue fines mercantiles y no tiene nada que ver con los objetivos humanistas e integrales de la enseñanza. De hecho, todas las investigaciones indican que, en un 80 %, los puntajes Simce se explican por el origen social del niño, no por el colegio”.

El problema fundamental es la pertinencia prueba Simce como instrumento de medición, además de la mala calidad y la desigualdad de la educación en Chile, tema que se ganó un lugar en el debate público con el movimiento de los “pingüinos” del año 2006, y que ya nadie podría cuestionar.

“El origen social del niño”.

Incluso la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) aseguró, en sus propios términos y con sus propios intereses, que uno de los grandes desafíos que debe enfrentar Chile es mejorar la calidad de su educación pública, que comprende en su mayoría a los niños que vienen de familias de bajos recursos. Señala que “mejorar la calidad del capital humano es importante para Chile para aumentar su productividad, aumentar el empleo y los ingresos y junto con ello disminuir las desigualdades de ingresos entre los ciudadanos”, y agrega “Chile tendrá que poner especial énfasis en los estudiantes de menos ingresos, antes que intentar subir el  promedio de todo el sistema”.

Al mirar los resultados del Simce 2009, se puede ver cómo se mantiene la tendencia de una educación escolar segmentada fuertemente en su rendimiento de acuerdo al nivel socioeconómico de los alumnos. En general, se repiten los resultados de los años anteriores, y las medidas para terminar con este problema no han ayudado en nada.

Alejandra Falabella, académica de la Universidad Alberto Hurtado, e integrante del Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación (CIDE), señala: “si no se toman medidas efectivas, si no ocurre algo distinto y eficaz entre una y otra medición no hay razón para esperar que los resultados mejoren. La Concertación ha dejado un compromiso pendiente, que le queda al nuevo gobierno, en cuanto a la tramitación de la Ley de Fortalecimiento de la Educación Pública. La finalidad es asegurar la responsabilidad prioritaria del Estado ante la educación municipal, lo cual cobra relevancia considerando su deterioro y el hecho que atiende a los niños y jóvenes más vulnerables del país”.

Después de publicar los resultados, Lavín dio a conocer varias propuestas, algunas que vienen en el programa del actual gobierno, como “modernizar” el estatuto docente, aumentar la subvención escolar, crear 50 escuelas de excelencia, entre otras. Pero ¿qué pasó con el fortalecimiento de la Educación Pública, promesa que acompañaba a la LGE, y que tanto demandan los estudiantes, profesores y movimientos sociales?

Falabella afirma: “Ha habido un giro político importante desde el movimiento de los pingüinos del 2006, y de ahí vienen reformas a este sistema, como la LGE y la Agencia de Calidad de la Educación, que reconocen que el mercado es insuficiente para regular la educación y asegurar la calidad, y ni hablar de la igualdad, aunque los resultados demuestren que privados y públicos fallan por igual. El nuevo modelo, que comenzó a aplicarse con la Concertación y que continúa y se multiplica con Piñera, implica que el Estado se aleja aún más del proceso educativo, entrega subsidios y exige resultados. Las medidas de Piñera y Lavín son sólo la etapa más reciente del discurso neoliberal, un discurso no solidario, que sigue la lógica de la competencia, y que pone a los padres y a los colegios como responsables, reduciendo aún más el rol del Estado”.

Las medidas del gobierno

El 21 de mayo pasado Piñera anunció 10 medidas para avanzar en el mejoramiento de la calidad de la educación. Entre ellas, doblar la subvención escolar en los próximos ocho años; instalar los primeros 15 liceos de excelencia, de los 50 que se pretende, en marzo de 2011; extender hasta las 20 horas la jornada en escuelas afectadas por la droga y la delincuencia; reformar la carrera docente, y entregar más información sobre el Simce a los padres.

El ministro Lavín, tras entregar los resultados del Simce, se refirió a esta última propuesta, señalando que los padres recibirán una carta con resultados detallados por colegio, catalogándolos con colores verde, amarillo y rojo según sus resultados en el Simce, bajo el supuesto de que los padres cambiarán a sus hijos a las mejores escuelas de su comuna y entonces las malas no sobrevivirán.

Esta medida ha generado diversas críticas, que apuntan a la validez de la prueba Simce como instrumento de medición, y al problema éticode de discriminar a los colegios y a sus estudiantes, incluso algunas señalando que este mapa serviría como una campaña publicitaria de los colegios particulares financiada con el dinero de todos los chilenos.

Por ejemplo Alejandra Falabella opina que los resultados del Simce “no deberían ser publicados”, ya que ese procedimiento sólo tiene correspondencia en otros países, como Argentina, Brasil, o Estados Unidos, “donde el Estado realiza evaluaciones muestrales, ya que es él el responsable de la educación, y tiene que evaluar y redefinir sus políticas educacionales. En cambio en Chile es censal –se aplica a todos los colegios- y al publicar los resultados se producen consecuencias nefastas. Por ejemplo cambia la cultura de la escuela, la inserta en la lógica de mercado, se estigmatiza a las escuelas más pobres, se inhibe la innovación, se busca cuantificar y no se pone atención al proceso de aprendizaje de los alumnos”.

La investigadora acusa: “El Simce pasa a ser sólo un engranaje más en el sistema de competencia”. Alejandra concluye que por eso la prueba debiera ser una herramienta del Estado más que de las escuelas, porque estas no necesitan una evaluación externa, sino ver que alumnos necesitan ayuda y cómo mejorar su rendimiento.

Andrea Ruffinelli, directora del mismo organismo donde se desempeña Alejandra, ha señalado recientemente que “el mapa de resultados del Simce que se incluye en la carta a los padres, profundiza heridas al homologarse con el mapa de la pobreza en Chile, sin considerar que la mayoría de los que lo recibirán no tienen posibilidad alguna de elegir, ofreciéndoles toda la gama de opciones a la que no pueden acceder, constituyéndose en una propaganda gratuita para los colegios particulares, financiada con dineros de todos los chilenos, en lugar de invertir esos esfuerzos en fortalecer nuestra educación pública”.

El Colegio de Profesores de Chile coincide con esa postura: “Manifestaamos nuestro tajante rechazo a la medición estandarizada, pues no ayuda a mejorar la calidad de la Educación Pública y provoca una mayor estigmatización de los sectores más vulnerables”. Jaime Gajardo, presidente nacional del Profesorado, señaló que pese a la tendencia recurrente del Mineduc por demostrar que la educación pública es mala, para pasar toda la administración de establecimientos a la entidad privada, “los colegios municipales siguen teniendo mejores resultados en los sectores vulnerables aún con los mismos defectos que tiene esta prueba”.

El magisterio criticó además el “mapa de Lavín”, pues se intenta estigmatizar los establecimientos públicos, a través de un sistema clasificador de riesgo, propio de la economía. “Con esto se busca aplicar un indicador fundamental para que opere la selección de mercado”, señaló Gajardo.

Las otras medidas que propone este nuevo gobierno tampoco han sido aceptadas por la comunidad educativa. El alza de subvención que apuntaría a premiar a las escuelas que mejoren su rendimiento con mayores aportes del Estado, acarrea indirectamente el cierre progresivo de escuelas con malos resultados, sin considerar la relevancia de los aspectos socioeconómicos que influyen en la formación de los estudiantes. Por otra parte, los liceos de excelencia tienen una mínima incidencia y a juicio de Alejandra Falabella, seguramente empobrecerán la educación pública, ya que “instala la competencia entre colegios del sistema público, para que uno crezca a costa del otro, y el Estado se hace cargo de una elite, sacándole los mejores alumnos a las escuelas, y también es probable que en el futuro le saquen los mejores profesores”.

La nueva Agencia de la Calidad es un reconocimiento que hacen los gobiernos de la Concertación y la derecha de que “la autorregulación del mercado educativo” no está operando, y que es necesario que el Estado se la juegue por el sistema público de enseñanza. La entidad tendrá la atribución de aumentar el uso de evaluaciones, estándares y rankings públicos amarrados a premios y bonos dirigidos a escuelas, profesores e incluso a estudiantes. Uno de los aspectos más problemáticos es la propuesta de bonos a docentes según los resultados de aprendizajes de sus estudiantes, pues ello reducirá los sueldos en las escuelas que atienden a niños con dificultades de aprendizajes, correspondientes a establecimientos municipales ubicados en zonas socialmente vulnerables.

Con todos estos antecedentes, sorprende la terquedad del gobierno, que insiste en potenciar un sistema que por todos lados hace agua. La Agencia de la Calidad y la Ley General de Educación, continúan con las políticas que desde los años 80 atentan contra la educación pública, como son la selección de estudiantes, el financiamiento compartido y la competencia desigual entre sostenedores educacionales privados y públicos.

Frente a este panorama, los estudiantes y los trabajadores se movilizan y reclaman, para impedir que continúe este tsunami de privatizaciones, que sólo sirven para llenar los bolsillos de los codiciosos empresarios de la educación. Al cierre de esta edición, al ministro Lavín se le había citado al Congreso para ser interpelado por diputados de la Concertación y se anunciaba el aumento y la profundización de las movilizaciones.