Reconstruir: un objetivo a precisar

A una semana de la asunción de Sebastián Piñera a la Presidencia de la República, el centro de la política nacional ha tendido a trasladarse al parlamento, con la formación de las comisiones de trabajo de ambas cámaras y la discusión y votación de los proyectos enviados por el Ejecutivo.

Más allá de los debates puntuales, la pauta nacional está y seguirá estando marcada por el terremoto del 27 de febrero, con todas sus secuelas y consecuencias. Se enfrentan a este respecto diferentes visiones y variados énfasis. Están los que oponen, para privilegiar una u otra perspectiva, las responsabilidades “sistémicas” y su incidencia en los daños sufridos, y aquellos que acentúan la necesidad de apuntalar un esfuerzo nacional por paliar y, lo más pronto posible, superar los devastadores efectos del siniestro, sin referencia alguna a las causas concomitantes. Ambas visiones y posturas no debieran ser vistas como antagónicas sino, más bien, imprescindibles y, aun más, metodológicamente complementarias.

Es que sin un diagnóstico objetivo de los daños y de sus causas, aquellas por cierto que escapan a la “responsabilidad” de la naturaleza, no se podría planificar una reconstrucción digna de su nombre. Hay que despejar los escombros, ello es necesario, pero también hay que identificarlos pues no se trata de reconstruir sobre esos escombros, sino precisamente luego de despejarlos. Tal vez habría que decir al respecto, a riesgo de incurrir en un lugar común y reproducir justas consignas, que “reconstruir no es perdonar”. Otra “arista” –como está de moda decir- de este problema, es junto con el “cómo” el “quién” estará a cargo tanto de la tarea de la remoción de escombros como de la posterior reconstrucción. Se suma a esto la calidad de la reconstrucción y, de manera inmediata, la calidad de la asistencia a los damnificados. Se vienen las lluvias: ¿carpas o mediaguas?, ¿soluciones definitivas o transitorias? Opinan los expertos, los administradores, funcionarios, alcaldes, concejales, parlamentarios particularmente de las zonas más violentamente afectadas.

Hay organismos especializados, como el Colegio de Arquitectos, que orientan con sus informes. Hay pronunciamientos de dirigentes como el presidente del Colegio de Profesores, objetando o reconociendo el mérito de algunas “soluciones” inmediatas. El debate está abierto, pero no faltan síntomas por lo menos preocupantes. Nos ocuparemos de dos de ellos.

El nuevo intendente metropolitano, Fernando Echeverría, fue consultado en conferencia de prensa sobre la incompatibilidad que pudiera haber entre su cargo de gobierno y su vinculación con una inmobiliaria de la que es socio y directivo, empresa señalada como responsable en los casos de edificios con daños severos registrados en Concepción y Santiago. Su respuesta, equivalente a una suerte de autoamnistía, fue que “desde el día 11 (de marzo) he renunciado a todos los cargos” y, por lo tanto, se declara “no representante autorizado” para pronunciarse acerca de lo ocurrido con esas construcciones.

En otro hecho que revela que los nombramientos de “excelencia” de los equipos del nuevo presidente de la República no carecen de bemoles, se conoció el nombramiento de nuevo coordinador de Concesiones de Obras Públicas, que recayó en Mauricio Gatica. Al informarlo, el ministro de Obras Públicas, Hernán de Solminihac, destacó la trayectoria de Gatica, quien se ha desempeñado como gerente general de Rutas del Pacífico (que opera la Ruta 68), y vicepresidente de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (COPSA). Lo único que no se podría reprochar al recién designado encargado de las relaciones del ministerio de Obras Públicas con los concesionarios es… falta de experiencia.

¿Se trata de señales sin apelación o se dará a las organizaciones de la sociedad civil, a los partidos políticos, a las autoridades elegidas por el pueblo, el derecho a abrir un amplio debate democrático para determinar los objetivos y los rumbos a tomar para alcanzarlos con la premura que las intemperies exigen?