Pueblo mapuche y el nuevo gobierno: DEL SARTEN A LAS BRASAS

La relación histórica entre el Estado chileno-Pueblos Originarios, se ha caracterizado por el permanente intento por reducir el espacio vital de las comunidades, de manera de no interrumpir el crecimiento económico de la nación. Durante los 20 años de gobiernos concertacionistas, esta relación debió pasar por el cedazo de la normativa internacional luego que la política represiva fuera cuestionada y los conflictos no consiguieran ser reducidos con la militarización. La promulgación del Convenio 169 de la OIT y la designación de un Coordinador de Asuntos Indígenas con línea directa con la Presidenta de la República, cuyo objetivo era evitar la propagación del conflicto, hoy entra en un interregno a la espera de las definiciones que adoptará el gobierno de Sebastián Piñera, cuyo discurso se mueve entre la “mano dura” contra movimientos sociales cuyas demandas y acciones equipara a la delincuencia, y el control de la situación por la vía del asistencialismo basado en una alianza entre el gobierno y los grandes empresarios para quienes la existencia de pueblos originarios son un estorbo para sus intereses

Más que incertidumbre frente al futuro gobierno, tienen las comunidades mapuches y quienes defienden sus derechos. Todo indica que el cambio de gobierno hará realidad aquel precepto de la yanqui Ley de Murphy, que plantea que todo lo que está mal, puede… estar peor.

Recursos hídricos, terrenos ricos en minerales o que se pueden destinar a la actividad agrícola o de especies forestales de rápido crecimiento y venta, han tenido desde la segunda mitad del siglo 19 en disputa al Estado con las comunidades indígenas. Salvo breves periodos de tregua donde se privilegió el diálogo a la represión, la lógica de la fuerza, la violencia y el intento por “integrarlos” a la cultura dominante ha sido una fórmula constante que busca arrastrarlos a su disolución. Así entendida esta relación, los pueblos originarios estorban al desarrollo y a la integridad de la nación.

La reivindicación territorial y cultural, sumada a la exigencia de un reconocimiento de su condición de pueblo, ha sido una constante de una confrontación que se expresó por cierto durante los gobiernos de la Concertación, los que aplicaron la tradicional fórmula de “la zanahoria y el garrote”, accionar que se entiende en el contexto de la “política de los consensos o de los acuerdos” con la derecha para no tocar los intereses de los representantes de la Corporación de la Madera (CORMA), hidroeléctricas y otras poderosas instancias gremiales y, a la vez, mostrar la cara democrática de un modelo neoliberal.

Este accionar que dividió a las comunidades entre los “buenos” que seguían el ritmo de los acontecimientos sin provocar conflictos y los “malos”, que con distintos niveles y formas golpeaban la mesa, no pasó inadvertido y la comunidad internacional, en particular Naciones Unidas, emitió informes que obligaron a un viraje en la institucionalidad al denunciar la aplicación de una política represiva del Estado contra pueblos originarios que incluso cobraron la vida de jóvenes. Así, en octubre de 2008 el Diario Oficial hacía público el Decreto de Promulgación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que en septiembre del año pasado entró en vigor, una adaptación de la institucionalidad chilena a normas internacionales que si bien por una parte puede considerarse un paso adelante considerando el enorme poder del empresariado y la derecha, queda a medio camino de una legislación internacional indígena que evoluciona con rapidez y que hoy aspira a formas de relación con los estados de mayor profundidad.

El marco regulatorio

El Convenio 169 establece que los pueblos indígenas tendrán el derecho a definir sus prioridades en torno al desarrollo; que deberá consultárseles respecto de medidas legislativas que los afecten y establecer medios para su participación en instituciones y organismos responsables de políticas y programas que les conciernen; y que la justicia nacional deberá considerar las costumbres o el derecho consuetudinario de los pueblos indígenas, estableciendo procedimientos para solucionar los conflictos entre ambos sistemas. El Convenio insta a los gobiernos a reconocer la importancia de las tierras indígenas, asumiendo que el concepto “tierra” incluye el de “territorios”. De igual modo, estipula que deberán protegerse los recursos naturales existentes en tierras indígenas y consultar a los pueblos antes de la prospección o explotación de los recursos del subsuelo; todos, derechos que no figuran en la actual ley indígena 19.253. El “pero”, porque siempre hay un “pero”, es la interpretación que se hace del artículo 35 del Convenio de la OIT, que dispone que “la aplicación de las disposiciones del presente Convenio no deberá menoscabar los derechos y las ventajas garantizados a los pueblos indígenas en virtud de otros convenios y recomendaciones, instrumentos internacionales, tratados o leyes, laudos, costumbres y acuerdos nacionales”, de manera que el Convenio no admite perfeccionamientos al cerrar la puerta a la posibilidad de aprobación de otros instrumentos internacionales.

Así como el Convenio 169 constituyó un avance respecto del Convenio 107, que presumía como objetivo la “integración” del mundo indígena a los estados nacionales, ahora la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada en septiembre de 2007 por la Asamblea General de las Naciones Unidas “y que garantiza, entre otros, el derecho de los pueblos indígenas a su libre determinación y al ejercicio del autogobierno”, muestra que nuestro país sigue a la cola de la profundización democrática. Este evidente retraso, desde el punto de vista pragmático, permite al Estado y al gobierno chileno presentarse en cualquier foro mundial sin ser apuntado con el dedo.

A ello se sumó la designación de un Coordinador de Asuntos Indígenas, cargo que asumió José Antonio Viera-Gallo, ministro Secretario General de la Presidencia, un gestó del gobierno que buscó mostrar la voluntad de lograr soluciones concretas y rápidas a un conflicto que por momentos se escapaba de las manos, y a la vez desactivar la propagación de los conflictos a aquellas comunidades cuyo desencanto y demandas se mantenían en estado de latencia. Demasiado tarde: las votaciones en la Región de la Araucanía mostraron que la credibilidad en los mecanismos de salida a la crisis ya no descansaban en las autoridades oficialistas.

Con todo, algunos efectos positivos ha tenido. El fallo de la Corte Suprema a favor de la Comunidad Indígena Aymara Chusmiza por los derechos de agua en el norte del país, situación que la enfrentó con una empresa de agua mineral, vino a reconocer la plena vigencia del Convenio 169 de la OIT en nuestro país.

El fallo reconoce los derechos ancestrales de la totalidad de las aguas de la vertiente Socavón, ordenando su inscripción por un total de 10 litros por segundo. Esto, independientemente de si las tierras están inscritas a nombre de la empresa, ya que el derecho es “de carácter consuetudinario y anterior a cualquier constitución originaria por acto de autoridad de derechos realizada a favor de terceros”. Todo un avance, si el mismo tribunal hubiese analizado la demanda a la luz de la Ley Indígena.

Posturas y Propuestas

Pero, volvamos al principio. Esta larga contextualización busca exponer las condiciones en que se desenvuelve la vida del mundo de los pueblos indígenas y cuál será el tinglado institucional que regirá la relación Estado chileno-Pueblos Originarios luego que el 11 de marzo cambie el signo del gobierno.

Decía al inicio que existía más que incertidumbre porque la histórica forma en que la derecha resuelve los conflictos daría para una película de terror, y para su desgracia los pueblos originarios habitan sitios apetecidos por grandes empresarios que al igual que el futuro mandatario buscan toda oportunidad para acrecentar sus arcas. Una lucha sin cuartel donde el mercado garantiza la victoria del más fuerte.

Las alternativas que se disputan la política hacia los pueblos indígenas en la derecha pasan desde la acentuación de las medidas coercitivas, asumiendo que las reivindicaciones de las comunidades se equiparan a hechos delictuales que ameritan aplicar las “leyes del infierno” a quienes subviertan el Estado de Derecho, y otra posición que reúne a quienes levantan la aplicación del llamado “Plan Araucanía”, cuyo contenido elaborado por sectores empresariales de la región busca retomar la iniciativa a través de una propuesta que establece una especie de tregua con su contraparte.

A este respecto, José Aylwin, director del Observatorio Ciudadano, entidad no gubernamental preocupada de los Derechos Humanos y Derechos Indígenas, plantea sus aprensiones ante lo disímil de las posturas: “Eso hace prever –señala Aylwin- que es muy posible que se siga impulsando una política de criminalización de la demanda social indígena, que se ejerce precisamente porque los pueblos indígenas conocen los derechos que les otorga el Convenio 169 y la legislación internacional”.

“Hay fuertes omisiones en la propuesta de Piñera”, explica. “Más bien se acoge el planteamiento del empresariado local y regional, en lo que se ha dado en llamar el Plan Araucanía, que se orienta a incorporar a las comunidades y territorios a planes de desarrollo definidos desde el Estado y el empresariado. Esto no respeta preceptos del Convenio 169 que garantiza el que las comunidades definan sus propias prioridades en materia de desarrollo y por lo tanto se puede prever que se mantendrá una situación de conflicto”.

Conflicto que de acuerdo a la segmentación en que están divididas las estructuras de participación y organización de los pueblos originarios, adopta distintas formas de confrontación con el Estado. Una segmentación que sin duda ha debilitado la capacidad de avanzar más rápidamente, pero que a la vez es parte del proceso de maduración y de la búsqueda de caminos para buscar una salida al intríngulis de este conflicto.

Sin embargo, José Aylwin manifiesta que los anhelos represivos que albergan varios de los asesores de Piñera -en particular aquellos que junto al futuro mandatario viajaron a Colombia tras el mortal ataque del Ejército de ese país a un campamento de las FARC en territorio ecuatoriano, y que hicieron lo imposible por transformar la guerra civil que afecta a esa nación en un tema regional- donde la reedición de una segunda Pacificación de la Araucanía es un tema que los seduce, deberán someterse a una comunidad internacional que observa la situación y a una legislación que, con todas sus restricciones, impide a este sector político-empresarial hacer y deshacer a su antojo.

“Hay que tomar en cuenta que existen una serie de fallos de los tribunales de justicia durante el último año, desde la entrada en vigencia del Convenio OIT, que han ido acogiendo reclamaciones de pueblos indígenas en lo que tiene que ver con sus derechos a las aguas en el norte, aguas ancestrales, no sólo aguas inscritas sino que aquellas aguas que los pueblos tradicionalmente han ocupado; y sobre los recursos naturales y el medioambiente, sobre todo el derecho a la consulta en materias de inversión que se imponen en sus tierras y territorios. Hace unos días –recuerda- la Corte de Apelaciones de Temuco emitió un fallo muy relevante que echó atrás una autorización ambiental para instalar una piscicultura en una zona cordillerana de la Araucanía, en Palguín, por cuanto ésta no ha sido autorizada de acuerdo a la consulta de la comunidad que consagra el 169”, destaca Aylwin.

Un incierto futuro

La política futura de Piñera genera inquietud. “Existen algunos anuncios sobre alineamientos con países cuyos gobiernos han sido nefastos para sus pueblos y para quienes piden justicia, como nosotros”, señala Domingo Marileo, presidente de la Asamblea Mapuche de Izquierda, al analizar la situación. Y agrega: “En relación a lo que será para el pueblo mapuche, en un gobierno de Piñera no vemos ninguna perspectiva de desarrollo. Hasta el momento se había dado no lo mejor, pero había espacios donde podíamos plantear nuestras demandas históricas de territorio y autonomía y en ese gobierno será más difícil avanzar. Vemos más un retroceso en el proceso democrático, en los avances de nuestras reivindicaciones, un estancamiento de la demanda histórica de un Estado Plurinacional”.

Demanda que también fue relativizada durante los gobiernos concertacionistas, que ante la existencia de un Estado conteniendo varias naciones, optó por un estado multicultural que puso en un mismo nivel a los pueblos indígenas con los colonos y descendientes a quienes ese mismo Estado otorgó las tierras quitadas a las comunidades y cuya demanda está en la base de los conflictos que se viven con particular fuerza en La Araucanía.

Obviamente, la culpa de la situación no la tienen los colonos que fueron traídos al país por gobiernos que definieron que el desarrollo agropecuario y forestal que requería el país no lo garantizaban las comunidades indígenas, cuyos monocultivos y sistema de reparto de lo producido atentaban contra la magnitud de la demanda de productos del campo y el sistema de intercambio capitalista y recurrieron a Europa, paradigma del desarrollo racional que podía doblegar los vaivenes de la naturaleza.

La Reforma Agraria y la posterior contrarreforma durante la dictadura, que acentuó la capitalización de la actividad en los campos, concentró la propiedad y la riqueza. De hecho, no fue casual el decreto de la Junta Militar que a fines de la década de los 70 obligó a la disolución de las comunidades, permitiendo la venta de tierras si alguien de la comunidad así lo disponía, una forma de reconstituir el latifundio basado en la sacrosanta ley.

La lucha contra la dictadura concentró los esfuerzos de todos los sectores afectados por su accionar, incluyendo por cierto a los sectores que representaban al pueblo mapuche, pero la llegada de la democracia disgregó las fuerzas y puso “paños fríos” a los conflictos con la esperanza de una solución y, así, el Convenio 169 fue ingresado al parlamento por el primer gobierno de la Concertación en cumplimiento de lo estipulado en el Acuerdo de Nueva Imperial de 1989, firmado entre el entonces candidato presidencial de la Concertación, Patricio Aylwin, y gran parte del movimiento mapuche de la época. Pero el mismo gobierno, aplicando la “política de los acuerdos”, postergó esas soluciones y, a medida que pasaba el tiempo y los cambios no llegaban, hizo que recrudecieran los choques entre las comunidades por una parte y los empresarios y la policía, por otra.

Para José Antonio Viera-Gallo, Coordinador de Asuntos Indígenas, la inquietud que existe en las comunidades mapuches obedece a la incertidumbre respecto del acento que tendrá la política indígena que impulsará el gobierno de Sebastián Piñera, un hecho que se encuentra dentro de lo previsible y natural al decir del Ministro Secretario General de la Presidencia, quien planteó en una entrevista televisiva la necesidad de establecer una institución que asuma desde el Estado de la política hacia los pueblos originarios, aconsejando al futuro presidente que defina a la brevedad quién será la persona que asumirá esta responsabilidad que debe estar “en línea directa con el presidente de la República”.

La política represiva y la violación a los derechos humanos y sociales de los pueblos originarios es un lastre que se extiende más allá de los sectores que hoy apoyan a Piñera. Existe plena conciencia a nivel nacional e internacional que en el choque de intereses en pugna entre las comunidades y los proyectos de las grandes empresas, el Estado tomó partido por éstos últimos, sin embargo también ha surgido una fuerte corriente de opinión que entiende que la solución del conflicto no pasa por aplastar al otro. “Nosotros estimamos que la democracia no resiste más represión contra los pueblos indígenas y, por lo tanto, esperamos que el gobierno de Sebastián Piñera no continúe esta lamentable práctica instalada durante los gobiernos de la Concertación y que, por otra parte, avance en el reconocimiento de derechos territoriales acordes a los estándares que estipula el derecho internacional y que en Chile están vigentes a través del Convenio 169”, explica Nancy Yánez, co-directora del Observatorio Ciudadano.

La “Pepa del Alma”

El agua pasada bajo los puentes, desde los 17 años de dictadura militar y de derecha y los 20 de gobiernos de la Concertación, ha madurado un diagnóstico del punto exacto donde se encuentra el nudo que originan éste y otros problemas que afectan a quienes viven honestamente de su trabajo y, por lo tanto, define los pasos a seguir independientemente de quién hubiese ganado en la segunda vuelta presidencial del 17 de enero. Esa “pepa del alma” o mínimo común denominador de la problemática nacional, radica en la Constitución Política del Estado, aprobada en dictadura, remozada durante el gobierno de Ricardo Lagos, pero que como la mona vestida de seda mantiene su naturaleza antidemocrática y sigue favoreciendo a los sectores que representa el empresario Sebastián Piñera.

Al respecto, José Aylwin fija posición en torno a los pasos que dará la entidad que dirige, el Observatorio Ciudadano: “Pensamos trabajar junto a otros sectores sociales en lo que creemos es lo medular para la vigencia de los DDHH en el país. Pensamos que la Constitución del 80 está agotada y se requiere una nueva institucionalidad porque es una barrera no sólo para la vigencia y ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas, sino también para la ciudadanía en general. Que se remueva esta gran barrera que impide la profundización de la democracia en Chile, se generen espacios colectivos para la discusión y elaboración de una nueva Carta Fundamental. Esta podría ser una salida para el país, donde una nueva Constitución impediría la proyección de la derecha en el futuro.

Los alcances que un objetivo de este tipo encuentran un terreno abonado luego que la propia Concertación tomara conciencia de los factores que influyeron en su derrota y que se transformaron en 12 compromisos con sectores de la izquierda, donde el primer punto fue precisamente la Constitución Política y el tema indígena se incorporara también en este documento, estableciéndose así una guía de navegación conjunta para la oposición social y política al nuevo gobierno de derecha.

Domingo Marileo adelanta también lo que será el accionar del pueblo mapuche frente al nuevo escenario político: “Nuestra lucha seguirá ascendiendo a estadios superiores de reivindicaciones y no cesaremos de exigir autonomía y territorio. Seguiremos luchando por una nueva Constitución que consagre el respeto a la existencia de los pueblos originarios. En este sentido, seremos oposición al gobierno de Piñera y todos los esfuerzos que quiera hacer por tratar de retroceder lo avanzado será resistido, desarrollando e impulsando nuestras demandas históricas”.

“Estamos conscientes de lo que significa un gobierno de derecha”, recalca. “Cómo ellos van a favorecer a las transnacionales que ocupan nuestros territorios. Ellos le hicieron la campaña. Los latifundistas, las forestales, se unieron a la derecha política y seguramente habrá una resistencia muy grande de las forestales para respetar acuerdos alcanzados, como es el caso de Forestal Mininco. Ya han mostrado su prepotencia con las comunidades, lo que significará que seremos una oposición muy fuerte por mantener los espacios democráticos”.

Un camino de unidad y movilización que permite, junto al rol que jugarán en el parlamento los diputados electos de la izquierda y aquellos que más decididamente se inscriben en una postura antineoliberal y democrática, augurar que la reedición del “gobierno de los gerentes” no las tendrá todas consigo y que, tanto los pueblos originarios como otros sectores, adoptarán un andar común a pesar del control de la derecha y los grandes empresarios de las principales áreas de la vida del país, y de aquellos sectores neoliberales que siguen en la Concertación y que ven con buenos ojos el “colaboracionismo” con la nueva administración y su propuesta de tregua a través de la “política de los consensos 2.0”.