Pasaporte a la agresión imperialista

Dejando en evidencia su vergonzoso papel proclive a la política exterior de los sectores más reaccionarios de la Casa Blanca, el presidente de Colombia perfeccionó y aprobó un tratado militar con Estados Unidos que autoriza la instalación de siete poderosas bases militares en territorio colombiano.

Para llegar a este acuerdo, Uribe pasó por encima de la propia Constitución de su país, que establece que el desplazamiento de tropas extranjeras por su territorio debe ser expresa y previamente autorizado por el Senado de la República, situación que adquiere mayor gravedad por tratarse de bases militares de un país extranjero.

Desconociendo la dignidad y los intereses de su pueblo, el mandatario, que la semana pasada completó una gira relámpago por cinco países latinoamericanos, incluido Chile, para tratar de explicar su postura, ha colocado una verdadera bomba de tiempo para la paz de la región, lo que le ha valido el repudio de los socios de Unasur, que se reúnen en estos días en Quito. Con este “acuerdo”, el presidente colombiano lleva al límite la guerra de exterminio contra las Fuerzas Armadas de Liberación de Colombia, FARC, que significó, incluso, la violenta incursión del ejército colombiano en territorio ecuatoriano tras los pasos de los líderes guerrilleros, y las continuas acusaciones contra el gobierno venezolano por presunta intromisión en los asuntos internos de Colombia.

Poder militar de Colombia

Es necesario recordar que las Fuerzas Armadas colombianas son las mayores de Suramérica, superiores incluso a las de Brasil, que tiene un territorio siete veces mayor y una población cinco veces superior.

Ellas consumen el 6 por ciento del Producto Interno Bruto, PIB, mientras el gasto del Ejército de los Estados Unidos sólo asciende al 4 por ciento de su PIB. Gracias a este nuevo tratado militar con EEUU, las Fuerzas Armadas colombianas se refuerzan con seis nuevas bases militares.

Especialmente sospechoso es el emplazamiento de estas bases, que apuntan estratégicamente hacia la República Bolivariana de Venezuela: Palanquero y Tolemaida en el interior, Malambo en la Costa Atlántica; Apiay y Larandia en los Llanos Orientales y Saravena, en la línea fronteriza sobre el río Arauca. Además está prevista la entrega de una séptima base, en la Bahía Málaga en la costa pacífica, para los marines norteamericanos.

Según este tratado, los soldados invasores gozaran de inmunidad, ya que la justicia colombiana queda impedida de investigar y juzgar los delitos que cometan éstos en el territorio nacional; tampoco la Corte Penal Internacional podrá juzgarlos si cometen crímenes de guerra.

El gobierno de Uribe justifica este tratado violatorio de la soberanía y dignidad nacionales, recurriendo a mentiras y ocultando la verdad del propósito estratégico de la fuerza invasora.

Argumenta que su presencia obedece a un acuerdo de cooperación para combatir al narcotráfico y el terrorismo, y que no representa ninguna amenaza para los países vecinos, lo cual está en abierta contradicción con las reiteradas declaraciones del presidente, en las que suele exaltar los éxitos de su política de Seguridad Democrática -o doctrina de Seguridad Nacional, que es lo mismo-, en las que niega la existencia del conflicto interno y afirma que el paramilitarismo desapareció y que la guerrilla está en extinción.

Entonces, si es cierto lo que dice el mandatario, ¿qué necesidad hay de reforzar los 400 mil soldados que tiene el Estado colombiano, con estas nuevas bases que se suman a las que venían de tiempo atrás?

Es evidente que el gobierno colombiano de ultraderecha prepara un plan de guerra andino, con la entrega del territorio como cabeza de playa para el avance de los invasores, objetivo que camufla tras un supuesto acuerdo para pacificar el país, acabando con el conflicto social y armado interno.

La instalación de nuevas bases militares son parte del actual despliegue imperialista contra Venezuela para destruir el proceso revolucionario que lidera el presidente Chávez; es el Plan B, ante el fracaso del golpe que patrocinó en abril del 2002.

El conflicto del gobierno colombiano con el Ecuador, es otra razón para la instalación de las bases norteamericanas, como parte de un plan contra los países vecinos que se han distanciado de las imposiciones de la potencia del norte.

El imperialismo norteamericano se siente herido y disminuida su influencia, con el liderazgo de Chávez y el proyecto ALBA en los pueblos y gobiernos del continente, por lo cual el presidente Uribe tiene la tarea de convertir a Colombia en el Israel suramericano, al servicio de los intereses estratégicos de los EEUU.

Aplicación del plan

La página digital ALAI AMLATINA indica que la principal instalación a utilizar por los efectivos extranjeros será la de Palanquero, apenas a cien kilómetros de la capital colombiana, a orillas del río Magdalena. Creado en 1988, ese enclave ha sido punto de partida de agresiones aéreas contra poblados circundantes en medio de “operaciones contrainsurgentes”. Palanquero cuenta con una pista aérea de 3.500 metros de longitud, con dos hangares, y aloja la división más importante de la fuerza aérea colombiana.

Las tropas norteamericanas también operarán desde la base de Apiay, en los llanos orientales, así como en Barranquilla y en la base Alberto Puowels, en la costa caribeña.

El acuerdo bilateral, inicialmente válido por una década, contempla además el incremento de visitas de naves de guerra de Estados Unidos a los puertos de Málaga, en el Pacífico, y Cartagena, en el Caribe, a la vez que elevaría el número de efectivos extranjeros en territorio colombiano hasta 1.400 soldados y contratistas militares.

Según ALAI AMLATINA, la embajada norteamericana en Bogotá no suministra informaciones sobre el asunto, y el jefe de esa dependencia, William Brownfield, se limitó a señalar que no habrá inversiones de su país en la construcción de nuevas bases.

Al contrario, precisó, las tropas extranjeras sólo harán uso y modernizarán las instalaciones ya existentes en Colombia. Brownfield era embajador en Venezuela en 2002 cuando la conspiración para derrocar al presidente Hugo Chávez.

Ya en julio de 2007, representantes de organizaciones populares colombianas informaron que las fuerzas militares estadounidenses contaban con tres instalaciones en el país. Se trataba de Tres Esquinas, en el departamento de Caquetá; la de Florencia, igualmente en Caquetá; y la tercera ubicada en la Hacienda Larandia, en el departamento de Meta, en la ciudad de Villavicencio. En esta última radicaban las unidades de aviación que combatían a las FARC, y la denominada “inteligencia técnica” del Pentágono en Colombia.

Tres Esquinas era hasta entonces la base militar norteamericana más grande en territorio colombiano, erigida entre los límites con Ecuador y Perú, cerca de la amazonía y del Río Putumayo, una cuenca hídrica de alta importancia.

Mientras, la base Hacienda Larandia, que posee unas 40 mil hectáreas, es de las más tecnificadas y se ubica sobre la llanura colombo-venezolana, lo que le permite controlar todo el sistema montañoso de la cordillera oriental y los llanos adyacentes.