Mientras el árbitro no ve una: Las Transnacionales Siguen Haciendo Trampa

Las cifras de la tributación de la minería privada, corresponden a lo que declara al Servicio de Impuestos Internos. Este sabe, como lo saben esos “expertos” que casi diariamente pujan hacia la privatización de lo que queda de Codelco, que esas cifras son falsas, y que tanto el SII como la Comisión Nacional del Cobre, Cochilco, carecen de medios y de de voluntad política para un control efectivo. Nos proponemos demostrarlo.

En el año 2005, los economistas Manuel Riesco, Gustavo Lagos y Marcos Lima se enfrentaron en un agrio debate, en el marco de un proyecto del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo Social de Naciones Unidas, UNRISD, denominado Perspectivas Sobre Tributación Corporativa y Responsabilidad Social Empresarial en la Minería Chilena.

Sobre la base de la comparación de los resultados financieros de Codelco y Minera Escondida, Riesco apuntó a demostrar que Minera Escondida había vendido sistemáticamente su cobre por debajo del precio de la Bolsa de Metales de Londres, pagado sobreprecios por refinación, y subestimado el valor de los subproductos, en todos los casos ostensiblemente en beneficio de empresas relacionadas que compran y procesan sus concentrados, en una cantidad que calculó entre 789 y mil 300 millones de dólares, entre 1998 y 2002: “El promedio de 869.242 toneladas anuales producidas por Escondida, entre 1998 y 2002, arroja un menor ingreso que se mueve en el rango de 157,9 a 262,8 millones de dólares por año en el mismo período. Estas cifras equivalen a un rango de 46% a 76% de los resultados antes de impuestos promedio declarados por Escondida, que fueron de 344 millones de dólares por año en promedio, en el mismo período. El impacto de este factor sobre los impuestos declarados es similar. Es decir, sin variar las tasas impositivas, Escondida podría haber pagado al Estado chileno entre un 46% y un 76% más de impuestos, aproximadamente, si hubiese manejado sus políticas de ventas de cobre y subproductos como lo hizo Codelco, en el período 1998-2002”.

Estas imputaciones se basaban en tres factores: a) una comparación de las ganancias resultantes de los ingresos por concepto de los subproductos de cada una de las compañías, con los créditos de Codelco ubicados en $144,5 por tonelada por encima de los de Escondida; b) una comparación entre el precio promedio del concentrado vendido -deducidos los costos de tratamiento, refinación y transporte y los créditos por los subproductos- y el precio promedio de mercado de los cátodos de cobre en la Bolsa de Metales de Londres, que arrojó una diferencia no explicada de 52,4 dólares por tonelada, y c) una comparación entre los precios de mercado para los cargos por concepto de tratamiento y refinación y los precios obtenidos por Escondida, tanto para los contratos como para el mercado de entrega inmediata, de entre 14,5 y 136,2 dólares por tonelada, respectivamente.

Lagos y Lima, recalcitrantes exponentes del bando de los privatizadores concluyeron que los cálculos de Riesco eran “simplistas y contienen errores metodológicos obvios, por lo que sus conclusiones son erróneas”.

Por tal razón, Riesco insistió en el tema, y en el Taller Política Social en Países Ricos en Minerales, también de la UNRISD, presentó el estudio Acerca de Rentas Mineras y Desarrollo Social en Chile, en el que suministró nuevos antecedentes sobre la tributación en la minería chilena, entre 2005 y 2008.

Ya en la introducción, arremete con una argumentación irrefutable:

* “Como resultado de una política de impuestos mal concebida, la mayor parte de la renta de los millones de toneladas de cobre extraídos terminó en manos privadas.

* La mayor parte de la renta minera terminó en manos de los principales competidores extranjeros de la única empresa chilena de nivel mundial, debilitando su posición considerablemente.

* Adicionalmente, las condiciones híper favorables ofrecidas a la inversión en minería, generaron una seria distorsión en la asignación de recursos –un tercio del total de la inversión extranjera concurrió a un sector que representa menos del 1% de la ocupación total-, lo cual significó una seria dilapidación de renta a lo largo de varios años, con serio daño a la economía en general y a los ingresos fiscales en particular”.

Por su extensión, en esta oportunidad sólo podremos hacernos cargo de dos o tres aspectos. Del Cuadro Nº1, adjunto, (documento UNRISD_minería_privada_riesco pag.12) que desagrega los datos de 2005 y 2006 entre Codelco, el total de la Minería Privada, Escondida y el resto de la Gran Minería, llama la atención la magnitud de las utilidades antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, denominado usualmente EBITDA por sus siglas en ingles, que exhiben las privadas. Dichas utilidades sumaron más de 9 mil millones de dólares el 2005, y casi 20 mil millones el 2006, de las que Escondida se embolsó aproximadamente la tercera parte.

Ello significa, concluye Riesco, “que en solo dos años, las mineras privadas recibieron utilidades que superan el total de las inversiones extranjeras directas (IED) en la minería chilena de 1974 al 2006”.

Un segundo aspecto que aborda Riesco en el estudio, dice relación con la duda de hasta qué punto estos resultados financieros representan las reales ganancias percibidas por la minería privada: “la historia reciente de trampas reiteradas por parte de la mayoría de estas mismas compañías, en que para retirar impuestos que no habían pagado, todas ellas torcieron las leyes chilenas, declarándose “pequeñas o medianas empresas”, mientras que al mismo tiempo producían cientos de miles de toneladas de cobre cada año, en la forma de concentrados, hace que este ejercicio sea inevitable. Adicionalmente, la investigación previa de UNRISD comprobó que incluso Escondida estaba pagando en exceso por servicios de refinación y vendió sistemáticamente por debajo del precio de la Bolsa de Metales de Londres, al mismo tiempo que levantaba serias dudas respecto de la cantidad de subproductos reconocidas en sus concentrados”.

Como cabía esperar, en 2006 Codelco aparece con ganancias antes de impuestos muy superiores a las de la minería privada, 6 mil 480 dólares por tonelada producida, contra 5 mil 153, es decir, una diferencia de mil 327 dólares por tonelada. Pero la diferencia es aún más inexplicable para los subproductos. En 2006, Codelco declaró 1.969 dólares por tonelada de cobre producida, mientras Escondida reconoció sólo 122 dólares. En 2005 la diferencia fue aún mayor: 1.809 dólares/tonelada, contra sólo 89 dólares/tonelada para Escondida, al punto que Riesco no puede sino exclamar: “la diferencia es de 16 veces y 20 veces, para 2006 y 2005, respectivamente. Claramente, ¡demasiado para ser verdad!”.

El tercer punto del trabajo que alcanzamos a abordar dice relación con el pago de impuestos, donde se puede constatar que en 2005, Codelco produjo el 32% del cobre y pagó el 72% de los impuestos, mientras en 2007 estas proporciones decrecieron al 28% de la producción y el 44% de los impuestos.

Riesco argumenta que no hay ninguna razón para que la tributación de la minería privada sea distinta a la que paga Codelco. Con ese criterio, concluye, “si las mineras privadas pagaran la misma proporción de impuestos que CODELCO, relativa a sus respectivas producciones, en 2007 las primeras deberían haber pagado US$13,7 mil millones, además de los US$6,2 mil millones que efectivamente pagaron ese año, y un monto similar en 2006”.

Es decir, la minería privada vacuna al Estado chileno por distintas vías, ante la impavidez e inacción de los organismos reguladores, supervisores y contralores.

Sin embargo, los exegetas de la privatización vuelven una y otra vez, como un mantra, sobre el sambenito de la eficiencia de la minería privada.