Gobierno Corporativo de Codelco, Un amarre peligroso

El proyecto de ley de gobierno corporativo de Codelco es una propuesta que responde a los requisitos de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), hegemonizada por las antiguas potencias industriales, cuyas normativas son funcionales a su política.

Se trata de una iniciativa que no atiende al problema central de la empresa estatal: establecer una política nacional para su desarrollo, que conllevaría también una concepción para la principal riqueza natural del país, el cobre y sus subproductos, entre los cuales se encuentran varios de gran importancia, como el molibdeno.

El proyecto reduce la presencia en el directorio de los trabajadores de dos a uno; establece una fiscalización directa de parte de la Contraloría General de la República en sustitución de Cochilco, organismo estatal cuya presencia se busca reducir; aumenta las atribuciones del ministerio de Hacienda, convertido en un superpoder, lo que es funcional a los gobiernos de la Concertación para mantener políticas en línea con las desacreditadas estructuras económica internacionales; y designa directores “independientes”, nominados a nivel presidencial en base a ternas que propondrá el Consejo de Alta Dirección Pública, cuya composición se resolvió por la fórmula de “consensos”, lo que garantiza la designación de personeros en su directorio de la minoría “binominal”.

Hay que tratar temas de fondo

El proyecto en discusión, señaló el ex presidente de Codelco Juan Villarzú, “es marketero y no resuelve los reales problemas al interior de Codelco. “Cambiar la empresa –manifestó por su parte el presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre, Raimundo Espinoza –no pasa por una modificación en el directorio, tienen que tratarse temas de fondo.

Codelco requiere de otra discusión orientada a su desarrollo, enclavada en una política nacional. Durante los gobiernos de la Concertación la mayor empresa estatal ha perdido relevancia, disminuyendo su participación en la producción nacional de cobre que en el presente año alcanzará a sólo un 28% del total, siendo el resto generado por empresas privadas, la mayoría de ellas controladas por capitales extranjeros.

El único grupo chileno privado presente en la gran minería cuprífera es el de los Luksic, cuya estrategia es transformar cada vez más a Antofagasta Minerals (AMSA) en una empresa transnacional, con su casa matriz en Londres.

Un camino opuesto al desarrollo nacional de Codelco es el propuesto por la candidatura de Sebastián Piñera de privatizar un 20% de su capital, utilizando recursos de los imponentes del sistema de pensiones para entregárselos al reducido grupo de administradores.

El argumento de Piñera es que la empresa dispondría de más recursos. Desde su privatización, el 11 de julio de 1971, Codelco ha entregado US$72.000 millones en moneda actual al Estado. De allí que argumentar su privatización parcial en la escasez de recursos no tiene ninguna coherencia. El problema es que no existe una política diseñada para potenciar a la empresa estatal y se mantiene el absurdo de que Hacienda debe autorizar su plan de inversiones, después de entregar todos sus excedentes al Estado. Como toda empresa que busque crecer, un porcentaje de los excedentes debe destinarse a inversiones.

Esta incongruencia llevó a un conjunto de senadores a presentar una indicación al proyecto de gobierno corporativo para que un 20% de las utilidades permanezcan en la empresa. La capitalización debe ser la regla y no la excepción, al revés de lo acontecido durante los gobiernos de la Concertación.

Por eso, no tiene explicación que la capitalización de Codelco anunciada a comienzos de año, por US$ 1.000 millones, se haya incluido en la iniciativa de gobierno corporativo, postergando así su aprobación. La empresa lleva adelante un conjunto de proyectos en sus yacimientos de Andina, Radomiro Tomic y El Teniente, que suman una inversión total de US$1.428 millones, necesarios para contrarrestar la baja en las leyes de los minerales y los procesos propios de su largo lapso de explotación.

Recursos para las Fuerzas Armadas

De otra parte, con cargo a un gravamen a la empresa estatal se financia la adquisición de armamentos para las FF.AA. Durante el primer trimestre, Codelco obtuvo excedentes por US$97 millones los cuales deben entregarse en su totalidad a las FF.AA., ya que por la Ley Reservada del Cobre se destina a este propósito el equivalente al 10% de sus ventas de metal rojo, que en ese lapso alcanzaron a US$2.058 millones.

El Mercurio sostuvo que “la única manera de lograr el desarrollo de una empresa como Codelco es abrirla al capital privado, para que el gobierno tenga más certeza de la conveniencia de un proyecto específico, mediante la recepción que tenga en sus socios privados y en el mercado accionario”.

Para los “socios privados”, su criterio de conveniencia es la rentabilidad, unido a apropiarse de recursos que le pertenecen al país. Usar como parámetro de medición la reacción de los mercados accionarios es negarse a aprender de las enseñanzas dejadas por la crisis, que tiene como una de sus expresiones la volatilidad de los títulos bursátiles y la dirección en que se muevan capitales especulativos.

El diario de los Edwards ahora habla de terminar con la ley reservada del cobre, porque señala textualmente: “si se quiere modernizar la gestión de Codelco, e incluso abrirla a la bolsa, este gravamen es imposible de sostener. Obviamente, recalca, una reforma semejante sólo es posible si los partidos y los colegisladores actúan con un criterio nacional estratégico.

Un paso de este tipo no tiene nada de “estratégico” ni “nacional”, sólo basta tener presente el saqueo del país al estar la mayor parte de la explotación del cobre de la gran minería en manos de capitales privados.

El director de Estudios Jurídicos del udista Instituto Libertad y Desarrollo, Alex Buchheister, señaló que el gravamen en beneficio de la adquisición de armamentos “distorsiona la gestión que afecta su valor patrimonial, precisamente al tomarse una hipotética decisión de enajenarla”. Buchheiste pretende eliminar la responsabilidad de la dictadura y de quienes la apoyaron en esta aberrante legislación.

La renacionalización del cobre

La discusión debe retomar las banderas de la nacionalización de la gran minería cuprífera, como se acordó durante el gobierno de Salvador Allende o, al menos, garantizar que sus tasas de rentabilidad tengan un tope, definido por parámetros objetivos, de modo de impedir el saqueo que se hizo de los excedentes generados en el período de las “vacas gordas”.

Una política nacional debe incluir renacionalizar yacimientos de la gran minería actualmente en poder de capitales privados. Durante la administración de Lagos se renunció a que Codelco ampliase su presencia vía adquisiciones. El año 2000 se descartó la posibilidad de comprar un 50% de Río Algom, que a esa fecha poseía en Chile el yacimiento Cerro Colorado y los recursos aún no explotados de Spence, además de Anta Mina en Perú, Alambre en Argentina y Highland Valley en Canadá. Spence y Cerro Colorado son hoy explotados por la angloaustraliana BHP Billiton, accionista mayoritaria también de La Escondida, la explotación de cobre más grande del mundo.

En 2002, cuando se pudo adquirir Disputada de Las Condes, que incluía los yacimientos de Los Bronces y El Soldado, se desperdició la oportunidad, a pesar que se trataba de recursos del país que la ley de nacionalización del cobre, promulgada durante el gobierno de Salvador Allende, reservó para el Estado chileno, y formar este yacimiento un todo con Andina, manteniéndose así una división artificial del mineral.

Durante la administración de Michelle Bachelet, la protesta de los trabajadores de Codelco y de sectores defensores de las riquezas nacionales impidió el traspaso de parte importante de la propiedad de su nuevo yacimiento Gabriela Mistral a la empresa estatal china Minmetals.

Aspecto tributario

Un estudio elaborado por PriceWaterhouseCoopers, efectuado tomando como base los ingresos y las contribuciones fiscales del año 2007, concluyó que en Chile sus impuestos alcanzaron –en las empresas mineras analizadas- a US$4.500 millones con ingresos brutos de US$23.000 millones, apenas un 19,6%, prácticamente un porcentaje similar a lo que cancela la mayoría de los consumidores sobre sus ingresos por concepto de IVA.

“El 90% de los impuestos y contribuciones recaudados por la empresa minera local –anota PriceWaterhouseCoopers en su Estudio Global de Minería- corresponde sólo al impuesto adicional aplicable sobre la remesa de utilidades al inversionista extranjero”.

Como ya se señaló, la ley de gobierno corporativo se dicta siguiendo los lineamientos de la OCDE uno de cuyos requisitos es precisamente, según manifestó la ex ministra de Minería Karen Poniachick, encargada de seguir el proceso de incorporación, “la formación de los gobiernos corporativos en las empresas públicas, en general, y de Codelco en particular”.

Poniachick sostuvo que “es importante modernizar a la empresa a través de un gobierno corporativo del nivel de las sociedades anónimas de países desarrollados”. Para Andrés Velasco, una de las grandes ganancias de la incorporación residiría en que “hay millones de fondos de inversión que por ley sólo se pueden invertir en países que tienen sello OCDE”.

Las inversiones extranjeras, como lo demuestra la experiencia, no en todos los casos son convenientes para el país, menos aun cuando se apropian de recursos naturales sin pagar prácticamente renta, como ocurre en el sector cuprífero. En esta concepción, constituye una necesidad canalizar recursos desde el exterior que, desde luego, no entran al país gratis.

Finalizado el período de la abundancia generado por el alto precio del cobre, y cuando los fondos colocados en el exterior de los superávit fiscales comienzan a reducirse, se requiere en esta visión la colaboración de “inversionistas” de los países miembros de la OCDE.

De otra parte, el “sello OCDE” implica someterse a normativas que no tienen por qué coincidir con el interés nacional. El jefe del departamento OCDE de la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales (Direcon), Marcelo García, ha explicado que concretándose el ingreso del país, vivirá un proceso de interacción con los demás miembros en una constante revisión de sus políticas las que, por tanto, quedarán supeditadas a una fiscalización supranacional.