Ex Prisioneros Políticos de Chile: Nuevos bríos para luchar contra la impunidad

Con delegados de la mayor parte del país, la Agrupación Nacional de ex Prisioneros y Prisioneras Políticos de Chile, celebró la semana pasada su tercer congreso nacional, en que eligieron a sus nuevos dirigentes y trazaron las principales líneas de acción en defensa de sus intereses y contra la impunidad que pretende imponer el nuevo gobierno.

Entre las principales tareas del momento, y que se profundizará en los próximos meses, según su nuevo presidente, Víctor Cuevas, está la atención a quienes siguen postulando para su calificación como ex prisionero político. La iniciativa consiste en que cada persona violentada en la dictadura no sea rechazada por la Comisión Asesora Presidencial, que está investigando los distintos casos en la reabierta Comisión Valech.

Sobre el tema, sólo la agrupación ha estado informando a cientos de personas respecto de los trámites a realizar, dada la escasa cobertura en los medios de comunicación y en las páginas web del gobierno en donde se ha retirado todo tipo de información.

Víctor Cuevas, en conversación con El Siglo, detalló las distintas tareas en que está empeñada la agrupación:

“Reorganizar el trabajo en las distintas comisiones. Es muy importante reimpulsar el área salud y el Prais y definir el problema de la educación y lo que significa el traspaso de la beca en beneficio de estudios. A esto se suma lo que tiene que ver con la vivienda y la creación de una comisión de derechos humanos, que está abocada a analizar una nueva ley de reparación. También nos abocaremos al problema que significa el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que al igual que la Agrupación de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos rechazamos de plano, porque no tiene la seriedad ni los requisitos que debe poseer para la promoción y el resguardo de los derechos fundamentales, sobre todo bajo un gobierno como el actual, en que sus integrantes fueron parte activa de la dictadura militar y de sus crímenes de lesa humanidad”. Víctor Cuevas agregó que en el Prais se busca proponer una política nacional para enfrentar las deficiencias de atención, los abusos en el manejo de los dineros desde el nivel gubernamental, la falta de uniformidad en las prestaciones de cada Servicio de Salud y, sobre todo, el estímulo para que los beneficiarios lo empleen, evitando así el argumento que podría venir desde el gobierno de derecha de que por falta de uso de los beneficiados se debe extinguir o reducirse la prestación, como ya han anunciado algunas voces de la derecha desde La Moneda.

Persecución de defensores de DDHH

Entre otros temas contingentes, Víctor Cuevas se refirió a los despidos que afectan a los abogados que trabajan en el Programa de Derechos Humanos del ministerio de Interior, desde donde hace algunas semanas despacharon un escrito a tribunales para que el subsecretario de Defensa Oscar Izurieta declarara como testigo en el asesinato de Víctor Jara.

Cuevas dijo que la persecución que se está dando en los distintos servicios estatales busca desmembrar al Estado y retrasar todo posible espacio de justicia: “Nosotros creemos que no vamos a lograr mayores avances en temas de derechos humanos, porque se lo impide desde el gobierno, y esto viene desde los tiempos de la Concertación. Respecto de los abogados que trabajan en los temas fundamentales, yo creo que el gobierno está pasando la cuenta y despide a la gente que conoce de los problemas; simplemente con esto retrasa las fuerzas para conocer la verdad y obtener respuestas. Con estos despidos, se diluyen los procesos. La idea del gobierno es parar toda investigación con respecto a los derechos humanos”.

Sobre los cargos de gobierno que han sido ocupados por cómplices y violadores de los derechos humanos que participaron activamente en órganos del Estado durante la dictadura, Víctor Cuevas subrayó que al inicio del gobierno de Piñera estos cómplices trataron de ocupar puestos claves para detener el avance del movimiento de derechos humanos, pero la rápida acción de hombres y mujeres comprometidos inmovilizó en cierto grado a estos personajes: “Sin lugar a dudas la derecha pondrá en puestos fundamentales a quienes hicieron el trabajo sucio durante la dictadura. Han pasado años y esos personajes, que en esa época tenían distintos grados, sí tienen hoy responsabilidades frente a los derechos humanos, ya sea por su silencio cómplice o por vinculación directa. Esta gente no debe estar hoy ocupando los cargos de un subsecretario de Defensa u otros. Ellos tienen las manos sucias en algún crimen, ya sea en forma directa o indirecta. Ellos son la continuidad de Pinochet. Nosotros compartimos lo que dice la AFEP y la AFDD respecto de que Izurieta debe renunciar al cargo, su nombre ya ha sido comprometido en temas de derechos humanos”.