Estrategia paramilitar de Uribe, Los muertos hablan al mundo

Tras diez años en el cargo, el mandatario colombiano Alvaro Uribe termina su segundo período en medio de la manipulación de los medios, que tratan de ocultar el descubrimiento de la mayor fosa común de la historia contemporánea en el continente americano, horrendo hecho que ha sido casi totalmente invisibilizado por los mass-media en Colombia y en el mundo.

La fosa común contiene los restos de al menos 2.000 personas, y está ubicada en la localidad de La Macarena, departamento del Meta, confirmando la macabra estrategia paramilitar del gobierno colombiano que, mediante el accionar de uniformados, ha facilitado la expansión del latifundio, desalojando de sus tierras a cientos de miles de campesinos.

Desde el año 2005, el ejército desplegado en la zona ha estado enterrando a miles de personas, sepultadas sin nombre. La población de la región, alertada por las filtraciones putrefactas de los cadáveres a las aguas de beber, y conmovida por las desapariciones, ya había denunciado la existencia de la fosa en varias ocasiones, pero todo había sido en vano ya que la Fiscalía se negaba a investigar.

Fue gracias a la perseverancia de los familiares de desaparecidos y a la visita de una delegación de sindicalistas y parlamentarios británicos que investigaba la situación de derechos humanos en Colombia, en diciembre del año pasado, que se ha logrado destapar este horrendo crimen perpetrado por los agentes militares de un Estado que les garantiza impunidad. Se trata de la mayor fosa común del continente, constituyendo un asunto grave para el Estado colombiano, pero los medios de información, cómplices del genocidio, se han encargado de hacerlo desapercibido hasta ahora. Este silenciamiento mediático está sin duda vinculado con los inmensos recursos naturales de Colombia, y los mega-negocios que allí se gestan en base a las masacres.

Preguntas sin respuesta

La Comisión Asturiana de derechos humanos, que visitó Colombia en enero del 2010, menos de un mes después del destape de la fosa, ha estado indagando a las autoridades sobre el caso, pero en fiscalía, en procuraduría o en el ministerio del Interior, todos eluden el tema, Según versiones de los lugareños, los mandos militares tratan de “operar” la fosa para minimizarla, pero ya la delegación británica la constató, y las mismas autoridades reconocieron al menos 2.000 cadáveres. En diciembre, el alcalde, afín al gobierno, lo denunció también junto al sepulturero, pero después las presiones oficiales tienden a hacerles "disminuir sus apreciaciones sobre el número de cadáveres”.

Los integrantes de la delegación asturiana, al volver a España, han denunciado la ostensible voluntad de alterar la escena del crimen: “Nadie está protegiendo el lugar, nadie está impidiendo que se puedan disfrazar las pruebas, que un tractor pueda entrar y volver a entremezclar cadáveres anónimos, o sacarlos y llevarlos a otro lugar. Solicitamos a las instituciones responsables del gobierno y del Estado colombiano que implementen las medidas cautelares necesarias para asegurar las informaciones ya registradas en los documentos oficiales, que tomen las medidas necesarias con el fin de asegurar el perímetro para prevenir la modificación de la escena, la exhumación ilegal de los cadáveres y la destrucción del material probatorio que allí obra.

A su vez, los familiares de las víctimas están exigiendo la creación de un Centro de Identificación Forense en La Macarena con el fin de lograr la individualización y plena identificación de los cadáveres NN allí sepultados.

Frente a todos estos hechos, las autoridades adujeron desconocimiento, y alegaron incapacidad operativa: "hay tantas fosas comunes en nuestro país". Se refieren, en especial, al municipio de Argelia en el Cauca, un verdadero "matadero", donde las familias no pudieron ir a buscar los cuerpos de sus desaparecidos pues los paramilitares no las dejaron ingresar de nuevo a sus comunidades. Las víctimas sobrevivientes relataron: “Había gente amarrada a la que echaban perros hambrientos para ir asesinándolos poco a poco”.

En Colombia, en los últimos años, coincidiendo con el gobierno de Alvaro Uribe y de su ex ministro de Defensa y hoy candidato presidencial José Santos, han desaparecido más de 50.000 personas a través de sus aparatos de policías y militares, lo que forma parte de su estrategia paramilitar.

El Estado colombiano es el instrumento de la oligarquía y las multinacionales para su guerra clasista contra la población: es el garante del saqueo, la estrategia paramilitar se inscribe en esa lógica económica.

La invisibilización de una fosa común de las dimensiones de la Macarena obedece a que los negocios de multinacionales y oligarquías se basan en ese horror, y a que esta fosa es producto de asesinatos directamente perpetrados por el ejército nacional de Colombia, lo cual prueba aún más el carácter genocida del Estado colombiano en su conjunto, más allá del presidente Alvaro Uribe, cuyos negocios y vínculos con el narcotráfico y el paramilitarismo están más que comprobados.

El silencio y la complicidad de los medios escritos y televisivos es criminal, tanto a nivel nacional como internacional: se pretende ocultar un genocidio, en un país que es sin duda uno de los lugares del planeta en el que el horror del capitalismo se ejerce de la forma más evidente.