En crímenes de lesa humanidad Violadores de los Derechos Humanos no pueden recibir dineros públicos

Los violadores de los derechos humanos, criminales y terroristas de Estado que están procesados por la justicia pueden recibir sus jubilaciones, sus asignaciones por “servicios a la patria”, léase asesinatos en masa, entre otros, y si éstos trabajan para el Estado pueden además recibir su sueldo sin ningún problema.

Esta irregularidad ha quedado de manifiesto y la cámara baja ha decidido desvincular a esas personas procesadas por violaciones a los derechos humanos y que tengan cargos remunerados con dineros públicos.

Así, por 44 votos a favor, la cámara de diputados acordó solicitar a la presidenta Michelle Bachelet desvincular a la brevedad a estas personas.

El proyecto señala que el Estado de Chile, por medio del ministerio de Defensa, mantiene contratadas a personas procesadas y condenadas por violaciones a los derechos humanos, lo que va en contra de los compromisos del Estado, el que mediante el ministerio del Interior persigue las responsabilidades criminales de estos individuos.

Así lo dijo a El Siglo y en forma exclusiva, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la cámara de diputados, Sergio Ojeda, quien consideró esa decisión como un avance en materias de transparencia y dignidad: “Nosotros, en su oportunidad, aprobamos un proyecto de acuerdo que pretende desvincular a miembros de las Fuerzas Armadas que están comprometidos con violaciones a los derechos humanos para que no sigan recibiendo remuneraciones del Estado. Eso es absolutamente incompatible, por cuanto estas personas tienen deudas con la justicia por crímenes y el Estado está ejerciendo acciones en contra de ellos y por tanto es éticamente inaceptable esta irregularidad”.

Lo anterior supone en términos económicos aumentar los ingresos que ya perciben por concepto de pensiones de retiro. Sobre esto, el proyecto de acuerdo sostiene que “estas personas reciben cuantiosas pensiones de retiro a diferencia de lo que ocurre con el resto de los trabajadores que se pensionan a través de las AFP, lo que se suma a que una vez retirados se les vuelve a contratar con la modalidad ´honorarios`, con lo que en suma reciben un doble y cuantioso ingreso”, sostuvo Ojeda. Agregó que el gobierno debe adoptar todos los mecanismos para llevar a cabo la tarea encomendada: “El gobierno debe dejar sin efecto estos estipendios, donde quiera que estén los responsables de crímenes de lesa humanidad, en el Ejército, en el ministerio de Defensa, tiene que cesar toda contribución del Estado, porque no es posible que debiendo el Estado ejercer todas las acciones correspondientes para hacer justicia a los familiares de los detenidos desaparecidos, de los ejecutados políticos, este mismo Estado esté por otro lado premiando a quienes tienen deudas con la justicia, sobre todo en materias de derechos humanos y con el pago de remuneraciones”, sostuvo el legislador.

No a la impunidad

En otros temas y respecto de las declaraciones del presidente del senado, Jovino Novoa, quien ha llamado a acelerar los procesos en contra de violadores de derechos humanos, lo que significa en otras palabras impunidad, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la cámara de diputados se mostró contrario a esa determinación, y señaló que jamás se aceptará tal humillación a las víctimas y los familiares de los mismos: “El hecho que hayan ganado las elecciones, o que estén en el gobierno, no significa que van a pasar a llevar todos los objetivos que el Estado se plantea para perseguir a los responsables en materia de derechos humanos. Aquí tienen que seguir ejerciendo un trabajo permanente los Tribunales de Justicia, y nada tiene que trabar su ejercicio, y ninguna ley ni instancia puede provocar impunidad o un verdadero retroceso en este afán de persecución que los organismos del Estado han tenido para condenar estos hechos, y no se debe cesar mientras no se establezca la última identidad de los autores que cometieron estos delitos. No a la impunidad, por ningún motivo. Eso lo vamos a impedir, y yo como presidente de la Comisión de Derechos Humanos quiero decir que nuestra comisión no aceptará jamás un proyecto de ley que signifique la impunidad o que signifique terminar con los procesos que están a mitad de camino”, enfatizó el parlamentario.

Por último, Ojeda reafirmó el llamado a no permitir jamás la impunidad en nuestro país y llamó a fortalecer las organizaciones defensoras de los derechos fundamentales.