El Mensaje de Piñera y los Derechos Humanos

Aunque algunas de las medidas anunciadas por Piñera en su mensaje del 21 de mayo acatan las recomendaciones de la ONU y apuntan a cumplir nuestras obligaciones internacionales, la mayor parte de ellas fueron ignoradas en su mensaje.

Tras dos décadas de gobiernos de la Concertación, en el año del terremoto y del bicentenario, Piñera se esforzó por presentarse como un estadista de estatura. Después de resaltar los déficit del pasado, reconoció los logros alcanzados en los últimos años, valorando su democracia “sólida y respetada”, rindió homenaje a los ex presidentes –todos, de la Concertación- y propuso una “nueva forma de gobernar” basada en la eficiencia y el diálogo, para proyectar a Chile hacia el futuro. El mensaje debe ser analizado en profundidad, y los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales ratificados por Chile son una buena herramienta para este análisis.

En política social, los anuncios presidenciales han descolocado a la Concertación, ya que mantiene, y en algunos casos profundiza, la política social de los gobiernos concertacionistas en áreas como previsión, salud, educación, salarios, protección de sindicalización y negociación colectiva. Su objetivo es erradicar la pobreza y las “desigualdades excesivas”, tolerando las que no tienen tal carácter. Fija como plazos concretos el 2014 para la pobreza extrema, y el 2018 en el caso de la pobreza.

En materia económica, su norte es alcanzar el desarrollo económico, proponiendo “una economía libre, competitiva y abierta al mundo”, con base en la exportación de recursos naturales, lo que evidencia al definir nuestra geografía como “generosa en recursos naturales”. La meta es una tasa de 6% de crecimiento económico anual, para alcanzar en 8 años el ingreso per cápita de países como Portugal o la República Checa.

No se refiere Piñera –salvo en la reducción de los gases invernadero que inciden en el cambio climático- a las implicancias que este modelo de crecimiento económico acelerado tiene para los recursos naturales y para las comunidades que en ellos habitan.

Su propuesta para el crecimiento es el libre comercio centrado en las exportaciones, reforzando los 56 tratados de libre comercio suscritos por el país a la fecha y en perspectiva con Malasia y Vietnam, así como el “exitoso modelo de desarrollo exportador” del país.

Las referencias específicas a los derechos humanos son más exiguas. Las políticas sociales, salvo la sindicalización y negociación colectiva, no son entendidas como derechos, sino como una política de contención de la pobreza, lo que transgrede los compromisos internacionales que Chile ha contraído al suscribir el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Las referencias explícitas a los derechos humanos se refieren a las graves violaciones ocurridas en el pasado, a la necesidad de avanzar en verdad, justicia y reconciliación, al imperativo de adecuar las instituciones internas al derecho humanitario internacional, la difusión de estos derechos en la sociedad nacional y el anuncio de remover las trabas para la puesta en marcha del Instituto de Derechos Humanos, entidad que fue posible gracias a la lucha del movimiento de derechos humanos.

También se refiere a la solución pacífica de controversias, la promoción de la democracia, la libre determinación de los pueblos y el combate al terrorismo y al narcotráfico. Piñera anuncia el perfeccionamiento de la democracia, haciéndola más participativa, la inscripción automática y el voto voluntario, el voto de los chilenos en el extranjero, la iniciativa popular de ley, la descentralización regional y la elección directa de los consejeros regionales, sin mencionar el sistema electoral binominal, que ha sido la piedra angular de la exclusión de vastos sectores políticos y etno-culturales, dificultando una reforma de la institucionalidad heredada de la dictadura.

En relación con los pueblos indígenas, Piñera reitera la diversidad cultural, lo que no calza con un presidente que ha nombrado un equipo de gobierno mono étnico y mono cultural. Propone el reconocimiento constitucional de “nuestros” pueblos indígenas y las reformas a la institucionalidad actual para generar una agencia de desarrollo, sin mencionar el Convenio 169 de la OIT, y menos el deber del Estado de consultar a los pueblos indígenas frente a las medidas legislativas y administrativas que los afectan.

Propone la reforma de la política de tierras, el rechazo frontal a la violencia que “grupos minoritarios” generan en territorios indígenas y un Plan Araucanía, promovido por empresarios de esta región y no por los pueblos indígenas, para incentivar el “desarrollo” y las inversiones.

Sorprende la total omisión sobre el compromiso de aceptar las recomendaciones que diversas instancias de la ONU han hecho al Estado de Chile, señalando el incumplimiento en materia de derechos humanos de diversos tratados internacionales que se encuentran vigentes en el país. El año pasado cuatro instancias de la ONU, el Consejo de Derechos Humanos, el Comité Contra la Tortura, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial y el Relator Especial para los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de los Indígenas, James Anaya, representaron al Estado chileno su déficit en el cumplimiento de dichas obligaciones.

Entre las materias representadas por la ONU se incluyen las dificultades del sistema electoral para la participación política; la persistencia de la ley de amnistía y de la competencia de la justicia militar para juzgar a civiles; los abusos policiales contra la población civil e indígena; y la vigencia de una ley antiterrorista que no garantiza el derecho al debido proceso, recomendando la adopción de reformas legislativas y políticas consistentes con los derechos humanos.

Si bien es efectivo que algunas de las medidas anunciadas por Piñera asumen algunas de las recomendaciones realizadas por las instancias de la ONU, la mayor parte de ellas fueron ignoradas por el presidente y no forman parte de las prioridades de su gobierno, contradiciendo su declarado compromiso en materia de derechos humanos.

Se trata de una situación preocupante que debe movilizar a la sociedad civil para exigir un mecanismo con participación del Estado y de la sociedad civil para implementar las recomendaciones de Naciones Unidas, única manera de garantizar que los derechos humanos no se transformen en un discurso carente de contenido.