El Bono SAE y El Fin de la Educación Municipalizada

Según los cálculos más escépticos, la deuda de la educación municipalizada por concepto del denominado Bono Extraordinario correspondiente a los años 2007 y 2008, alcanzaría a los 100.000 millones de pesos.

Con la agravante de que estamos hablando de un componente de las remuneraciones de los profesionales docentes cuya legalidad nadie discute, conforme a lo dispuesto por las leyes 19.410, 19.933 y 20.158, es decir, lo que ha quedado en evidencia, a consecuencias de las denuncias efectuadas por el Colegio de Profesores, es que los municipios y las corporaciones municipales ya no son capaces de cumplir con sus obligaciones legales con los docentes que se desempeñan en los establecimientos educacionales que administran.

El problema es que una deuda de esa naturaleza evidencia una profunda crisis de la educación administrada por los municipios, pues la explicación de ella se encuentra en el grave desfinanciamiento en que afecta a dichos gobiernos locales, lo que les impide cumplir con sus mínimas obligaciones legales, como es la pagar íntegramente los salarios de los docentes.

En otras palabras, el presente conflicto que enfrenta a los docentes con sus empleadores municipales ha hecho evidente una crisis mucho más profunda, la creciente descomposición del sistema de administración municipal de la educación pública, cuya causa basal es de índole económica, ya que esa fue la motivación principal del traspaso de los establecimientos y sus funcionarios que dependían del Ministerio de Educación a la esfera municipal y que tuvo lugar en la dictadura.

Así lo explica el Profesor Pablo Moreno, en su trabajo “La descentralización de la educación como un paso previo a la privatización”:

“Las 334 Municipalidades implantadas en Chile a partir de los 80, dependieron del Ministerio del Interior y sus Alcaldes fueron designados de manera centralizada. Esta implementación obedece a los dictados del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, a la imposición del neoliberalismo (monetarismo) como modelo económico, a la Convención de Washington, por consecuencia al ajuste estructural de la Economía a nivel mundial, y por las imposiciones de los intereses de las grandes trasnacionales en la privatización de riquezas básicas y de los servicios en los países en desarrollo, como el nuestro. Todo esto provocó un cambio en la concepción del Estado y su papel subsidiario en la gestión educacional. Esta es la concepción ideológica impuesta, cuya expresión conforme al modelo, es la privatización.”

El grado de incapacidad del actual sistema educativo municipal le impide, además, otorgar las mínimas condiciones para la educación de la población estudiantil, ya que el sistema de financiamiento por unidad de subvención educacional basado por promedio de asistencia por alumnos, requeriría duplicarse de unos $ 32.000 a $64.000 mensuales, en valores del año 2007, como lo propone el Investigador Harald Beyer del Centros de Estudios Públicos, al que nadie puede tildar de estatista.

Sin embargo, todo incremento de los recursos destinados a educación a través de la llama Unidad de Subvención Educacional (USE), será succionado por la crónica carencia de recursos para proveer a sus necesidades más elementales, pues sus ingresos están determinados por la profundas diferencias socioeconómicas de la población a nivel nacional, es decir, reproduce la creciente desigualdad de ingresos que afecta a nuestro país.

Así ocurrió con los fondos de la Subvención Adicional Especial, (SAE), con cargo a la cual se debió haber pagado el Bono Extraordinario Anual, los que se consumieron en el gasto general de remuneraciones del profesorado.

Por buenas que sean las intenciones de muchos Alcaldes y Concejales resulta imposible pensar en programas de mejoramientos educacionales, la creación de nuevos establecimientos y menos aún en mantención de la infraestructura, como lo demuestra el calamitoso estado de los edificios en que funcionan los llamados “Liceos Emblemáticos”, salvo contadísimos y muy excepcionales casos, en aquellos municipios con mayores ingresos como los de Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, Viña del Mar, etc.

En síntesis, en la actualidad no existe un sistema nacional de educación que haga efectiva la igualdad de oportunidades en lo educativo y no existirá mientras continúe la municipalización, haciéndose impostergable la pronta implantación de un nuevo sistema de administración de la educación pública en que el Estado asuma un rol principal, solidario y de justicia social. y no subsidiario.

Hoy se ha creado un mercado educacional que permite al capital apropiarse de los recursos destinados a dicha necesidad pública, como acertadamente se define en la propuesta educacional del Partido Comunista de Chile, “Financiamiento estatal, pilar de la nueva educación”

“La Educación en el sistema Público debe ser Gratuita, debiendo el Estado financiar de manera descentralizada el Sistema Público, con a lo menos el 7% del PIB, íntegramente con cargo al Estado y/o un 30% del Presupuesto Fiscal, sin negar por ello la posibilidad de percibir otros aportes extraordinarios. En lo inmediato, se debiera avanzar hacia el 5% del PIB.”

Para alcanzar dicho objetivo, hay que implementar una nueva institucionalidad educacional, que permita destinar efectivamente los recursos públicos a fines educacionales, descentralizada territorial y funcionalmente, mediante servicios públicos que comprendan unidades geográficas que expresen la diversidad cultural del país.

Esto permitiría llevar un conjunto de medidas de urgente aplicación para impedir la debacle que afecta a la gran mayoría de los establecimientos de educación pública y que garanticen la participación de la población y de los propios municipios, mediante organismos colegiados que tengan funciones de control y evaluación de los planes, programas y su gestión y que cuenten con financiamiento con cargo a la ley de presupuesto.

(*) Abogado Laboralista