Dirigentes Vecinales Denuncian Resolucion de la Contraloria "Que es Resabio de la Dictadura"

Dirigentes de distintas juntas de vecinos de la Región Metropolitana presentaron un documento al Contralor General de la Republica, Ramiro Mendoza, pidiéndole que modifique la resolución que prohíbe a las organizaciones vecinales facilitar sus instalaciones para actividades políticas.

René González, presidente de la Junta de Vecinos de la población Malaquías Concha., de la comuna de La Granja, señaló que esta resolución atropella la autonomía e independencia de estos organismos sociales.

El dirigente vecinal calificó de absurdo que se pretenda coartar la participación política de los vecinos, cuando el hecho mismo de organizarse ya es un acto de naturaleza política.

“Sentimos que los derechos como ciudadanos están siendo vulnerados respecto a que los dirigentes sociales, y básicamente las sedes, no puedan hacer actividades de carácter político. La política es la base de todo; tú te reúnes, te agrupas políticamente, entonces sentimos que estamos siendo pasados a llevar en nuestros derechos, dado que nuestras organizaciones -y bien lo dicen nuestros estatutos- somos autónomas e independientes, sin fines de lucro, por lo tanto nosotros podemos hacer o decidir, y es eso lo que no se nos está respetando”, comentó.

El pronunciamiento se dio ante denuncias de supuestas irregularidades en una unidad vecinal de Lo Espejo, que habría sido utilizada para reuniones políticas.

El dictamen de la Contraloría viene a ratificar una resolución del 21 de octubre del año pasado, en que se había planteado una conducta similar.

Si bien el texto deja en claro que el organismo no tiene facultades para intervenir en situaciones internas de las juntas de vecinos, como por ejemplo las formas de elegir sus directivas u otros aspectos, esto no implica que la Contraloría no pueda fiscalizar el cumplimiento de la normativa en lo que se refiere a la participación política de dichas entidades.

El efecto práctico es que, en caso de que organizaciones recurran a la Contraloría con denuncias sobre el tema, se podrán hacer investigaciones a las juntas de vecinos y, eventualmente, sugerir sanciones en caso de que se observen infracciones.

Esto último es lo que cuestionan los dirigentes vecinales, puesto que sería un resabio de la lógica de la dictadura de que las organizaciones sociales y gremiales no pueden actuar en política.