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Desempleo con diagnóstico reservado

Laboral — 12 de agosto, 2009

El lamentable llamado de la ministra del Trabajo, Claudia Serrano, "a quienes no están apremiados" a que no presionen el mercado laboral saliendo a buscar nuevos empleos, "porque eso hace más difíciles las cosas", no hizo sino subrayar, disculpas incluidas, la larga distancia entre la situación real que están viviendo los trabajadores y sus familias y quienes tienen a cargo de la resolución del problema, que tratando de tomar equilibrio entre la exigencia de un empresariado, que a pesar de la crisis sigue ganando a manos llenas y la urgencia electoral de aguantar la demanda social.

El panorama laboral chileno, precarización de salarios y condiciones mediante, no son como para recrearse buscando pega, por el contrario, para quien vive con los pies en la tierra, no es sorpresa que una mujer que sale a buscar trabajo por primera vez o un joven que trata de costear sus estudios o simplemente dejar de ser una boca más en su casa, la situación es sin duda “apremiante”.

Y si la última encuesta INE fue preocupante, cómo será la Encuesta Nacional de Empleo como para que se insista en mantenerla en reserva, se preguntan algunos. Lo cierto es que en los hogares chilenos la cesantía no se vive por televisión y tampoco la defensa que en estos meses han debido dar los sindicatos empresa para tratar de mantener aún los precarios salarios y jornadas que tenían hasta antes del anuncio de la crisis.

Según el INE, esta baja del empleo se consigna en prácticamente todos los sectores económicos relevantes, con especial énfasis en la agricultura, donde se perdieron 43.620 puestos de trabajo; la construcción, con una disminución de 28.720 plazas, y el comercio, con 14.430 cupos menos. En esos tres sectores se concentra buena parte de la fuerza de trabajo. A esto, se agrega que por primera vez desde octubre de 2007, el sector transportes y comunicaciones también anota una caída en el empleo, de cerca de 14.430 puestos de trabajo.

Hasta ahora, los únicos sectores que han mostrado un aumento en el empleo son la minería y los servicios financieros, comunales, sociales y personales.

La situación en las ciudades más importantes del país también se ha deteriorado con fuerza durante el último tiempo y ya son 17 las que registran cifras de desocupación de dos dígitos (más del 10 por ciento), incluyendo el Gran Santiago, que llegó a 10,1 por ciento. En Valparaíso en cambio, el desempleo es del 11,7 por ciento y en Concepción, del 12,3 por ciento.

Sin embargo, las ciudades más golpeadas por la desocupación son Coronel y Lota, con 17,1 y 14,9, respectivamente. De acuerdo con analistas locales, dentro de pocos meses la cifra de desocupados llegaría a unas 900.000 personas, es decir, cerca de 12 por ciento. Según la encuesta, el 54,4 por ciento de los cesantes atribuyó motivos de "reducción de personal o despido" como las razones por las cuales dejó su último empleo.

La segunda razón más alta fue "término de giro o quiebra", con un 10,5 por ciento del total de desempleados en este período; mientras que en la tercera causa se encuentran los "otros motivos" correspondientes. Pero lo peor está por venir. Para el vicedecano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Franco Parisi, en el escenario más negativo la economía podría llegar a tener cifras de desempleo de un 15 por ciento.

"Para el Gran Santiago, lo más probable es que lleguemos a un desempleo en torno al 15 por ciento de aquí a septiembre y a nivel nacional cerca del 11,5 por ciento, y eso claramente continuará con una gran destrucción de empleo, por lo tanto, todavía no llegamos al techo, deberíamos comenzar un repunte en marzo del próximo año si es que se toman medidas paliativas en junio de este año y dependerá también de cuál será la orientación de la nueva administración", aseguró el académico de la Universidad de Chile.

Pero aún todo ello no da cuenta del proceso de precarización que han tenido muchos puestos de trabajo, donde a miles de trabajadores se les ha obligado a firmar anexos de contrato con peores condiciones, o se les ha obligado a renunciar y recontratarse con empresas de papel para burlar negociaciones anteriores, todo bajo amenaza no sólo de despido inmediato, sino incluso de “veto” en todas las empresas del rubro, que para eso también funciona la colusión.

¿Qué Hacer?

¿Qué hacer ante este sombrío panorama? Para el encargado de conflictos y negociación colectiva de la CUT, Cristian Cuevas, el Gobierno se ha equivocado meridianamente al pensar que sólo con paliativos se puede evitar que el desempleo siga su curso ascendente.

“Una cosa es que hayan medidas, bonos, subsidios, planes de empleo, los valoramos porque apoyan a familias que están pasando una situación dramática de la que no tienen ninguna responsabilidad, pues la responsabilidad de esta crisis la tienen los empresarios y una planificación económica que abandonó el rol del Estado y dejó “al gato cuidando la carnicería” o sea, a los empresarios resguardando la relación laboral. Pero aquí lo de fondo es que el Estado tenga un rol preponderante en la generación de empleos productivos, empleos permanentes y para eso hay que hacer las modificaciones que corresponda. Un esfuerzo igual de importante, es entregar a los trabajadores las herramientas para que puedan defenderse de la voracidad empresarial, a través de la negociación colectiva, la huelga sin reemplazos y el fin de la causal “necesidades de la empresa”. Todo esto, en lo inmediato y pensando en que el desempleo no siga aumentando.

Agrega que una ley laboral como la que tenemos, combinada con los empresarios que tenemos, es en la práctica la ley de la selva, donde por ejemplo ya se conoce que tras los anuncios del Gobierno, muchas empresas están despidiendo trabajadores para recontratarlos con subsidios y así sumar esos recursos, destinados a generar nuevos empleos a sus utilidades.

Para el candidato presidencial de izquierda, Jorge Arrate, el ministro de Hacienda (Andrés) "Velasco debe dar una explicación sobre por qué razón el desempleo sigue subiendo y por qué sus programas no han sido suficientes y por qué no se atreve a entrar de lleno al control público del desempleo, para evitar que el destino de los trabajadores quede sólo en manos de los empleadores a través de la aplicación del artículo 161, que deja abierta la posibilidad de despedir cuando al empleador se le de la gana", dijo Arrate, quien reiteró que "el Gobierno ha sido débil en esta materia".

Todo ello, concluye el dirigente de la CUT, Guillermo Salinas “demuestra que en Chile hace falta un nuevo trato laboral, porque el problema de las fórmulas de cuantificación de la cesantía y el mismo seguro de cesantía, en la práctica obedecen a que acá las relaciones laborales son una selva donde el más fuerte se come al más débil y no hay una responsabilidad del Estado para cuidar el empleo".

Cifras poco exactas

Arrate, subrayó además que los ministros de Hacienda, del Trabajo y la directora del INE, deben explicar por qué no han dado a conocer los resultados de la actualización de la Encuesta Nacional de Empleo que permitiría contar con una medición más exacta del nivel de cesantía existente en el país y así poder aplicar políticas más eficientes en la materia.  

"Quiero señalar la preocupación de nuestro comando por el aumento de la desocupación que supera las 700 mil personas, cifra que representa un aumento del desempleo del orden del 30 por ciento en el último año", dijo Arrate, acompañado por el economista Manuel Riesco y por el dirigente de la CUT, Guillermo Salinas.

Agregó que "esta cifra que representa a más de 700 mil familias, demuestra que, después de todo, la economía chilena no estaba tan blindada como sostuvo el Ministro de Hacienda hace unos meses".

"Nuestra preocupación es aún mayor cuando conocemos antecedentes que indican que la cifra de desempleo de un 9,8% entregada por las autoridades de Gobierno, si se mide a través de una medición técnicamente más refinada, es superior. Esto lo han dicho personeros de derecha que fueron los mismos que modificaron en 1986 la encuesta de empleo que se hacía desde el año 71, para tratar que la cesantía apareciera más baja. De modo que cuando ellos critican la actual encuesta, lo que critican es lo que ellos mismos elaboraron y fabricaron en dictadura", recordó Arrate.

El año 1986, la dictadura militar realizó una encuesta a su medida para impedir la visibilización adecuada de fenómenos como el desempleo. Aquella encuesta es la que se sigue aplicando al día de hoy por los gobiernos de la Concertación.

Sin embargo a mediados de esta década, sobrevino una reflexión desde el Gobierno y el INE, fundamentalmente motivado por la necesidad de tener estadísticas "comparables" a nivel internacional que permitan el ingreso de Chile a la OCDE, se propuso actualizar dicha encuesta. La nueva Encuesta Nacional de Empleo viene aplicándose desde 2007 en forma regular. Sin embargo, por razones supuestamente "técnicas", esos datos se mantienen reservados y ocultos a la ciudadanía, ya que marcan por lo general un mayor desempleo y permiten observar más nítidamente fenómenos como el trabajo precario y la subcontratación.

“A los contribuyentes se le hacen gastar millones para financiar una encuesta que lleva inexplicablemente 2 años en "piloto" y "marcha blanca", en circunstancias que a nivel internacional los tiempos de adaptación en este tipo de instrumentos son mucho menores. Sabemos que la encuesta se realiza y que arroja cifras, y sin embargo, la ciudadanía no las conoce”, señaló Arrate.

El presidenciable de la Izquierda, acotó que "lo que se hace normalmente en estos casos es dar a conocer ambos instrumentos, por eso quiero pedir una explicación al Ministro Velasco y a la directora del INE para que nos digan por qué este instrumento se ha demorado tanto. Debemos emplazar al Ministro de Hacienda quien en este país, realmente, toma las decisiones claves en materia laboral y las impone a los ministros del trabajo".

Seguro de Desempleo

El economista Manuel Riesco, en tanto, agregó que es necesario que el Gobierno aumente su aporte al fondo solidario de cesantía en 1.200 millones de dólares.

"El grueso de las personas que quedan desocupadas en Chile no tiene resguardado su derecho a mantener su ingreso, aun cuando pierda su empleo. El seguro de desempleo funciona sobre la base del mismo principio de las AFP, con la idea que basta con los ahorros del cada trabajador para estar protegidos ante el desempleo. Hay también una consideración adicional que es el fondo solidario que se forma con el aporte pequeño de los empleadores, otro de los trabajadores y también un subsidio del Estado y se supone que este fondo debe complementar los ahorros de los trabajadores para asegurar que todos tengan la posibilidad de mantener su ingreso. Esto no está funcionando", explicó Riesco.

"Para poder acceder al fondo solidario, un trabajador que pierde su empleo tiene que haber cotizado en los últimos dos años, un promedio de un mes de cada dos, es decir de 24 meses, tiene que haber cotizado 12. Según las estadísticas, los trabajadores que cumplen con ese requisito son sólo un tercio de la masa laboral, por lo tanto las restricciones que se ponen para acceder al seguro de cesantía dejan fuera a dos tercios de la masa laboral que son justamente los que más lo necesitan. Este requisito hay que eliminarlo", expuso.

Asimismo, sostuvo que el subsidio estatal no alcanza para cubrir las necesidades reales del seguro de cesantía. En febrero se acordó un subsidio de 12 millones de dólares para este año, y es fácil sacar la cuenta. Tenemos un millón de cesantes, el subsidio entregado significa doce dólares por cesante al año, o sea un dólar por cesante al mes. Eso es un chiste. Lo que nosotros planteamos es que el Gobierno debe establecer un subsidio de cesantía de verdad. El costo mínimo de esto es de 1.200 millones de dólares y lo que estamos planteando es que en el segundo paquete reactivador que el Gobierno va a tener que lanzar porque la crisis se está agravando y se va a agravar aún más, tiene que contemplar un aporte al subsidio de cesantía de 1.200 millones de dólares, esto es cien dólares al mes por trabajador cesante".