Asesinato de cartonero En busca de justicia

Para quienes, como la alcaldesa de Concepción y ahora intendenta de la VIII Región, Jacqueline va Reyselberge, clamaban reiteradamente por la presencia de la mayor cantidad posible de efectivos militares en la zona, después del terremoto, la muerte a golpes del modesto cartonero Daniel Riquelme Muñoz, a manos de una patrulla de infantes de marina durante el toque de queda, debiera ser una llamada de reflexión y de alarma.

Una vez que la Armada tomó el control de la ciudad, si bien se consiguió controlar adecuadamente el orden, también hubo que asumir el costo de los excesos de algunos uniformados. Por cierto, no se puede generalizar, pero algunos de ellos siembran el pánico cuando salen a las calles, ratificando la aseveración de una nota encontrada tras la segunda Guerra Mundial, que afirma: “Se necesitan las condiciones más inhumanas para hacer de un hombre un buen soldado”.

El hecho es que el 3 de marzo pasado el cartonero Daniel David Riquelme Muñoz, de 45 años, oriundo de Hualpén, se encontró de frente con oficiales de la Armada y éstos no sólo le golpearon hasta matarlo, sino también tiraron su cuerpo moribundo en la cancha de fútbol Los Halcones de la población El Triángulo de Hualpén, frente a la refinería Enap, después de lo cual abandonaron el lugar. Gracias a algunos testigos del hecho, especialmente un amigo que lo acompañaba, Iván Rojas, que también fue golpeado por los marinos, se pudo comprobar la participación activa de gente uniformada.

Para el diputado Hugo Gutiérrez, el caso es extremadamente grave ya que muestra la brutalidad con que operan algunos agentes del Estado cuando actúan en la oscuridad: “Este es un hecho muy grave. Cuando se me consultó sobre el estado de sitio aseguré que todo estaría bien en la medida que no resulte nadie herido ni muerto por las fuerzas que ocupan la ciudad durante la noche. Hoy toman sentido estas palabras, ya que si bien el estado de sitio evita que algunas personas roben, hay otros que asesinan a una persona que estaba tratando de sobrevivir. Nada justifica, entonces, el toque de queda si los que tienen que resguardar el orden público no lo hacen y cometen crímenes en contra de la humanidad. Debemos dar con los responsables y castigarlos. Hasta el momento, este crimen ha pasado en los medios de comunicación sin mayor tratamiento. Señaló y acuso firmemente a los responsables, éstos deben ser castigados por el crimen en contra de los derechos humanos”.

Recuerdos amargos

Para el recién asumido diputado por Hualpén y Talcahuano Cristián Campos, del Partido por la Democracia, la acción hace recordar hechos de la dictadura militar: “La situación que vive la zona no justifica la violación que hicieron infantes de marina en contra de los derechos humanos. El país está viviendo una tragedia, y se le agrega el crimen de un trabajador cometido por algunos agentes del Estado”.

El diputado Campos, además de destacar la labor de Hugo Gutiérrez en materias de derechos humanos, trabajará con él para llevar la verdad y la justicia a la familia del trabajador asesinado: “Estableceremos una comisión investigadora para saber por instrucciones de quién estos oficiales de bajo rango procedieron y actuaron de la manera que lo hicieron. Los militares no están por sobre la ley. Los militares deben entender que hoy estamos viviendo una situación excepcional donde ellos tienen sus funciones muy acotadas en torno a cuidar el orden y la seguridad pública en la Región del Bío Bío. No toleraremos este tipo de acciones de militares en contra de un vecino que no estaba haciendo nada en contra de los funcionarios de la Armada; al contrario, él les señaló que iba a comprar cigarros y tras esto hubo una acción desmedida de los uniformados, terminando en crimen”.

Mientras la Justicia Militar ya empezó a trabajar, los familiares de la víctima piden castigo para los culpables. El abogado y diputado comunista Hugo Gutiérrez, manifestó: “Aquí hay un tema pendiente, hay que poner fin de una vez por todas a la Justicia Militar. Se debe dejar claro que la Justicia Militar no puede ni debe juzgar a los civiles, en la dictadura se usaba este esquema para inculpar a los civiles y para la represión en contra de los dirigentes sociales. Este organismo era en la dictadura un ente de represión para mantener sus prerrogativas”.

El diputado Gutiérrez dijo a El Siglo que la Justicia Militar no puede conocer de los temas de derechos humanos: “La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han señalado que la justicia militar no debe tener competencia alguna”.

En cuanto al caso de Hualpén, el diputado Gutiérrez dijo que se debe avanzar legislativamente en terminar con la competencia de la Justicia Militar, ya que ésta no es la más idónea por tener una historia fecunda en el impedimento de las investigaciones a las violaciones de los derechos humanos.

El diputado Cristián Campos señaló su extrañeza porque, hasta ahora, ninguna autoridad regional ni nacional del nuevo gobierno ha condenado el crimen del cartonero: “El gobierno de derecha está dando una señal equivocada al país al dejar en la impunidad el caso. Nosotros, esto no lo vamos a permitir, porque entonces corremos el riesgo que estos hechos se puedan repetir”.