Falla a favor de estudiante expulsado ordenando su reintegro.

Corporación 4 de Agosto. 02/2020. Este sábado 22 de febrero la Corte Suprema entregó su fallo sobre un recursos de protección presentado en favor de un estudiante del Instituto Nacional (IN) de iniciales P.S., quien alegó la ilegalidad y arbitrariedad del procedimiento sancionatorio establecido en la Ley 21.128 Aula Segura y por el cual la directora (s) de su establecimiento decidió expulsarlo, sin respetar ninguna garantía del debido proceso.

El Máximo Tribunal de esta manera le propina un duro golpe a la cuestionada normativa impuesta por la ministra de Educación, Marcela Cubillos, en nombre del Gobierno de derecha de Sebastián Piñera, y con la cual pretende criminalizar la movilización estudiantil que viene planteando hace más de una década la necesidad de un cambio estructural en el modelo neoliberal de educación, y sea transformado en un sistema donde el Estado garantice una Educación gratuita y de Calidad a la población.

Según explicó el abogado patrocinante de los recursos y miembro de la Corporación 4 de Agosto, Javier Pineda Olcay, “la Corte ha reconocido el fondo de nuestros recursos, y es que el proceso seguido en el marco de la Ley Aula Segura fue un ejercicio abusivo de las atribuciones sancionadoras. La ley entrega facultades innecesarias a los directores de escuela para convertirse en jueces y sancionar fácilmente a los estudiantes que se movilizan. Habitualmente esos estudiantes son sometidos a dudosos procesos para ser expulsados de sus establecimientos. En este caso, hemos logrado que la arbitrariedad que se está cometiendo con nuestros estudiantes no quede impune”.

El caso del estudiante del IN tiene condiciones similares a otro caso fallado a favor de un estudiante del Internado Nacional Barros Arana por la Corte de Apelaciones de Santiago. En ambas situaciones, los estudiantes fueron detenidos al interior de sus establecimientos educacionales de forma absolutamente injustificada, mientras arrancaban de la persecución que funcionarios de FF.EE. de Carabineros realizó al reprimir las manifestaciones estudiantiles. Luego de las detenciones, los directores de los establecimientos decidieron la expulsión aludiendo al uso de “objetos contundentes y elementos incendiarios”. En ambos casos, las sanciones se establecieron sin ninguna prueba que acreditara su responsabilidad en los hechos.

“En ambos casos no se cumple con los requisitos mínimos del debido proceso, toda vez que no se realizaron las verificaciones mínimas de las acusaciones, no hubo pruebas contundentes y finalmente, un funcionario público como el Director termina imponiendo una sanción con implicancias legales y eso sólo lo pueden hacer los tribunales, como lo ha hecho la Corte Suprema restituyendo los derechos de mi defendido”, dijo Pineda.

Para el profesional, el fallo pone el acento en un tema muy relevante, “el Gobierno vendió mediáticamente la idea de que los directores podían expulsar a quienes se les diera la gana y estos se aprovecharon de dicho ofrecimiento por parte de la autoridad, arrastrando en esta ilegalidad a los municipios que son los sostenedores, al expulsar principalmente a estudiantes que desarrollaban alguna acción de dirección política, ocupando Aula Segura”.

Desde que la ley entró en vigencia el año pasado, luego de una complicada tramitación en el Congreso por la fuerte oposición de diversas organizaciones e instituciones que veían la criminalización del movimiento estudiantil que desde 2011 ha levantado la voz por impulsar los cambios estructurales que necesita el sistema educativo y nuestro modelo de desarrollo neoliberal.

“Es importante que los cientos de estudiantes que han sido ilegalmente sometidos a procesos sancionatorios bajo esta normativa sepan que las injusticias cometidas en su contra no quedarán en la impunidad y que es importante denunciar estas situaciones y recurrir a todas las instancias legales para revertirlas”, concluyó el abogado Pineda.

(La Corporación 4 de Agosto por los Derechos de los Pueblos es una institución sin fines de lucro que nació al alero de la movilización estudiantil de 2011 y cuyo objetivo es la promoción y defensa de los Derechos Humanos en Chile.)