Acusaciones, sanciones e investigaciones por violaciones a DDHH, golpizas, torturas, obstrucción a la justicia e irregularidades en manejo de dineros.

Equipo ES. 19/02/2020. La síntesis de todo está en que el jefe máximo de la institución, el general director, Mario Rozas, está citado en “calidad de imputado” en un proceso por querellas por crímenes de lesa humanidad y violación a los derechos humanos que habrían cometido integrantes de Carabineros desde octubre del año pasado. La situación obligó a Rozas a armar un grupo de abogados para su defensa.

La resolución fue tomada por el 7º Juzgado de Garantía ante la solicitud de la Fiscal Claudia Pervanchich, quien está investigando un grupo de querellas contra Carabineros por delitos de lesa humanidad, violación de DDHH, torturas, apremios ilegítimos y cientos de casos de heridos oculares. Todo, por la acción represiva de la institución que encabeza Rozas. Las acusaciones fueron formuladas por un grupo de abogados.

Pero no es todo. Hace un par de meses que hay numerosos casos de procesos judiciales, investigaciones y procesamientos que afectan a oficiales, suboficiales y funcionarios de Carabineros por irregularidades financieras y en el manejo de dinero, obstrucción a la justicia, violaciones a los derechos humanos, acciones ilegales, alteración de evidencias y mentiras en juicios. Esto, por cierto, no es nuevo y viene desde casos como el Pacogate, con un costo para el presupuesto público de alrededor de 28 mil millones de pesos, las acciones fraudulentas en la Operación Huracán y las mentiras y alteración de pruebas en el asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca.

Torturas y golpizas

Una de las situaciones acusatorias contra la policía uniformada, es con los detenidos, que suman varios miles en los últimos cuatro meses, la inmensa mayoría llevados a Comisarias. En un informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) se indicó hace pocas semanas que se recibieron muchas denuncias “en algunos casos de torturas, en otros casos de tratos crueles, inhumanos y degradantes, también de violencia sexual respecto de las personas detenidas y en otros casos del incumplimiento de derechos de los detenidos”.

Otras denuncias contra los uniformados, son las golpizas, algunas con causa de muerte, y que fueron conocidas por la opinión pública.

Según informó el INDH entre el 17 de octubre de 2019 y el 31 de enero de 2020 se interpusieron 139 querellas por hechos de golpizas. El jefe jurídico del INDH, Rodrigo Bustos, explicó que hubo episodios “donde ha estado involucrado un solo funcionario de Carabineros u otros como el que conocimos en Puente Alto que involucró a varios funcionarios de Carabineros que en conjunto golpearon brutalmente a un joven”.

Asimismo, informó que las 139 presentaciones legales se concentran en la Región Metropolitana. “Las comunas de Santiago y Puente Alto son donde más se han repetido este tipo de prácticas por parte de agentes del Estado y fundamentalmente y mayoritariamente Carabineros de Chile. Son casos donde el INDH ha presentado acciones judiciales y buscamos que se esclarezcan los hechos y que haya justicia”, agregó. Se reportaron 54 casos de golpizas por parte de Carabineros hacia manifestantes en la Región de Valparaíso. Viña del Mar con 18 denuncias de apremios ilegítimos, seguido por Quilpué con 16 y Valparaíso con 8.

En diversos ámbitos se conoció la cifra de 717 los casos de golpizas a lo largo del país.

En este contexto, destacó la decisión adoptada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), que el 31 de enero se querelló en el caso de la muerte del trabajador Alex Núñez, quien el día 20 de octubre fue brutalmente golpeado por un grupo de uniformados, lo que a la postre le costó la vida. Luego, en la indagación, apareció que “al interior de Carabineros existe un concierto entre algunos de sus integrantes para tratar de ocultar” lo acontecido. Se pudo saber porque miembros de esa institución policial, que aparecían inculpados del delito, relataron cómo otros funcionarios se coludieron para mentir.

En el caso del joven Matías Soto, salvajemente golpeado por ocho uniformados en Puente Alto, se logró procesar y castigar a los policías, gracias a que una cámara de una casa particular grabó el momento del delito y el dueño lo viralizó en redes sociales. “Dejen de pegarle, éste ya está muerto” dijo un carabinero, de acuerdo al testimonio de Soto.

La pregunta que surgió es cuántos casos habrá que no pueden ser detectados ni investigados porque no fueron grabados o no hubo uniformados que reconocieran la acción represiva.

Obstrucción a la justicia

Hace tiempo que el CDE y Fiscalías se enfrentan a situaciones donde se detecta que oficiales y suboficiales de Carabineros realiza actos de obstrucción a la justicia e impiden que se detecten actos ilegales y represivos. Son muchos los casos, incluso en indagatorias por delitos financieros como el Pacogate.

El CDE se querelló este verano contra 8 carabineros por ocultar un video que permitía verificar la inocencia de un joven acusado de lanzar una piedra a un sargento que resultó herido. La persona fue detenida de manera irregular y arbitraria y tuvo que ser dejada en libertad. En cambio, se inicio un proceso contra el Prefecto de Carabineros en Aysén, Coronel Pablo Capetillo, por delito de obstrucción a la investigación. Él habría ordenado ocultar el video que demostraba que el joven era inocente. Se inició una investigación en la que están involucrados capitanes, sargentos y cabos de la entidad policial.

Esto acentuaría las críticas por deplorables acciones de Carabineros, si se considera que, precisamente en Aysén, se terminó de presentar, a inicios de febrero, la acusación contra 10 uniformados y un civil por la fraudulenta Operación Huracán, destinada a culpar falsamente de delitos a comuneros mapuches. Los delitos cometidos son asociación ilícita, falsificación de instrumento público, obstrucción calificada, y se pidieron penas de cárcel hasta por 25 años. Están involucrados, nada más y nada menos, que el ex jefe de Inteligencia de Carabineros, general (r) Gonzalo Blu, el mayor (r) Patricio Marín (jefe de Inteligencia policial en La Araucanía), y otros oficiales y suboficiales. Hay que tener en cuenta el proceso judicial por mentiras y ocultamiento de pruebas en contra de otros uniformados, a raíz del asesinato del indígena Camilo Catrillanca.

Malos manejos y lavado de activos

En las últimas semanas se supo de más irregularidades en el ámbito financiero al interior de Carabineros.

De acuerdo a reportes de prensa, la Fiscalía Central Norte está indagando el presunto lavado de activos en otro mal uso de gastos reservados destinados a la policía uniformada. Esto incluyó investigaciones respecto a los patrimonios de ex generales como José Bernales, Eduardo Gordon, Bruno Villalobos y Gustavo González. Se supo que familiares de altos mandos fueron citados ante la Justicia.

También se informó que la Contraloría de la República emitió un documento donde se apunta a malos manejos de recursos en Carabineros, con 596 observaciones, detectándose errores en la administración de cuentas corrientes, sobre todo en regiones del país. Se habrían asignado pagos por “asignación de zona” que no correspondían y pagos de viáticos a personal de la policía uniformada cuando éstos estaban “ausentes de sus funciones”.

Y las renuncias a la institución

Con todo este marco, se supo que en estos meses se produjo la renuncia y baja de unos 650 oficiales, suboficiales y funcionarios de la policía uniformada, atribuido en gran medida a la situación interna que se vive y sobre todo después del estallido social.

Las causas serían diversas, por la cantidad de casos, pero los retiros se producen cuando Carabineros presentó un notable descenso en su aprobación ciudadana y crecieron las querellas y acusaciones por violaciones a los derechos humanos, uso indebido de la fuerza, abusos y torturas.

Solo entre octubre y diciembre se fueron unos 150 carabineros y extraoficialmente se comentó que se espera un aumento de esa cifra en el primer trimestre de este año.

Paralelamente, se reportó que unos 20 uniformados fueron dados de bajo por la propia entidad, como resultado de “sumarios internos” ante acusaciones e indagaciones por actos represivos, no cumplimiento de protocolas y faltas diversas. Esto ligado directamente a acciones de Carabineros frente a las manifestaciones del último tiempo.