El gobierno propuso dos atolondrados cambios en la integración del directorio de TVN con la misma lógica del reparto entre ex Concertación y Chile Vamos.

José Luis Córdova

Periodista

17/02/2020. Luego del fallido despropósito del Consejo Nacional de Televisión (CNTV) -de carácter todavía binominal- que pretendió dejar fuera de la franja electoral para el plebiscito del 26 de abril a las organizaciones sociales, el gobierno propuso dos atolondrados cambios en la integración del directorio de TVN con la misma lógica del reparto entre ex Concertación y Chile Vamos.

El binominalismo subyace en todas las instituciones públicas de común acuerdo tácito entre las fuerzas oficialistas y un sector de la oposición.

Es el caso del mismísimo Instituto Nacional de Derechos Humanos donde se enfrentan posiciones divergentes entre su director Sergio Micco, el subdirector Cristián Pertuzé (quien reemplazó a Miguel Luis Amunátegui), así como Consuelo Contreras, Branislav Marelic, Yerko Ljubetic y Debie Guerrero, que han hecho públicas sus notorias diferencias.

Así las cosas, la Moneda envió al Senado un oficio con los nombres de dos ex ministros de Estado para completar la nómina del directorio del “canal público”. Se trata de reemplazar a los renunciados: Jaime Gazmuri (ex senador socialista) y Ana Holuigue, actual presidenta del directorio de acuerdo con la oposición en el Senado.

Piñera ofreció las vacantes en el Canal 7 a su ex ministra de Deportes, Pauline Kantor, y a la ex ministra de Cultura del gobierno de Bachelet, Nivia Palma. Aunque la decisión se tomará en marzo, ya se abrió un necesario debate sobre modificaciones a la estructura del gobierno corporativo de TVN. ¿Se pretende más deportes y cultura en la tele o simplemente un acuerdo político?

La idea de algunos legisladores es cambiar algunos requisitos para ser director de Televisión Nacional, Otros piensan en reformar todos los estamentos en que hoy día se mantiene la representatividad política proporcional binominal.

Nadie piensa en el derecho a la comunicación -que no está establecido en la actual Constitución- y que el Estado debe ser el garante de este derecho humano fundamental, como lo plantea el Colegio de Periodistas de Chile. Hasta ahora estos cargos decisivos en materia comunicacional constituyen una suerte de botín o recompensa del gobierno de turno para repartir según acuerdos.

El diputado ex PS, Marcelo Díaz, hizo entrega a la ministra vocera, Karla Rubilar de un proyecto que propone una modificación al gobierno corporativo de TVN. A estas alturas, incluso se habla de que los nombramientos deberían pasar por la Alta Dirección Pública, en un esfuerzo para que las personas que accedan al “canal público” no solamente tengan un carácter político, sino además, algún conocimiento del medio y/o un proyecto de modelo de gestión.

La desastrosa situación financiera de TVN es precisamente una consecuencia de este mal manejo y por no contar con un modelo de producción a desarrollar de común acuerdo en el órgano colegiado de la estación televisiva.

La abierta competencia mercantil entre los canales privados con la señal semi estatal es la que inmoviliza al canal, le impide un rol formativo y cultural y lo dispone a los vaivenes de la oferta y demanda a nivel comercial. Los nombramientos de autoridades siguen la misma lógica en el marco del lucro y las “necesidades de la empresa” que están influyendo negativamente en la actividad laboral en todo el país con despidos masivos de funcionarios.

En tanto, la Mesa de Unidad Social, que agrupa a la mayoría de las organizaciones sindicales, gremiales, comunitarias y políticas del país, denuncia que el CNTV resolvió un reglamento expreso para la franja electoral que obliga a estas entidades a unirse a algún partido político para poder participar en el proceso constituyente para la campaña comunicacional por el plebiscito de entrada por televisión.

A la espera de una nueva Constitución, la comisión de cultura de la Cámara de diputados debería ejercer su rol fiscalizador e impedir el nombramiento de innombrables, al menos, en nuestro “canal público” y así evitar irregularidades como ésta en el binominal CNTV.