Dirigentes y analistas de distinto corte ideológico, coinciden en que la aprobación o rechazo de un nuevo texto constitucional está en un terreno “en disputa”.

Patricia Ryan. Periodista. 05/02/2020. En oficinas de partidos de la derecha en zonas altas de Santiago y de sus parlamentarios en la sede del Congreso en Valparaíso, se construyeron estrategias durante estas semanas para desarrollar una campaña de “Rechazo” a la nueva Constitución, como una de las nuevas metas políticas de ese sector. Una idea central de casi todas las directivas del oficialismo es obtener un respaldo mayoritario de su base electoral para un “No” a un nuevo texto constitucional, apelando a que solo es necesario algunas reformas a la actual institucionalidad.

Paralelamente, prácticamente todas las colectividades de la oposición constituyeron comandos e iniciaron campañas destinadas a concitar una gran mayoría para que gane el “Apruebo” una nueva Constitución, coincidiendo unánimemente en esa opción, que deje atrás, definitivamente, la Carta Magna impuesta por la dictadura cívico-militar en 1980. Pese a que los comandos son distintos (de la Democracia Cristiana, de la ex Concertación a los que se sumarían grupos del Frente Amplio, de Unidad para el Cambio junto al Partido Igualdad, Izquierda Libertaria y Wallmapuwen Movimiento Autonomista), se prevé que haya coordinaciones y que algunas se produzcan a nivel comunal, regional y nacional. Como sea, la idea de todos es realizar una labor territorial, comunicacional, política y de agitación para que gane el “Apruebo”.

El asunto es que el plebiscito del 26 de abril próximo, donde se tendrá que marcar “Apruebo” o “Rechazo” una nueva Constitución, está en la mira de absolutamente todos los partidos políticos del país. Ahí estará concentrada una disputa política, comunicacional, conceptual y hasta de percepciones.

No solo los partidos. Diversidad de sectores de la sociedad civil tienen también en la mira el plebiscito. Es así que, por ejemplo, el Congreso del Colegio de Periodistas llamó a marcar “Apruebo”, mientras sectores ultraconservadores del mundo evangélico iniciaron una cruzada por el “Rechazo”.

Este cuadro, por cierto, constituyó una de las principales derrotas del gobierno de Sebastián Piñera, que desde su inicio negó la posibilidad de continuar el proceso constituyente iniciado en el periodo de la Presidenta Michelle Bachelet. Piñera se negaba rotundamente a poner en discusión lo de un nuevo texto constitucional. Pero el estallido social del año pasado se lo impuso.

No hay carrera corrida

Si bien hace unos meses se pensaba que en un plebiscito la alternativa de nueva Carta Magna era un triunfo seguro, hoy la mirada es distinta o más cauta. Dirigentes y analistas de distinto corte ideológico, coinciden en que la aprobación o rechazo de un nuevo texto constitucional está en un terreno “en disputa”. El presidente del Partido Socialista (PS), Álvaro Elizalde, dijo ante la prensa que “el plebiscito no está ganado, esta no es una carrera corrida”. Enfatizó que “quienes sacan cálculos alegres se equivocan”.

Y es que los analistas de derecha, por ejemplo, tiene dos apuestas. Que haya menos del 50% de participación, con lo que ven más posibilidades de éxito del “Rechazo”, y lograr movilizar a su “electorado duro”; y que haya sectores de comunas populares que no asistan a sufragar (como indican las estadísticas de la pasada elección parlamentaria) y de izquierda que se nieguen por cuestionar el proceso constituyente.

En lo anterior hay factores no menores. En el plebiscito, además de votar por nueva Constitución, se debe votar por el órgano que redacte la Carta Magna. La alternativa es una Convención Constitucional, con el 100% de sus integrantes electos como ciudadanos; y la Convención Mixta, con 50% de parlamentarios y 50% de ciudadanos. La derecha hará fuerte campaña por la segunda opción. Además, el oficialismo (incluso sectores conservadores de la oposición), no están por escaños reservados para pueblos indígenas, ni por garantizar paridad de género en el órgano constitucional. Si eso se mantiene, se señala que algunos segmentos del mundo progresista, de izquierda, indígena y feminista, estarían por no participar. Se agrega que el acuerdo político suscrito por la derecha, la ex Concertación y unas colectividades del Frente Amplio, estableció que los contenidos de la nueva Carta Magna deben contar con un quórum de 2/3, considerado por los sectores democráticos como muy alto y que le da un poder a la minoría. Eso produjo molestia en sectores del electorado.

Pero desde la oposición se plantea que, como sea, hay que ir al plebiscito y ganar en aprobar nueva Constitución y una Convención Constitucional porque, de todas maneras, será un rotundo avance democrático, institucional y de voluntad ciudadana.

En ese cuadro, la tan mencionada encuesta CEP (Centro de Estudios Públicos) ratificó algo que vienen señalando todos los sondeos: el 67% de la población está por una nueva Carta Magna y solo un 13% lo rechaza. Ahí radica un desafío para la derecha, y una posible garantía para el progresismo y la izquierda.

 

78% votará en el plebiscito

La Fundación Instituto de Estudios Laborales (FIEL) y Market Opinion Research Internacional (MORI Chile), presentaron los resultados de una edición especial de la encuesta Barómetro del Trabajo,  que recogió percepciones ciudadanas a tres meses del estallido social, respecto al grado de participación en el plebiscito del 26 de abril.

El 78% de los encuestados indicó que asistirá a votar en el plebiscito. De ellos, un 81% dijo que aprobará la redacción de una Nueva Constitución frente a un 14% que se inclinaría por el rechazo.

Respecto a las opciones del órgano que redactará la Nueva Constitución, el 42% se inclinó por la Convención Constitucional y el 32% por la Convención Mixta. En esa línea, el 56% señaló que una nueva Carta Magna resolvería las demandas sociales y el 79% que el órgano constituyente debe considerar paridad de género.

Frente a la pregunta, ¿en quién confía para la redacción de la Nueva Constitución?, los consultados optaron por: expertos (56%), mujeres (51%), hombres (48%), jóvenes (47%), académicos (45%). Los dirigentes políticos solo obtienen el 12% de las menciones y los partidos políticos el 7%.