El shock por encuesta CEP. PSU, soluciones con políticas públicas o policiales. Los parches en pensiones.

Equipo ES. 17/01/2020El shock por encuesta CEP

Un profundo impacto provocaron las cifras contenidas en la encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP). Pese a los cuestionamientos a las encuestas, en el caso del CEP mantiene un nivel de credibilidad y de seriedad, por lo que es considerado como un termómetro por sectores políticos, parlamentarios, gubernamentales, académicos y sociales.

En definitiva todo el mundo quedó en shock por los pésimos números respecto a las opiniones y percepciones de los consultados. Empezando por el 6% de aprobación de Sebastián Piñera, que lo dejó como el mandatario peor evaluado en la era pos dictadura y en América Latina en las décadas recientes. Luego por el 3 y 2 por ciento de aprobación para partidos políticos y el Parlamento, bajísimo, el descenso a 17% en la aprobación a Carabineros, la baja de 31 a 14 por ciento de la Iglesia Católica, el 50% de la población que está enojada, sólo un 6% pensando que la democracia en Chile funciona bien, y el 32% que considera que el país está “en decadencia”. Un alto porcentaje estima que la economía está muy mal y las perspectivas no son buenas.

En la evaluación de personalidades políticas -con su ingrediente mediático y morboso de por medio- resaltó que ninguna sube y más bien se observa un congelamiento, lo que influye también en las proyecciones de algunos presidenciables que, por lo demás, de una u otra manera marcaron bajo o no marcaron.

Quedó claro que hay una crisis de la institucionalidad, representada en las opiniones mayoritarias. También que hay una mala mirada y percepción de la economía y la marcha del país. Una idea de que Carabineros viola los derechos humanos (64%) y que ha actuado mal, cuando crecen las denuncias y procesos precisamente por violaciones a los DDHH de varios cientos de ciudadanos. La política institucional queda por el suelo.

Sin embargo, de alguna manera ese estado de cosas que describe la encuesta CEP no constituye, en rigor, una sorpresa en muchos aspectos y temas. Más bien fue la corroboración de los asuntos que andan pésimo o muy mal en el país.

El sondeo reforzó la clarificación de problemas, demandas, déficit y malas valoraciones (empezando por el Presidente de la República), las aspiraciones básicas (dejando a un quinto lugar la delincuencia y priorizando por pensiones, salarios, salud y educación) como que un 67% está por una nueva Constitución, y que la institucionalidad está en serios problemas.

Esto, ciertamente, dejó en amplios sectores (gobierno, Parlamento, partidos, gremios empresariales y consorcios privados, Iglesia, Carabineros, etc.) un desafío respecto a, primero, asimilar la gravedad de la crisis (entre ellas la de representatividad), y segundo, definir si existe la voluntad de operar los “cambios de fondo” y estructurales que parece lo único como opción para que la gente comience a modificar sus opiniones o percepciones.

De alguna manera, sin sobredimensionar su incidencia, la encuesta CEP se constituyó en otra pauta para una agenda a asumir en el país.

PSU, soluciones con políticas públicas o policiales

En definitiva nadie del mundo académico, estudiantil, magisterial y legislativo niega que la PSU es un instrumento que no dio más para ser el examen para definir la admisión de los jóvenes a las universidades. Se viene diciendo, por lo demás, hace varios años. Al punto que hubo momentos en que parecía que se cambiaba el mecanismos, pero no sucedió.

Frente a eso, este gobierno, en particular, no asumió en ningún momento la discusión, el análisis y el trabajo para avanzar hacia la eliminación de la PSU y creación de otro instrumento. Mantuvo silencio, como en muchos otros temas antes del estallido social.

La falta de respuesta y solución al problema, llevó a que estudiantes secundarios comenzara a plantear, desde el año pasado, que había que encarar el tema y que no hacerlo llevaría a movilizaciones y protestas fuertes. En La Moneda, y específicamente en el Ministerio de Educación, hicieron caso omiso de aquello. De un lado, minimizando o despreciando a las organizaciones de estudiantes, y de otro lado, persistiendo en no abordar el problema de la PSU.

Estalló la protesta, en ese marco. Se llamó a un boicot. Nuevamente, por cierto, hubo una desvalorización de lo que iba a ocurrir, y los secundarios lograron generar un problema de carácter educacional, político y nacional. Las manifestaciones en protesta por la PSU tuvieron un alcance enorme y un efecto político fuerte.

Frente a eso, el gobierno reaccionó no con una política pública, un diálogo político, una respuesta académica, una salida de negociación y de superación de la manifestación. Optó por su libreto ya tradicional en estos meses, de autoritarismo y represión. El colmo fue la invocación a la Ley de Seguridad Interior del Estado para encarcelar a los dirigentes estudiantiles; se presentaron, de parte de la autoridad, decenas de querellas. Las medidas de “orden público” y represivas ante una movilización estudiantil y un reclamo académico.

Lo peor de todo es que la exigencia de respuesta autoritaria, policial y castigadora, vino de la titular de Educación. La Ministra no abordó el problema como tal, sino como titular de Interior o a cargo de Carabineros. En sus declaraciones solo existía vandalismo, criminalización y delincuencia. No hizo referencia al tema de fondo, nos generó espacios de conversación y no puso sobre la mesa alguna vía u opción frente a la clara crisis de la PSU. Su apuesta fue la represión.

Así las cosas, el tema de la PSU se suma a la agenda represiva, a los problemas sin solución, a las ineficacias de las carteras del gobierno y a potenciar la movilización y la protesta.

Los parches en pensiones

Durante la semana fue intensa la discusión sobre proyecto de pensiones, aumento en las jubilaciones, las formas de administración y aportes, donde volvió a chocar el concepto solidario y de reparto con el de capitalización individual y de alto lucro de las AFP.

El debate, como siempre, estuvo dotado de tecnicismos y de polémicas, donde se vio a los directivos de las AFP defendiendo lo que no es otra cosa que el sistema privado de pensiones hegemónico en Chile. Al mismo tiempo, incluyendo anuncios del gobierno, se planteó que las pensiones aumentarían en algunos porcentajes.

Sin embargo, lo que muchos define como “el tema de fondo” en pensiones, siguió igual. Primero, porque muchos de los ajustes para mejorar, están destinados a segmentos de jubilados. Segundo, porque cuando se habla de aumentos del 10 o del 20 por ciento en pensiones, se está hablando de que un jubilado que recibe 180 mil 0 200 mil pesos, recibirá 10 o 20 mil pesos más, sólo eso. Tercero, porque el promedio de pensiones de alrededor de 200 mil pesos, prácticamente no variará, quedando ese ingreso en el rango de línea de la pobreza y bajo el sueldo mínimo.

A los cientos de miles de jubilados de alguna manera no le interesa o incide las discusiones en el Parlamento, en las oficinas del Ministerio de Hacienda o en los directorios de las AFP, sino que le interesa e influye que las pensiones realmente suban a un rango que mejore la calidad de vida y el acceso a salud, alimentación, transporte, vivienda. Ejemplo de aquello es que la propuesta, por ejemplo, de la CUT de fijar en 500 mil pesos el salario mínimo y que las pensiones no sean más bajos que eso, ni siquiera es considerada por el gobierno o las AFP. Todo apunta a los parches y la letra chica, que no deja contento a nadie.