El gobierno y el poder político y económico están actuando y operando en sentido inverso a lo que la gente está diciendo y opinando.

Gonzalo Magueda. Periodista. 17/01/2020. El tema es que no escuchan. Realmente no hacen caso. La desastrosa fotografía que mostró la encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) sobre la opinión y percepción de los ciudadanos respecto a la realidad institucional, política, social y económica, encontró más bien repuestas retóricas, ambiguas, con frases comunes o silencios de parte de representantes del poder político y económico, sobre todo del gobierno.

A la encuesta CEP se puede sumar la marcha de 2 millones de personas en Santiago (la cifra sube a alrededor de 3 millones si se suman las de regiones), el hito calificado de histórico del estallido social, las manifestaciones feministas y por No+AFP, las denuncias por las pésimas jubilaciones, los paros y huelgas de trabajadores, los informes de actuación represiva de Carabineros con saldo de masivas violaciones a los derechos humanos, aumento del desempleo y mala marcha de la economía, cuestionamientos al actuar de los partidos políticos y del Parlamento, demanda de baja de costos en servicios, término del abuso (AFP, bancos, Cajas de Compensación, Isapres, Universidades privadas), la extendida exigencia de nueva Constitución y Asamblea Constituyente, el rechazo a la gestión de Sebastián Piñera…

Sin embargo, realmente no se está  escuchando a la ciudadanía. O no se quiere escuchar lo que se está decidiendo. Si se mira con atención la CEP -junto a otros múltiples análisis, reportajes, estudios y sondeos- el gobierno y el poder político y económico están actuando y operando en sentido inverso a lo que la gente está diciendo y opinando.

Eso es parte de la crisis social, política y cultural del país. Y otro signo que advierte, por lo mismo, que la situación se va a prolongar en el corto y el mediano plazo.

En eso, por lo demás, hay responsabilidad del Presidente de la República (6% de aprobación), de autoridades del gobierno, de la derecha política, de sectores de la oposición, de personeros del sector empresarial y financiero, de los mandos policiales y judiciales, y de los medios de prensa.

El pueblo, en el sondeo CEP, y sobre todo en sus espacios de expresión -que son diversos y dinámicos- está cuestionando el funcionamiento de las instituciones, al jefe del Ejecutivo, al gobierno, a los partidos, al Congreso, al manejo de la economía, a Carabineros y al Poder Judicial, a los medios de comunicación, en el fondo, a la estructura institucional toda. Y esos estamentos responden con las mismas prácticas, los mismos formatos, los mismos tonos discursivos, las mismas formalidades y, lo que puede ser peor, defendiendo esa institucionalidad y amenazando a quienes la cuestionan, sobre todo si lo hacen exigiendo un cambio profundo. Las buenas palabras, la retórica, la ambigüedad, las acciones cursis, los engaños, no cambian ni apaciguan.

La última encuesta conocida es clara en establecer que el pueblo está preocupado (en este orden) de las pensiones (64%), salud (46%), educación (38%), sueldos (27%) y en quinto lugar de la delincuencia (26%). Sin embargo, la delincuencia (“vandalismo”, “violentistas”) es la primera prioridad del gobierno y de gran parte de la clase política. Andan preocupados de sancionar gravemente “el que baila pasa”, sacan corriendo leyes “anti encapuchados” y “anti barricadas”, pero medidas robustas y de reales mejoras en pensiones, salud, educación y sueldos, no aparecen como prioridad sustancial. Ejemplo clave: está decidido no fijar en 500 mil pesos el salario mínimo y que las pensiones no sean menor que eso.

Se puso mucho énfasis en la línea de la tesis de la violencia, en la existencia de un “poderoso enemigo interno” y de la “injerencia extranjera”, metiendo a Rusia y Venezuela. Sin embargo, no pasa del 8% la gente que piensa que en sucesos violentos de los últimos meses hubo acción de “grupos organizados extranjeros”, o “grupos minoritarios radicalizados”.

El gobierno, la derecha, segmentos de la oposición, siguen insistiendo en defender a Carabineros, y esa institución bajó la aprobación ciudadana a 17%, la peor en su historia (en dictadura no se medió públicamente). El 57% señaló que “nunca o casi nunca” se justifica que los uniformados actúen contra manifestantes. 70% de la gente rechazó el uso de gases lacrimógenos y 81% estuvo en contra del uso de balines. Eso, seguramente, por el impacto de saber que casi 400 personas sufrieron heridas oculares por esos artefactos lanzados por Carabineros. 64% opinó que Carabineros, “siempre o casi siempre”, violó los derechos humanos.

Muestra de que no se está escuchando, el general director de Carabineros, Mario Rozas, envió a su personal un Twitter diciendo: “Carabineros: sigamos trabajando con la misma energía (sic) y convicción”.

67% quiere nueva Constitución, y un 13% la rechaza. Pero la mayoría de la derecha política y económica opera para que eso no ocurra, además, está en un plan de sabotear el plebiscito de abril. Un 44% desea que el órgano que redacte la nueva Carta Magna sea cien por ciento electo entre ciudadanos, y no con un 50% de parlamentarios. Pero varios partidos políticos están pensando en candidatear a actuales diputados y senadores (que serían cesados en sus cargos) como “ciudadanos”, para estar en ese órgano, lo que impondría una anomalía. Tampoco están escuchando y eso aumentaría la desconfianza y críticas a las colectividades políticas.

En términos globales, el sondeo CEP grafica algo que estuvo presente en estos meses en análisis e informaciones. El 50% de la población está enojada. 55% apoyó las manifestaciones del estallido social. Sólo un 6% cree que la democracia en Chile “funciona bien”. Un 55% consideró que las protestas son producto de “la alta desigualdad de ingresos”. Un 6% considera que “el país está progresando”. Que Chile “está en decadencia” lo piensa el 32% de los encuestados. Un 61% consideró que el país “está estancado”.

Lo grave es que esos porcentajes marcan una tendencia que, dado que realmente no se está escuchando ni actuando, tenderán a mantenerse, dando cuenta de la extensión de la crisis.