Los funcionarios indicaron que hay conflicto de interés del nuevo Subdirector de Grandes Contribuyentes, Harry Ibaceta Rivera, porque se desempeñó como asesor tributario de importantes multinacionales.  

Santiago. 14/01/2020. Como una “decisión complicada para el país”, calificaron las asociaciones de trabajadores del Servicio de Impuestos Internos, agrupadas en la Asociación de Fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos (AFIICH) y la Asociación de Empleados de Impuestos Internos (ANEIICH), la decisión de la máxima autoridad del Servicio, Fernando Barraza, en el nombramiento del nuevo Subdirector de Grandes Contribuyentes, quien se desempeñara en el mundo privado como asesor tributario.

Tal decisión, apuntan los trabajadores del SII, reinstala el conflicto de interés en el organismo, tal y como ocurriera en el año 2013 con el “perdonazo” a Johnson’s, cuando el director del servicio en aquella época no se abstuvo de participar en el proceso de condonación de impuestos a la multitienda, aún cuando hubiese prestado asesoramiento a dicha empresa en materia tributaria.

Esto, podría resultar complejo, aseguran, puesto que “se podrían tomar decisiones que no fueran buenas para resolver problemáticas de corte tributario que tenga que enfrentar el organismo de cara a grandes contribuyentes”, recalcan los funcionarios, situación que rechazan de plano.

Asimismo, le endosan al Gobierno de Sebastián Piñera la obligación de modificar la decisión tomada con dicho nombramiento: “El Gobierno tiene hoy día la responsabilidad de evitar este conflicto de interés, pues, en un momento en que se está discutiendo cómo las grandes empresas, los grandes patrimonios, puedan contribuir más al desarrollo del país, aparecen este tipo de designaciones, nombramientos que nos permiten creer que van encaminados a resguardar los intereses de los grandes contribuyentes”.

“Más allá de la persona que sea nombrada, lo que buscamos las asociaciones de trabajadores del SII, es evitar que se instale un conflicto de interés”, remarcaron, asegurando que recurrirán a la Contraloría General de la República para que se pronuncie sobre la legalidad de la designación.