La violencia como conducta ha sido la práctica recurrente de los sectores dominantes de la sociedad cuando se trata de defender sus privilegios.

Juan Gajardo

Miembro de la Comisión Política del Partido Comunista

12/01/2020. El presidente de EEUU, en una acción que no encuentra otra definición sino que de terrorismo, ordenó el asesinato del general iraní Soleimani, el cual estaba acompañado de una delegación que integraban, además, destacados personeros del mundo islámico. Irresponsabilidad por no ponderar la gravedad de su actuar, paroxismo incontrolado, oportunismo criminal al pretender de esta manera nuclear apoyos para que el “impeachment” (acusación) aprobado en la Cámara de Representantes no tenga éxito en el Senado de su país, todas las anteriores y otras oscuras motivaciones adicionales.

Lo cierto es que el señor Trump agrede no sólo al pueblo heredero de una rica tradición histórica, que incluye haber sido el primer imperio conocido, Acadia, gobernado por Sargón, hace 4300 años, sino que además, en una zona de gran inestabilidad, producto de la reiterada intervención de potencias extranjeras tras el petróleo, (partiendo por la estadounidense) se permite agredir y pretende quedar impune. La previsible y controlada respuesta militar iraní mostró la gravedad de la situación, la vulnerabilidad de las tropas norteamericanas presentes en Irak, pero también la tragedia de sumar víctimas civiles, como es el caso del avión comercial derribado al ser confundido por un misil.

La violencia como conducta ha sido la práctica recurrente de los sectores dominantes de la sociedad cuando se trata de defender sus privilegios. En nuestro país, la memoria histórica está lamentablemente llena de episodios en los cuales los sectores populares han sufrido embestidas represivas, con el costo de valiosas vidas, al intentar reconocimiento de sus derechos. El uso de las fuerzas armadas para dirimir en favor de las minorías concentradoras del poder económico los conflictos políticos-sociales, tiene el punto más alto en la represión de la dictadura militar instaurada en Chile en 1973. Las violaciones a los DD.HH. en ese período aún son una llaga abierta en la sociedad chilena, al no lograrse aún ni hacer justicia, ni conocer la verdad y tampoco lograr las víctimas reparación. La cultura de los DD.HH no logra permear a las capas dirigentes de la sociedad chilena. No de otra manera se puede entender el comunicado de ciento un (101) personeros ligados a la ex Concertación, los cuales con un desparpajo tan extremo como su oportunismo señalan: “En dictadura luchamos para recuperar la democracia, hoy debemos defenderla. Protegerla de la violencia irracional o premeditada de sus enemigos, de quienes la promueven y también de aquellos que la confunden con la legítima protesta social”. Su prédica olvida que en las situaciones de injusticia e indignidad que durante décadas acumuló la sociedad chilena y que están en el origen de las jornadas de movilización social vividas a partir del 18 de octubre, está el actuar desde responsabilidades de gobierno de muchos de los firmantes de la comunicación. Estos defensores de la democracia nada dicen de la “violencia irracional” que ha costado la pérdida de sus vidas de casi treinta compatriotas, reitero: pérdida de vida de casi 30 chilenos, más de trescientos jóvenes han perdido su visión, miles han sido detenidos y torturados.

Señoras y señores defensores de la democracia, quienes promueven y practican esa violencia atentan contra la democracia. No confundan exabruptos, insolencias, explosiones de rabia contenida, condenables desde la cómoda posición que uds. hoy tienen, con la violencia sistemática que desde el gobierno se ha ejercido contra los manifestantes desde el primer momento de las movilizaciones.

Las movilizaciones de estudiantes de enseñanza media contra la P.S.U., más allá de la forma y que atacan el síntoma, sin embargo, desnudan la percepción de injusticia que significa medir con un instrumento estandarizado un proceso educativo de doce años durante los cuales recibieron una formación diferente, atendida la condición socio-económica del educando. Cuando la señora Cubillos, que ostenta el cargo de ministra de educación, elude su responsabilidad e impulsa acciones destinadas a preservar el actual estado de la educación, no puede pretender quedar impune. No es vía represión como Chile superará sus problemas. Tampoco ocultándose. Ante una derecha que parece decidida mayoritariamente a construir trincheras para defender sus privilegios, que no de otra manera puede interpretarse las declaraciones de sus personeros llamando a rechazar el cambio de constitución, borrando con un codo manchado en sangre lo que habían firmado en un ventajoso documento para ellos el 15 de noviembre, a los sectores democráticos no les queda otro camino que seguir impulsando la movilización que signifique un claro triunfo para la opción de nueva constitución en el plebiscito de abril próximo.