El conflicto por la PSU. Disparos a proceso constituyente.

 Equipo ES. 10/01/2020. El conflicto por la PSU

Lo sucedido esta semana en torno del examen de la PSU refleja el estado de conflictividad que existe en la sociedad chilena, expresado por lo demás, en otro sinnúmero de conflictos.

Hace tiempo que académicos, expertos, estudiantes y profesores venían cuestionando el fornato, contenido y utilidad de la PSU. Entre las críticas estaba, y está, su carácter segregador, clasista, desigual, no adecuado para quienes vienen distintos tipos de escuelas, e ineficaz para determinar si, en efecto, un joven puede o no ingresar a la universidad.

Hace un par de años que aquello generó debates, controversias, tensiones y también movilizaciones. Hubo sectores políticos, autoridades del gobierno y especialmente quienes dirigen el Ministerio de Educación, que no escucharon ni abrieron diálogo sobre la PSU. Asimismo se sostiene que existió un retraso y falta de adelantamiento de parte del Consejo de Rectores.

Las protestas de estas semanas se dan en ese contexto basico. Los mismos dirigentes secundarios declararon que habían advertido sobre la dimensión del problema y el nivel de conflictividad, y defendieron como necesaria e irruptiva la protesta con componentes de desafío a la institucionalidad.

En todo caso, también se constataron cuestionamientos y dudas desde sectores progresistas sobre el boicot a la PSU.

En este escenario, el gobierno, y particularmente la ministra de Educación, optaron por un discurso y medidas  de carácter autoritario y represivo.

El  Ejecutivo y la Ministra no asumieron la complejidad del conflicto y se fueron por el camino peligroso y fácil de imponer la autoridad, invocar la Ley de Seguridad Interior del Estado, criminalizar el movimiento e ir con todo contra los dirigentes estudiantiles.

Es un tema abierto con grados importantes de incertidumbre, como fechas y decisiones de la PSU, y las resoluciones de los estudiantes respecto a la continuidad de la protesta.

Disparos a proceso constituyente

Continuó durante la semana en un marco de polémicas, amenazas e incertidumbres el proceso constituyente abierto en el país, destinado al cambio total de la Constitución, y que ya tiene como hito el plebiscito del 26 de abril, en que la ciudadanía deberá votar por aprobar o rechazar un nuevo texto constitucional y si el órgano que lo redactará será una Convención Constitucional Mixta (50% de parlamentarios y 50% de ciudadanos electos) o Convención Constitucional (100% con personas electas).

De un lado, persisten los debates en cuanto a que en el órgano constituyente haya o no paridad de género y escaños reservados para pueblos originarios, crear condiciones adecuadas para candidatos independientes a ese órgano, la eventual prohibición de que dirigentes sociales y sindicales en ejercicio de sus cargos pueden ser convencionales y sobre el criticado quórum de 2/3, que sería muy alto para la aprobación de contenidos de la nueva Carta Magna (en las semanas una votación sobre la idea de legislar por propiedad y uso del agua, fue ganada por el rechazo de la derecha con 12 votos, pese a los 24 de la oposición; ganó esa minoría gracias, precisamente, a los 2/3).

Sobre esos puntos no hay nada claro, y tanto organizaciones feministas, como indígenas, sociales y políticas, plantearon que si en eso no hay respuestas concretas, no participarán del proceso constituyente. Voceros de partidos políticos de izquierda insistieron que sin paridad de género y escaños para indígenas, este proceso puede fracasar.

Todo está en manos del Parlamento, específicamente estas semanas en el Senado, donde se deberá definir cada punto. De paso, eso sigue siendo un elemento de crítica, ya que son los parlamentarios los que están dirigiendo y definiendo los mecanismos del proceso constituyente, cuando se reivindicó hace un par de año que existiera una Asamblea Constituyente que actuara con soberanía para darse sus mecanismos.

El otro factor de tensión provino desde la derecha. En la semana levantó la tesis de que “la situación de violencia” en el país y “el vandalismo”, no están haciendo posible el desarrollo del proceso constituyente, podría impedir que se realice el plebiscito y, por último, no legitimaría una nueva Constitución.

En definitiva, una carta bajo la manga para disparar a este proceso, cuando todos los sondeos y análisis indican que la mayoría de la población está por una nueva carta constitucional, por el plebiscito y por participar en las discusiones.

Esa tesis la están imponiendo con fuerza comunicacional dirigentes y parlamentarios de la UDI, RN, Evópoli y del ultraderechista Partido Republicano, y se refuerza con situaciones violentas que se siguen presentando en el país, muchas de ellas, por lo demás, generada por actuaciones represivas de Carabineros.

A todo esto, el gobierno ya manifestó que no hará nada porque vuelva el voto obligatorio para el plebiscito, con lo cual se pone en riesgo una participación altamente mayoritaria de la población, considerando que análisis del Servicio Electoral (SERVEL) y de expertos electorales, sitúan entre un 50 y un 54 por ciento la cantidad de gente que votaría en la consulta.

Una situación tensa, compleja y de incertidumbre en torno del proceso constituyente.

En todo caso, la derecha y sectores progresistas, socialdemócratas, democratacristianos y de izquierda, están avanzando en la conformación de comandos de campaña para el plebiscito, promoviendo el apruebo o el rechazo a la nueva Constitución.