El cuadro de violaciones a los DDHH; la responsabilidad del mandatario; no se adoptaron medidas necesarias; la irresponsabilidad de declarar una guerra.

Equipo ES. 10/12/2019. El viernes 6 de diciembre y en el marco del análisis de la acusación constitucional contra Sebastián Piñera, el Doctor en Derecho de la Universidad de Chile, profesor Claudio Nash, realizó una contundente presentación sobre la responsabilidad que le cabría al líder del clan Piñera-Morel en las violaciones a los derechos humanos cometidas contra el movimiento social. A continuación dejamos los momentos clave de su intervención.

Cuadro de violaciones graves de DD.HH.

“En Chile se ha producido desde el 18 de octubre hasta ahora, un cuadro de violaciones graves de Derechos Humanos. De eso dan cuenta las cifras del Instituto de Derechos Humanos, la Defensoría de la Niñez, las defensorías universitarias, los informes de Amnistía Internacional de Human Right Watch, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que vuelve a condenar el uso excesivo de la fuerza, a las múltiples denuncias que hay sobre violaciones a los Derechos Humanos. Tenemos un cuadro establecido de que aquí se han producido. Otra cosa es quien va a asumir las responsabilidades penales. Eso lo determinarán los tribunales, pero la responsabilidad del Estado por las violaciones a los Derechos Humanos ya se perfeccionó. Si las violaciones de los Derechos Humanos solo existieran cuando las declararan los tribunales, no habría violaciones de Derechos Humanos en Venezuela, no habrían violaciones a los Derechos Humanos en Corea del norte, no habría violaciones de Derechos Humanos en Nicaragua, citando los últimos informes de HRW y Amnistía Internacional. Sería absurdo”.

Responsabilidad de Piñera

“Aquí está el tema más interesante para ustedes (diputados) y es si el Presidente hizo todo lo que estaba dentro de sus funciones para evitar que las graves violaciones a los Derechos Humanos ocurridos a contar del 18 de octubre se mantuvieran en el tiempo, que es lo que denuncia precisamente la Comisión Interamericana en su informe. Es este carácter repetitivo, este poder mantenerse en el tiempo un cuadro de graves violaciones a los Derechos Humanos.

La autoridad del Presidente se extiende a todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden público en el interior  y en la seguridad externa de la República.

De acuerdo a la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros, el artículo 1 señala que esta institución dependerá directamente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Aquí es donde surge la duda si acaso este es un problema del Ministro del Interior y no del Presidente. La mejor respuesta a eso la dio el propio abogado del ministro del Interior (Luis Hermosilla) ante la Cámara Plena, que dijo “no, acá hay responsabilidades que pueden ser más amplias”. Y tenía toda la razón porque la ley -que ustedes deben conocer muy bien porque es reciente-, la 20.502 que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en el artículo 1 señala que el ministro del Interior será un colaborador directo e inmediato del Presidente en asuntos de orden público y seguridad pública, para cuyos efectos concentrará las decisiones políticas en estas materias.

En las bases de la administración del Estado, en su artículo 1 establece que el Presidente de la república ejerce el Gobierno y la administración del Estado, con la colaboración de los órganos que establecen la Constitución y las leyes.

Quien tiene el poder es el Presidente, tiene como colaborador al ministro del Interior y de él depende Carabineros y además de él depende la decisión de que en el Estado de Emergencia actúen también las Fuerzas Armadas.

Todo el análisis que uno hace de los que ha sucedido en estos días tiene directa relación con la responsabilidad del Presidente de la República. ¿Cuáles son esas dificultades y los problemas que las autoridades han dicho que han surgido? Que esas son violaciones de los Derechos Humanos”.

No se adoptaron medidas para evitar nuevas violaciones a los DDHH

“La CIDH ha dicho que el Estado tiene que tomar medidas de prevención, tener un marco jurídico adecuado, brinda equipamiento, seleccionar y capacitar, pero no basta con eso. Porque la discusión acá en el país es todo el día si los protocolos son buenos o son malos. El punto es que cuando los protocolos fallan y el marco normativo demuestra que es insuficiente y se producen situaciones de violaciones a los DDHH por parte de las FF.AA. o Carabineros, la pregunta pasa ser cuál ha sido la actitud que han tomados quienes son responsables de estos actos y ese responsable es el Presidente.

La obligación del Presidente es adoptar  medidas y esas medidas son, y nuevamente la CIDH nos dice que si el Estado creó efectivamente una situación de riesgo para los Derechos Humanos, las medidas que debe adoptar la autoridad deben ser necesarias y suficientes para evitar que se sigan cometiendo hechos de violación a la vida y a la integridad personal. Lo dijo en  un caso con Colombia hace tiempo, en el 2006en el caso “Masacre Pueblo Bello con Colombia”. Por lo tanto, lo que esta comisión debe preguntarse es si el Presidente adoptó medidas eficaces, oportunas, necesarias y suficientes. En ese sentido, lo que ustedes debiesen recibir son todos los decretos, instrucciones y otros instrumentos que den cuenta de las medidas positivas que haya adoptado la autoridad para que no se continuara dando un cuadro de casos de tortura, vejámenes sexuales, mutilaciones oculares. Esa es la valoración de fondo que ustedes deben hacer. ¿Adoptó el Presidente, desde la posición autoridad que tenía, todas las medidas eficaces, oportunas y eficientes?

A mí me preocupa y le di una mirada a la defensa del Presidente, en ese documento de 155 páginas, -pero todos sabemos que al igual que en la Universidad, las pruebas no se pesan, sino que se leen-, me preocupa que en esas 155 páginas que parecen muy contundentes, no se señalan medidas concretas para evitar la continuidad de las violaciones a los Derechos Humanos. Se habla de la agenda social, se habla de las medidas anteriores de protocolos, pero no se habla de medidas concretas que torcieran, cambiaran, corrigieran el rumbo de acción. Eso me parece lo más grave del punto de vista que le está dando el propio Presidente a su defensa.

La única medida que podemos decir que se ha tomado y podemos decir que ha sido eficaz, es la prohibición del uso de perdigones en las manifestaciones. Y esa medida se tomó evidentemente de forma tardía. En eso creo que no hay duda alguna.

El 8 de noviembre, los relatores de Naciones Unidas – seis relatores- manifestaron su preocupación por el tema y la oficina en Chile del Alto Comisionado dijo que debían dejar de usarse los perdigones. Pasó el tiempo y llegamos a 200 personas con trauma ocular y recién ahí se tomó una medida eficaz, pero claramente tardía”.

La irresponsabilidad histórica de declarar que estábamos en guerra

“Tras la declaración de Estado de Emergencia, se empezó a generar un cuadro -en eso creo que el profesor Jaime Bassa lo describe magistralmente con esta idea de que se empezó a actuar como si hubiese una especie de Estado de Sitio de facto- y se empezó a actuar como si todos los Derechos Humanos, por el solo hecho de decretar el Estado de Emergencia, hubiesen entrado en un estado de suspensión. Eso jurídicamente no tiene ninguna validez y la confusión se genera por un problema en el decreto. Además está el contexto que se generó en el marco  de la dictación de ese decreto y al cual ya se ha hecho referencia. Con un estado de emergencia dictado, con los militares en la calle, declarar que estábamos en guerra es probablemente uno de los actos de mayor irresponsabilidad política que ha visto este país en democracia y con todo respeto a la Presidencia de la República, pero no puede hacerse eso, porque todos sabemos las consecuencias que tiene el uso de la fuerza militar. Cuando uno llama a los militares y les dice que estamos en guerra, los militares lo que tienen que hacer es lo que han sido entrenados en hacer, que es doblegar al enemigo por la fuerza. Se genera un ambiente altamente complejo desde el punto de vista normativo, pero también desde el punto de vista del contexto”.

Reciprocidad: el comparado entre Chile y Venezuela

“El caso más interesante tiene que ver con algo que se la ha prestado poca atención y que es muy interesante y que es la propia percepción del Presidente Piñera ara valorar una situación de violación a los derechos humanos. Tenemos algo que en el derecho internacional es clave, la reciprocidad. Esto se ensaña en la tercera clase a los alumnos de pregrado. A los alumnos se les pregunta cómo evaluar la gravedad de una situación. Se tiene que ver lo que ha dicho una autoridad respecto de otro estado, qué le ha exigido. Porque eso pasa a ser el estándar que se me puede pedir a mí. Eso se llama reciprocidad.

Ustedes saben probablemente que el 29 de mayo del 2018, la Secretaría General de la OEA, emitió un informe a través de un panel de expertos independientes, acerca de la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Ese informe, el Presidente Piñera el 3 de junio señaló: “las reprochables acciones de la administración del Presidente Nicolás Maduro, que da cuenta el informe de la OEA, ameritan enviar por los conductos previstos en el Estatuto de Roma, los antecedentes a la Fiscalía del propio órgano internacional”. Por qué les digo que el estándar es interesante, porque el propio Presidente Piñera señaló que un presidente puede ser considerado criminal de lesa humanidad cuando ocurría lo siguiente: cuando ocurrían ejecuciones extrajudiciales, cuando había tortura, cuando había detenciones masivas y cuando había detenciones masivas de niños, niñas y adolescentes.

Les doy las cifras. En Venezuela se consideró que podíamos estar ante un crimen de lesa humanidad porque en cuatro meses se habían producido las detenciones de 4 mil personas. Niños, niñas y adolescentes detenidos en esos mismos 4 meses, 372. Nosotros en 15 días teníamos 600 niños, niñas y adolescentes denunciados. Torturas sexuales: en 4 meses se consideró que podía ser un crimen de lesa humanidad 26 denuncias de tortura sexual. En 15 días nosotros teníamos 52 y hace algunos días el INDH nos daba cuenta de 106.

5 años en Venezuela 12 mil detenciones en el marco de manifestaciones públicas. Nosotros en 15 días teníamos 5 mil 600 y en un mes y algo, 8 mil 500. El presidente Piñera había considerado que 12 mil en 5 años podía ser considerado un crimen de lesa humanidad. Ese el estándar de gravedad de las cifras.

Además está el contexto en el que se le imputa a Maduro por parte del Presidente Piñera su responsabilidad y dice que hay dos hechos que son clave. Uno: que se llevó adelante una política para aterrorizar y someter a la población para que no expresaran su oposición al Gobierno. El carácter sistemático, el Presidente Piñera hace suyo el informe que dice “Es un cuadro que da cuenta de un patrón de conducta repetido o la comisión  periódica de estas violaciones”. Además señaló que estos actos eran especialmente graves por la actitud que había tenido el Presidente Maduro de enviar un mensaje de amenaza, intimidación o agresión. ¿Qué dijo el Presidente Maduro?: “Si Venezuela fuera sumida en el caos y la violencia, nosotros iríamos al combate”. Nosotros dijimos en Chile: “tenemos un enemigo poderoso, estamos en guerra”. Si ustedes no supieran cuál es cuál, difícilmente podrían distinguir una situación de otra y eso es lo más interesante desde el punto de vista de la valoración de gravedad, que es la valoración de gravedad que ha hecho el propio Presidente”.

Interpelación a la Cámara de Diputados

“Su decisión será histórica, pues marcará un estándar en materia de defensa a los DDHH hacia el futuro (…)

(…) La discusión que ustedes tienen, no tiene que ver con una discusión técnica sobre sistematicidad, patrones de conducta a nivel de crímenes de lesa humanidad. Olvídense que van a encontrar nuevamente en la historia una Operación Cóndor, donde aparecen los documentos y está por escrito. Eso no va a suceder. Lo que ustedes tiene que hacer es una evaluación política seria de si la repetición de los actos, la continuación de los actos de violación de los Derechos Humanos en Chile que se mantuvieron en el tiempo, pudieron haber sido distintas si hubiera tomado el Presidente y sus colaboradores, medidas eficaces y oportunas y no haber creado condiciones y haber avalado la conducta de las autoridades que concurrieron en esos actos. Esa me parece que es la evaluación que ustedes deben hacer”.