Sobrepasada por las actuales movilizaciones populares y sin capacidad de dar respuesta política a las demandas de la ciudadanía, no duda en tomar las riendas de la represión.

Pablo Monje-Reyes

Miembro Comité Central. Partido Comunista

10/12/2019. Nuevamente, la derecha chilena da muestras de su carácter antidemocrático y persecutor de los movimientos sociales. Sobrepasada por las actuales movilizaciones populares y sin capacidad de dar respuesta política a las demandas de la ciudadanía, la derecha no duda en tomar las riendas de la represión y adecuar la construcción jurídica del país para criminalizar las manifestaciones sociales legítimas y democráticas, y que hoy han adquirido una connotación multitudinaria extensiva a todo el territorio nacional.

De esta manera, propone al Congreso legislar dos proyectos de ley, a saber, la ley “antiencapuchados”, que establece “el ocultamiento de la identidad como tipo legal, circunstancia agravante y caso de flagrancia, con informe de la Comisión de Seguridad Pública”, y que busca “sancionar con mayor rigor el delito de desórdenes públicos cuando, quien lo cometa, lo haga ocultando su rostro con el objeto de ocultar su identidad” y “se establece como agravante general de los delitos contra las personas, el utilizar capuchas con el objeto de ocultar la identidad”. Y la ley antisaqueos y antibarricadas, que endurece sanciones a delitos de robo en medio de situaciones de calamidad pública o grave alteración al orden. El texto legal detalla seis conductas que pasarán a ser consideradas hechos constitutivos de desorden público, sancionables con reclusión menor en su grado medio a máximo, esto es, desde 541 días a 5 años.

¿Cuáles son los riesgos de esta “nueva legislación”? Primero, condicionar la forma de realizar las movilizaciones sociales que, como cualquier fenómeno social de manifestación colectiva, se da mayoritariamente en un marco de paz y tranquilidad. Pero, la constatación histórica y por años muestra que estas concentraciones masivas pueden ser presa de provocadores y de intervenciones policiales “de inteligencia”, que buscan incitar a desmanes y acciones violentas de los y las manifestantes. Por tanto, los asistentes quedan expuestos a posibles montajes que podrían traer graves consecuencias legales afectando el futuro de una persona, sobre todo cuando los afectados puedan ser jóvenes y estudiantes. Segundo, incrementar la sanción de formas de interrupción del tránsito público por medio de barricadas y otros instrumentos, es simplemente terminar con el derecho a manifestarse en las calles del país. Quizás, lo que pretende la derecha es que las manifestaciones públicas sean solo en recintos cerrados. Tercero, la ley antisaqueos es claramente un delito penal que no tiene por qué vincularse a la movilización social. Se debe mejorar su descripción y sus sanciones y de ello no cabe duda, pero no tiene porqué vincularse conceptualmente a manifestaciones sociales públicas.

Debemos establecer una muy seria alerta sobre los riesgos de estos “mejoramientos” legales. Como ya sabemos y de manera trágica, a renglón seguido y como ha ocurrido a lo largo de la historia de Chile, se establecerá que ya no es suficiente tener mejores normas y más claras en sus sanciones, sino que en el debate político y jurídico de la derecha y sectores conservadores, se instalará la perversa idea de no solo perseguir al que realiza materialmente “el delito”, sino a quien convocó a la movilización, al “instigador”, a los que subieron al estrado a “azuzar a las masas”, es decir, dar píe a iniciar la persecución penal o más bien política a las y los dirigentes sociales y sindicales. Esto es y finalmente, criminalizar las demandas populares e iniciar un ciclo de persecución política en Chile a todo lo que huela a dirigencia social critica democrática. Según nuestra propia memoria histórica, sabemos que esto puede terminar con dirigentes sociales y sindicales en las cárceles y, por tanto, haciendo de la democracia como sistema político apenas un feudo privado de los poderosos de siempre y de su institucionalidad una triste caricatura administrativa funcional a sus intereses.