El trasnochado acuerdo del 15 de noviembre logrado por los partidos de gobierno con un sector significativo de la oposición, muestra hoy sus debilidades.

Juan Gajardo

Miembro de la Comisión Política del Partido Comunista

09/12/2019.Transcurridos ya más de cincuenta días desde el comienzo de las movilizaciones populares, estas se mantienen con las fluctuaciones propias de todo movimiento social, venciendo el intento del gobierno que ha jugado a su desgaste y que para eso, además de la brutal represión, ha utilizado todo su poder en los medios de comunicación presentando, por ejemplo, ahoraestas jornadas de movilización como una catástrofe, similar a un terremoto, que ha generado significativas pérdidas al país. Tengamos presente que en lo sustantivo este gobierno no ha modificado su rumbo y siendo un gobierno derrotado políticamente, ha mostrado capacidad para encajonar a los sectores no gubernamentales en una maraña legislativa a nivel de Parlamento, que no da respuestas a los movilizados en  temas tales comoprevisión, salud, etc.,pero que sísabe construir acuerdos espurios contrarios a los intereses de las mayorías.

La movilización social, independiente de los logros parciales que obtenga, puso como necesidad una nueva Constitución y eso ya es significativo.Parte sustantiva con la cual recubrían de legalidadsu actuar los sectores dominantes, era apelando a la ilegítima Constitución dictada en plena época de dictadura. Le sirvió a la derecha en un primer momento para despojar al Estado de empresas productivas y de servicios y luego para mercantilizar derechos básicos como la salud, la educación, la previsión y otros. Fue la excusa que usó durante muchos años la coalición gobernante post-dictadura para justificar la imposibilidad de transformaciones más profundas necesarias para la mayoría de l@s habitantes de este país. De ahí deriva la obligación de tod@s quienes nos sentimos parte de este pueblo movilizado, a oponernos a cualquier conducta que busque impedir la expresión real de la ciudadanía. Por eso, reiteramos nuestro parecer que es una Asamblea Constituyente el mecanismo más democrático, que en la elección de delegados/as constituyentes se debe respetar la paridad de género, que los pueblos indígenas deben estar representados, que se deben buscar fórmulas para que los no militantes de partidos políticos tengan opciones reales de ser electos sin tener que renunciar a su independencia; en definitiva, que prevalezca la voluntad popular.

El trasnochado acuerdo del 15 de noviembre logrado por los partidos de gobierno con un sector significativo de la oposición, muestra hoy sus debilidades. Una ignota comisión técnica construye propuestasy los sectores políticos signatarios del compromiso marcan diferencias. El sector de partidos opositores concurrente a dicho acuerdo es el mismo que, hace pocos días atrás,  aprueba en la Cámara de Diputados un proyecto que bajo el pretexto de combatir saqueos y la  destrucción de edificios públicos, propósito general compartido, en verdad lo que persigue es criminalizar y sancionar toda expresión de movilización social,proyecto que contó con la oposición  de la bancada completa del PC más otros diputad@s. Estos dos hechos van marcando una reconfiguración del mapa político, también derivado del proceso de movilizaciones populares. Pareciese dividir el mundo opositor entre quienes buscan mantener, sin duda con maquillajes, el orden actual y quienes vislumbran, a partir del proceso iniciado el 18 de octubre, la necesidad de superar el actual injusto modelo. El gobierno logra un primer éxito cuando lleva al escenario parlamentario la definición de demandas planteadas por el pueblo movilizado y lo definimos como éxito para la derecha no porque desconozcamos el Parlamento como natural espacio de toma de decisiones, sino porque sectores importantes de la oposición lo hacen reemplazando o en contradicción con el movimiento social. Obliga a los parlamentarios que entienden  que sufunción forma parte de un proceso de transformación más profundo de nuestra sociedad, a tener muy presente siempre la claridad del mensaje que emiten.

Lo grave de la conducta de este sector negociador in extrema res, porque dicho también claramente siempre en un momento se debe “negociar”( incluso en las guerras), es que en algún sentido avala en la práctica conductas negacionistas, del gobierno y la derecha, de las sistemáticas violaciones a los DDHH, producidas en este período, bajo el argumento del restablecimiento del orden. Es evidente la regresión histórica que en este terreno se ha producido, avalada por cierto manto de impunidad que cubre aún a los violadores de los DDHH durante la dictadura. Queda claro que las fuerzas policiales y muy probablemente las FFAA, no han internalizado una doctrina de respeto a los DDHH y eso se convierte en un desafío si lo perseguido es una auténtica democracia. Hoy como ayer, las víctimas de la violencia del Estado se organizan exigiendo Justicia, Verdad y Reparación. Hoy como ayer somos parte de ese movimiento.