La revolución se comporta como ese viejo topo que no se detiene en su camino, que excava profundamente en el suelo de la historia y nos toma por sorpresa cuando asoma la cabeza.

Daniel Núñez

Diputado

06/12/2019. El 18 de octubre de 2019 estalló en las calles una revuelta social que ha dejado pasmados a moros y cristianos. Las históricas protestas recuerdan aquella famosa advertencia de Marx sobre los sucesos de 1870 en Francia: La revolución se comporta como ese viejo topo que no se detiene en su camino, que excava profundamente en el suelo de la historia y nos toma por sorpresa cuando asoma la cabeza.

La alusión marxista al “viejo topo” cobra una vigencia impresionante si consideramos lo inesperado y vertiginoso de los acontecimientos que han sucedido desde el 18 de octubre del 2019.

La protesta espontánea que estalló ese día en Santiago -y que incluyó la quema de varias estaciones del Metro-fue en repudio a la brutal represión de Carabineros en contra de estudiantes secundarios que habían evadido el estratégico medio de transporte. Esa coyuntura desencadenó un tsunami social de telúricas magnitudes. Fue algo desconocido, sin parangón en la historia reciente de Chile. En otras palabras, se manifestó una rebelión de tal radicalidad, masividad y legitimidad, que resultó absolutamente inimaginable para la gobernabilidad neoliberal.

En la opinión pública hay consenso de que estamos frente a un acontecimiento histórico, una especie de motín popular, algo más parecido a como luchaban la clase trabajadora y las masas populares en la primera mitad siglo XX. Por eso han sido reiteradas las menciones a la famosa huelga de la “Chaucha” del año 1949.

Lo que se ha visto en las calles durante octubre y noviembre de 2019 es harta protesta espontánea en barrios medios y poblaciones populares, pero también mucha rabia y furia acumulada que se ha manifestado con la destrucción de sucursales de bancos, AFP’s, farmacias, saqueos e incendios de supermercados. Dado que los acontecimientos están en pleno desarrollo, es imposible aventurar su desenlace, pero es evidente que este estallido social ha desembocado en la mayor crisis que ha vivido el país desde 1990.

El estallido social se agudiza por la profunda desconfianza de la población hacia el conjunto de las instituciones esenciales de la sociedad. Ya no se trata tan solo del consabido descrédito de los partidos políticos y el Parlamento, pues venía incubándose desde 1997, sino que también de una perdida de legitimidad de otros poderes del Estado como las FF.AA. y Carabineros, golpeados por innumerables y millonarios casos de corrupción. A ello se suma el Poder Judicial, afectado por el llamado “desastre” de Rancagua, y el propio Ministerio Público, inmerso en una bullada disputa de poder entre fiscales.

Ninguna institución relevante se salva, pues la Iglesia Católica -y en menor medida la Evangélica- también viven su propio calvario de la mano de escalofriantes denuncias de abuso sexual realizados por sacerdotes de diversa jerarquía, algunos de ellos muy renombrados, como el fallecido cura Renato Poblete, excapellán del Hogar de Cristo.

El efecto en la ciudadanía de esta profunda deslegitimación del conjunto de la institucionalidad es evidente. La gente está extremadamente desconfiada y quienes se movilizan ya no le creen a casi nadie, en especial si quienes le hablan están vinculados al orden institucional. Los sectores que pueden desempeñar un papel de contención se pueden contar con los dedos de una mano. Actores emblemáticos como la Iglesia Católica, que durante la dictadura ejerció un rol activo en la defensa de los derechos humanos, hoy está fuera de juego.

Las protestas que surgen desde el 18 de octubre en adelante superan con creces la desdichada alza de 30 pesos en el pasaje del Metro. El renombrado incremento fue el catalizador del larvado malestar social y que explosionó con inusitada violencia. Entre los manifestantes se acuñó la famosa frase “no son 30 pesos, son 30 años” en alusión a los casi tres lustros de democracia. Se devela un profundo cuestionamiento al orden social construido durante los gobiernos de la Concertación y del propio Presidente Sebastián Piñera.

Eso explica porque este movimiento supera con creces a una reivindicación específica, aun cuando existen demandas emblemáticas como son el fin del sistema de AFP’s y mejores pensiones, el alza del salario mínimo, mejoras en la salud pública y otras. En definitiva lo que se demanda es el fin de los abusos que soportan las grandes mayorías nacionales por la agobiante mercantilización de la sociedad y el fin de los privilegios que gozan las élites. Sin embargo, al calor de la propia movilización, del ímpetu que ella fue adquiriendo, de la incorporación de actores como el movimiento sindical y otras organizaciones ciudadanas, se fue delineando una exigencia que sumó apoyos y permitió la convergencia de las reivindicaciones particulares en una central: Una nueva Constitución.

Al instalarse la demanda por la nueva Carta Magna, el discurso de la protesta social se politizó,fortaleciendo el relato crítico al neoliberalismoqueasocia el orden de mercado con la normativa constitucional que impuso la dictadura de Pinochet. Se masificó la propuesta de la Asamblea Constituyente, pues ella encarna ese deseo de emancipación frente al mundo político al canalizar el sentimiento popular que exige que sean ciudadanos ajenos al establishment quienes redacten la nueva Constitución.

Si al principio se recurrió a la renombrada metáfora marxista del viejo topo, ahora podríamos recurrir a otra aún más célebre. Así como Marx hablabaen el Manifiesto Comunista que Europa era incapaz de liberarse del fantasma del comunismo-que reaparecíauna y otra vez-, bien se podría decir que el fantasma de la nueva Constitución sale de la ultratumba y vuelve a revivir los temores que la clase dominante creía olvidados. No deja de ser sugerente que en aquella materia en que el gobierno de Nueva Mayoría menos avanzó, aquella más postergada, se convierta en la demanda emblemática de la oleada de protesta social que remece al país.

Para que el proceso constituyente y la salida democrática sea lo más avanzada posible, es necesario trazar un camino. Para los comunistas la solución democrática es el único camino posible para superar la profunda crisis. Para ello, hay que superarel bloqueo legal del cual es portador el engendro constitucional pinochetista,forzando a la institucionalidad vigentea validar la realización de un plebiscito, en donde la ciudadanía pueda reafirmar su apoyo a una nueva Constitución y defina el mecanismo bajo el cual se redactara.

Si bien es efectivo que está en marcha un incipiente proceso constituyente, también es cierto que ha debido enfrentar un sinfin de trabas, incluyendo una espuria negociación entre la mayoría de las fuerzas opositoras con los partidos derecha, que ha limitado de manera severa la opción de una Asamblea Constituyente auténticamente soberana, sin vetos de minorías y libre de la tutela de los poderes fácticos.

Tenemos la convicción que independiente de estos obstáculos, ha quedado instalado como solución a la crisis la realización de un plebiscito en el mes de abril de 2020, donde la gente debe pronunciarse entre dos alternativas para redactar la nueva Constitución. Todo apunta que en lo inmediato dicha salida seguirá abriéndose camino.

Ahora bien, abrir las alamedas de la democracia y hacer saltar los candados del tutelaje es un proceso lleno de contradicciones, avances y retrocesos, de tiempos entrelazados. A pesar de lo intrincado que puede resultar esta lucha es posible identificar dos hitos en este procesoo, si se prefiere, dos momentos claves.

Por una parte, la salida democrática inmediata que, como hemos señalado, comprometa una nueva Constitución con participación ciudadana vinculante. El otro momento decisivo, -y tal vez el fundamental-, apunta a quien logra en el mediano y largo plazo capitalizar a su favor la crisis, mostrando una alternativa que seduzca a las grandes mayorías y cambie las correlaciones existentes tanto el Parlamento como en La Moneda.

Esa medición de fuerza tiene nombre, apellido y fecha de realización: Las elecciones presidenciales y parlamentarias del domingo 21 de noviembre de 2021.Aun cuando las elecciones municipales –y de posibles delegados constituyentes- son un importante apresto, las citas decisivas son las elecciones del 2021.

Ese día se juega la solución democrática a la crisis. De sus resultados depende que se configure -o  se consolide-un nuevo escenario y que los partidos opositores lleguen a La Moneda. Por supuesto surge de inmediato la interrogante. Pero, ¿de cuál oposición estamos hablando?…¿De un Frente Amplio remozado?¿de una convergencia hegemónica entre el llamado Bloque Progresista (PPD y PS) con los sectores moderados del Frente Amplio (RD-Liberales) que imponga sus términos al resto de la oposición?

Creemos que en este minuto sería inútil agotarnos con especulaciones inconducentes respecto al tipo de alianza opositora que podría ganar las futuras elecciones presidenciales. Incluso, puede ser un error asumir tan livianamente que la crisis se resuelve mecánicamente si la oposición gana las futuras elecciones presidenciales.

Veamos este punto con mayor detalle. Es interesante rememorar las condiciones socio-políticas y subjetivas en que se gestó la Nueva Mayoría. Esa alianza surgió como una respuesta al ciclo de movilizaciones sociales que se desarrolló durante al año 2011 y que descolocó a los partidos que formaban la otrora Concertación.

En ese contexto surgió este sui-generis conglomerado y que superó la exclusión que por más de veinte años vivió el Partido Comunista para avanzar en reformas estructurales desalineadas con las políticas neoliberales reinantes durante décadas. La cronología de los hechos habla por sí misma: Año 2011 movilizaciones, luego se conforma la Nueva Mayoría en el 2013y ese mismo año Bachelet gana las elecciones.

Es válido preguntarse…¿Se seguirá ahora el mismo rumbo luego de la crisis del 2019?, ¿Se reordenarán las alianzas opositoras y se ganaránlas elecciones del 2021? Son opciones posibles y deseables, sin embargo, es necesario advertir sobre dos aspectos que pueden resultar determinantes respecto al carácter de un futuro gobierno de la actual oposición.

La firma del llamado “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución”que suscribieron el conjunto de los partidos que formaron parte de la Concertación y las fuerzas mayoritarias del Frente Amplio, constituye un minuto de definiciones de impredecibles consecuencias.

Es difícil ver ingenuidad en la decisión que se adoptó. Cuando se acuerda que una futura convención constituyente debe tomar acuerdos por 2/3 de sus integrantes, se le entrega un poder de veto a una minoría dispuesta a inmolarse para preservar incólume la inmensa riqueza que han acumulado gracias a la consagración constitucional del neoliberalismo.

Lo razonable es suponer que los firmantes del Acuerdo por la Paz aspiran a una Constitución de mínimos consensuados por los famosos 2/3, -que en el mejor de los casos-, dejará espacio abierto para que futuras leyes más avanzadas puedan completar una obra democratizadora inconclusa.

Lo concreto es que la fórmula del veto de minoría quita profundidad democrática a la nueva Constitución y posterga definiciones constitucionales que pongan en jaque al neoliberalismo en temas claves como la propiedad del agua, los recursos naturales y derechos sociales.

El otro aspecto en cuestión es que dicho acuerdo fue suscrito a espaldas de la ciudadanía imitando las viejas puestas en escena que nos tenía tan acostumbrados la política de los consensos con la derecha. Prácticas de este tipo agudizanel desfase entre las luchas sociales y la representación política y, lo más grave de todo, puede ser leído como una señal de menosprecio de los partidos mayoritarios de la oposición al movimiento social.

Es obvio que este tipo de señales debilita la necesaria alianza entre un futuro gobierno democrático y los movimientos sociales. Al respecto, las experiencias gubernamentales del Bacheletismo, ratifican en forma indesmentible la necesidad de contar con el apoyo de los movimientos sociales cuando se impulsan reformas profundas. En términos más directo, se necesita calle y fuerza social para sortear con éxito las vallas que imponen los grupos dominantes que, en el caso chileno, se oponen con tenacidad a cualquier cambio que afecte sus intereses, por más pequeño que sea.

En definitiva, el contenido democratizador y contrario al neoliberalismo que se logre escriturar en la nueva Constitución será un aspecto clave para ampliar o limitar las posibilidades de desenvolvimiento de una coalición transformadora que gane las elecciones presidenciales y parlamentarias de noviembre del 2021.

Y aquí esta justamente la preocupación: No basta con ganar el gobierno. Hay que jugársela por generar las condiciones más ventajosas posibles porque, de otra manera, existe la posibilidad de quedar prisionero del tutelaje de poderes fácticos o, incluso, de remozados mecanismos constitucionales que tuerzan la soberanía popular como sucede hoy.

Lo otro es algo bastante obvio, pero en este caso lo que abunda no daña. Es necesario recalcar que puede haber inmejorables condiciones para avanzar, que se puede llegar a contar con una Constitución progresista en sus definiciones. Sin embargo, para impulsar una política transformadora, de salida del neoliberalismo, se requiere si o si una coalición con la voluntad política de impulsar dichas transformaciones. Y eso también está a prueba.