Complejo escenario enfrenta el mandatario ante testimonios de violaciones a los DDHH. Defensa descartó responsabilidad. El jueves se votará en Sala.

Equipo ES. 06/12/2019. El Presidente Sebastián Piñera está en medio de unos de los escenarios más complejos de su historia política. Tras el estallido social el mandatario mostró un cuadro de imprecisiones e irregularidades que lo tienen al borde de perder su cargo. Ya van cincuenta días de iniciado el proceso de revuelta social donde las movilizaciones no cesan y donde las respuestas del gobierno solo se enfocan en la urgente necesidad de restablecer el orden público por sobre las demandas del pueblo. La respuesta represiva y militarizada del gobernante tiene a país en medio de uno de los peores cuadros en materia de derechos humanos después de la dictadura.

Es por ello que la acusación constitucional que presentó parte de la oposición en contra de Sebastián Piñera pretende establecer las responsabilidades políticas que le caben al mandatario en las graves, reiteradas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado en el último mes. Y también por haber comprometido gravemente el honor de la nación, dada la preocupación expresada por la comunidad internacional.

En ese marco el Partido Comunista (PC) decidió sumar apoyos y usar esta herramienta constitucional. El presidente de la tienda, diputado Guillermo Teillier, aseguró que “decidimos presentar la acusación constitucional en contra del Presidente Sebastián Piñera, porque era un deber ético. Este es un juicio político, sobre su responsabilidad como Presidente de la República en lo que fueron violaciones a los derechos humanos por parte de agentes del Estado”.

Desde hace poco más de una semana en la Cámara de Diputados comenzó a sesionar la comisión especial que estudia la acusación, la cual en su mayoría está compuesta -por sorteo- por diputados de oposición: Gastón Saavedra (PS), Boris Barrera (PC), Daniel Verdessi (DC), Sofía Cid (RN) y Gastón Von Mühlenbrock (UDI).  En esa instancia los parlamentarios han escuchado las exposiciones y experiencias de víctimas de la violencia de estado, a los asistentes médicos que ejercen como voluntarios en las manifestaciones, autoridades de Estado, abogados defensores, organismos internacionales de derechos humanos, entre otros.

Los primeros en comparecer en la instancia fueron el abogado constitucionalista, Jorge Correa Sutil, y las representantes de Amnistía Internacional. El jurista dijo que las evidencias presentadas en el libelo son indicios suficientes de que hubo uso excesivo de la fuerza en las calles y trato cruel, inhumano y degradante contra los manifestantes. Consideró que algunas decisiones del Presidente como declarar Estado de Emergencia, declarar la guerra y citar al Cosena, son errores, pero que, sin embargo, ejerció sus deberes constitucionales.

Desde Amnistía Internacional, su directora, Ana Piquer, y la investigadora en contextos de crisis, Pilar Sanmartín, se refirieron a las conclusiones del informe que presentaron al gobierno hace algunas semanas. “Lo que en definitiva concluimos es que, actualmente, sí se han cometido graves y generalizadas violaciones de los derechos humanos, que no se puede hablar meramente de casos aislados, que estamos hablando de un patrón de conducta que se está repitiendo en muchos lugares de Chile y que, por lo mismo, esto puede significar una responsabilidad no solo de las personas que están cometiendo esos actos; sino también, una responsabilidad de mando”, informó.

En las otras sesiones llegó el turno de las víctimas. En ese marco los parlamentarios pudieron escuchar el testimonio del camarógrafo corresponsal de Mega en Concepción, Alejandro Torres, quien en pleno estado de emergencia, mientras realizaba su trabajo reporteando una manifestación, recibió un perdigón por parte de Carabineros en su ojo izquierdo, lo que provocó que perdiera la vista y por tanto su trabajo.

“Perdí una herramienta importante para desenvolverme laboralmente. Ya no voy a poder seguir trabajando en lo que más me gusta que es la parte audiovisual, específicamente en cámara y eso me deja una gran preocupación” manifestó Torres.

Asimismo, Inés Robles, Coordinadora del Consultorio Jurídico de la Universidad de Valparaíso, expuso que hasta la fecha se presentaron 120 denuncias, 32 por lesiones con perdigones, 67 por golpes de luma, patadas, puños y atropellos por motocicleta, siete por daños psicológicos, tres por desnudamientos y agresiones sexuales, tres impactos directos de lacrimógenas en su cuerpo, ocho por efectos de gases y aguas con químicos, junto a detenciones ilegales y vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes.

En tanto, la directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, Nancy Yáñez, indicó que “nosotros tenemos son aproximadas 2 mil 200 denuncias de violaciones a los derechos humanos. Estas tienen que ver mayoritariamente con lesiones por proyectiles no balísticos”.

También estuvo presente en una de las sesiones de la comisión el Movimiento Salud en Resistencia, una organización de 500 voluntarios de distintas profesiones que salen a brindar primeros auxilios en las protestas santiaguinas, donde cuentan con seis puntos de atención. El organismo informó que han atendido a mil 628 personas lesionadas, donde destacan 117 casos de personas vulnerables, entre niños, niñas y adolescentes, embarazadas y migrantes.

El enfermero José Silva recalcó que, de 4 mil 600 heridos que se han registrado en las concentraciones capitalinas, quienes fueron atendidos por este grupo de voluntarios y también por otros, son al menos dos mil los que recibieron perdigones en sus cuerpos. Dijo que “esto es lo más grave de la violencia institucional del Estado, que deja una cicatriz en las personas y que requiere atención médica y sicológica y acciones de reparación y justicia”.

Además, el profesional comentó que después de la muerte de Abel Acuña -15/11-, por un paro cardiaco, comenzó el ataque policial dirigido a los equipos de primeros auxilios. “Hemos puesto recursos de protección y, ahora, estamos preparando una querella con el INDH porque han ingresado a nuestros puntos, han golpeado a nuestros voluntarios profesionales y estudiantes de la salud, que han resultado con lesiones en algunos casos graves que han requerido de licencia médica”, expresó.

La abogada Camila Troncoso, miembro de la Asociación de Abogadas Feministas, estuvo presente en la quinta cita del espacio parlamentario, donde cuestionó los protocolos de Carabineros respecto a las detenciones de mujeres a quienes las obligan a denudarse. “Que un protocolo establezca expresamente que no se puede desnudar a las personas que están siendo detenidas pero que, en la práctica, vemos que en el 95 por ciento de nuestros casos desnudan a las mujeres en comisarías, nos habla de prácticas que están arraigadas en las instituciones”, sentenció.

Quien también fue víctima de violencia y persecución policial, fue la presidenta de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios, Valentina Miranda, quien expuso sobre los riesgos que corren los manifestantes al salir a la calle, por lo cual varios portan escudos.

“Salir con escudos no es algo normal, no he visto ninguna manifestación en Europa en donde los manifestantes salgan con escudos porque se tienen que proteger de proyectiles, no es posible que hoy una fundación nos haya donado antiparras para salir a manifestarnos, en qué lugar del mundo organizaciones donan antiparras a menores de edad para poder protestar de manera segura, en qué lugar del mundo existen tantas personas ciegas por culpa de una policía estatal”, subrayó.

Las reacciones

El diputado del PC, Boris Barrera, recalcó que “estas audiencias sirven para hacerse una imagen amplia sobre lo ocurrido en Chile en materia de violaciones a los derechos humanos. Con todos los invitados que hemos tenido, creo que salen más argumentos, en relación a lo que nosotros fundamos en esta acusación”.

Y añadió que “cada vez, cada testimonio que se presenta acá, la verdad es que nos sorprende y vemos que no hemos comprendido la magnitud de este problema. Y parte de las estadísticas que muestra en INDH, en instituciones relacionadas con derechos humanos, hay miles de casos de gente que no denuncian, de gente que tiene miedo”.

El diputado del Partido Socialista, Gastón Saavedra señaló que “se va construyendo la convicción de que, efectivamente, el Presidente de la República tiene responsabilidades y tiene que responder al país. Se requiere con urgencia un plan de reparación para todas aquellas personas que han perdido la vista y que hoy no pueden trabajar”.

En tanto, el presidente de la comisión, el parlamentario democratacristiano, Daniel Verdessi, destacó que “estas audiencias han permitido tener dos visiones. Una es la violación manifiesta de derechos humanos por mutilaciones, por problemas físicos, por pérdida de ojos e incluso los cinco muertos que fueron provocados por agentes del Estado. Y, por otra parte, la pérdida de otros derechos humanos tan importantes como son el libre tránsito, el derecho a trabajar, el derecho a usar los medios de locomoción”.

La defensa de Piñera

En 155 páginas el jefe de gobierno presentó su defensa ante la acusación constitucional. En el escrito el mandatario desestimó la existencia de actos propios que infrinjan la Constitución. El abogado defensor, Juan Domingo Acosta, apelará a la “cuestión previa”, es decir, si los parlamentarios en Sala votan a favor de esta queda desestimada la acusación, de no ser así la presentación debe seguir su curso. Es por ello que la defensa sumó los argumentos de fondo. Entre esos argumentos se indicó que el mandatario no puso en riesgo el honor de la nación.

“La comunidad internacional no sólo ha brindado su apoyo a este Gobierno, sino que además ha reconocido que la actuación del Presidente de la República ha facilitado la investigación de los graves hechos denunciados. En estos términos ha sido reconocido por el Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Director para las Américas de Human Rights Watch y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y otros actores nacionales e internacionales”, sostuvo el escrito.

Y agregó que “la Acusación no entrega antecedentes suficientes que permitan dar por acreditadas violaciones a los derechos humanos ni tampoco permite distinguir las circunstancias en que cada uno de ellos ocurrieron”.

El miércoles 11 de diciembre la comisión deberá votar la acusación, mientras que en Sala se votaría el jueves 12.