Los presupuestos fiscales requiere hacerse con una activa participación de la ciudadanía y, desde luego, de las organizaciones sindicales y gremiales.

Hugo Fazio. Economista. 02/12/2019. El proceso de aprobación parlamentaria del presupuesto fiscal del año 2020 se efectuó mientras el país vivía la extraordinaria movilización ciudadana iniciada el 18 de octubre. Ello condujo a que se expresasen tanto en los ingresos como en el gasto modificaciones sensibles al proyecto inicial presentado siendo Felipe Larraín ministro de Hacienda. Desde luego es un acontecimiento inusual que durante este proceso se cambiase de titular de Hacienda. Como también fue destacado que estuvieron como nunca presentes las demandas ciudadanas. En materia de ingresos se pasó de un proyecto que los reducía, especialmente al buscar sacar adelante la reintegración de impuestos de grandes empresas, por otro que los aumentó.

A la vez, la caída en los niveles de actividad económica tanto de 2019 como en las proyecciones para 2020 condujo a una disminución de fondos por este concepto. La estimación de crecimiento económico que cuando se presentó el proyecto se estableció en 3,3%, finalmente se redujo en un punto porcentual a 2,3%. El ministro de Hacienda Ignacio Briones calculó que “un punto de crecimiento menor equivale a US$3.000 millones menos para la economía, y para efectos de ingresos fiscales a US$600 millones menos” (27/11/19).

De otra parte se introdujeron en el presupuesto gastos superiores a los previstos inicialmente. Al cerrarse el proceso de su aprobación, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, informó del incremento en el gasto en comparación con el del año en curso. “Este Presupuesto –explicitó- tiene un crecimiento de casi 4,5%,  originalmente estábamos en 3%. Como es evidente –añadió- vamos a que tener que ocupar recursos para la reconstrucción de la infraestructura que ha sido dañada. Producto de la paralización del país y la violencia que hemos visto, cada día que pasa la cuenta sube (…)”. (27/11/19).

La evolución al alza de los niveles de gasto informados fue constante. Al 3% original de Felipe Larraín, su sucesor al actualizar el escenario fiscal 2019-2020 comunicó que aumentaría a 3,8%. Para consignar luego de los incrementos producidos en la parte final de la discusión del presupuesto que el incremento llegaría al 4,5%. Sin duda, ello conduce a aumentar el déficit fiscal que a inicios de noviembre se estimaba en 2,9%.

Un aumento importante del gasto se produjo al incorporar como una glosa del presupuesto el incremento de la Pensión Básica Solidaria  (PBS) y de la Pensión Máxima con Aporte Solidario (PMAS), que en el proyecto inicial se incrementaba en 10%, aumentándose después a 20% en la precaria agenda social establecida por Piñera en los primeros días de la movilización social. Este porcentaje cuando el proyecto se aprobó en la Cámara de Diputados se aumentó a 50% al votarse casi unánimemente una propuesta presentada por la diputada Ximena Ossandón.

En el trámite en el Senado, el ministro de Hacienda negoció un acuerdo con la pretensión que fuese definitivo. Acordándose un incremento en la PBS y en la PMAS a regir desde enero de 2020 solo para las personas mayores de 80 años. Para los de edad entre 75 y 80 años se estableció un aumento de 30% en enero 2020 y de 50% en enero de 2022. Finalmente los menores de 75 años percibirán un incremento de 25% en enero de 2020, 40% en enero de 2021 y 50% en enero de 2022. Para los aumentos posteriores a 2020, el mejoramiento se concretará mediante una ley corta.

La propuesta fue rechazada en la Cámara de Diputados, defendiéndose el incremento general de 50%. En la comisión mixta, Ignacio Briones propuso como un nuevo beneficio adelantar el pago del incremento en las pensiones  solidarias al mes de diciembre, la cual se hará con cargo al presupuesto de 2019 mediante una ley corta a presentar inmediatamente por el Ejecutivo, el cual tendrá un costo de US$80 millones. De esta manera a partir de diciembre las pensiones básicas de los adultos mayores de 80 años serán de $165.302, de los jubilados de 75 a 79 años de $141.261 y para el resto de $137.751. El tema previsional tiene una importancia central en las encuestas del Termómetro Social. Un 49% la colocó como primera prioridad en la efectuada en el mes de octubre.

En el tema previsional sigue pendiente el proyecto de la reforma de pensiones presentado por el Ejecutivo, que contiene atentados en contra de los trabajadores, al establecer un incremento de su cotización formalmente con cargo a los empleadores, el cual no se justifica mientras permanezca sin utilizarse en beneficio de los jubilados un alto porcentaje de la cotización que efectúan y la cual en general crece mes a mes, el que queda en poder de las AFP y compañías aseguradoras.

Se llegó a compromisos también para rebajar en un 50% la tarifa  vigente al primero de noviembre de 2019 de transporte público para los adultos mayores de 65 años y aumentar el per cápita de la Atención Primaria de Salud en un 11%, de $6.722 a $7.200. Estas decisiones fueron refrendadas en la discusión de la comisión mixta. Se acordó en esta instancia la creación de una mesa técnica para discutir el financiamiento de la educación superior, entre ellos el tema del CAE. Los gastos reservados a carabineros se establecieron en el mínimo legal existente.

El Colegio Médico consideró el incremento de atención primaria insuficiente. Su presidenta, Izkia Siches, afirmó que “era el momento de dar un paso mucho más significativo. (…) para que no viviéramos la crisis sanitaria que tuvimos este año con la falta de insumos”. El “Estudio de mercado sobre medicamentos”, divulgado por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) nos conduce a temas de fondo. El  documento muestra que un 25% del costo de los medicamentos se debe al marketing realizado por la industria farmacéutica de sus productos. Destaca además la distorsionadora influencia de visitadores médicos y laboratorios en las decisiones de los médicos. Concluyendo que el costo de los medicamentos disminuirían en un alto porcentaje con las medidas propiciadas.

Ignacio Briones cuantificó el impacto en el gasto público del acuerdo alcanzado con los senadores. “Esto cuesta –capituló- mucho dinero. Estamos hablando de US$1.000 millones el primer año (2020), US$1.300 millones el segundo año (2021), US$1.600 millones al tercer año (2022)” (23/11/19).

Con el presupuesto 2020 y leyes cortas que establecerán gastos para años posteriores se enfrentan en lo fundamental medidas de corto plazo. El país requiere para reducir el alto grado de desigualdades existente, no solo de ingresos y riqueza, sino de muy variadas índoles, decisiones de largo plazo. “Las ciencias sociales -nos dice Dante Contreras del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES) de la Universidad de Chile- han documentado desde hace varios años las múltiples variantes de dicha desigualdad. Aspectos como la desigualdad de ingresos, de oportunidades en el mercado del trabajo, desigualdades de género, de oportunidades a temprana edad, desigualdad en el acceso a una educación y salud de calidad, desigualdad de trato, territorial, etc.” (23/11/19). Se precisan para enfrentarlas cambios estructurales. El ejemplo más obvio es el proceso de llevar las pensiones básicas a un nivel superior, pero ello no afecta en nada el negocio de las AFP en contra del interés del país y de los cotizantes.

Para dar estos pasos se requiere aumentar los ingresos permanentes, lo cual debe ser con cargo a la reducida capa de la población de altos ingresos. El financiamiento se está produciendo con ingresos extras que proporciona el acuerdo tributario aprobado con la Comisión de Hacienda del Senado, que representa fondos cercanos solo a un 0,4% del PIB, endeudamiento fiscal adicional y recursos existentes en los fondos soberanos. Así los ingresos permanentes siguen siendo limitados para cubrir gastos que a su vez también tienen este carácter.

 

Foto: Bárbara Guerrero