Lo alcanzado hasta ahora no es poco, pero es insuficiente, y no existe garantía de que el anhelado cambio constitucional se realice de no mediar una acción de unidad social y política.

Marcos Barraza

Miembro de la Comisión Política del PC

01/12/2019. Sin duda, tras la firma en el Congreso del denominado “Acuerdo por la paz social y una nueva Constitución”, entre los partidos de la derecha y los partidos de la ex Concertación y una parte mayoritaria del Frente Amplio, la movilización y su masividad y poder transformador no concluye, sino más bien queda en punto suspensivo.

Si la movilización de millones de chilenas y chilenos había logrado arrinconar y neutralizar todos los instrumentos de coacción del gobierno, incluida la violencia física y psicológica más brutal, la firma del Acuerdo le restaura protagonismo y capacidad ofensiva a la derecha y posiciones neoliberales, con el propósito de limitar el potencial trasformador de los cambios demandados a partir del estallido social.

Así, la posibilidad de no decaer en términos de intensidad y politización del debate social será clave para profundizar los cambios políticos, económicos y sociales que las mayorías nacionales exigen, condicionado en buena medida a la capacidad del movimiento social de seguir ocupando y apropiándose del  espacio público alcanzado, que de manera simbólica y concreta desplaza la acción privada del mercado de las relaciones de convivencia social e instala la noción deliberativa de pueblo en las calles y la discusión pública.

La demanda de una Nueva Constitución, fruto por primera vez en la historia de Chile de la voluntad popular, se constituye en la principal aspiración y síntesis de transformaciones sistémicas y vivenciales de la mayoría que vive los efectos nocivos de un orden político y económico neoliberal, y la asertividad y táctica desplegada en la posiciones políticas será determinante para capitalizar y delinear un ciclo prolongado de reformas estructurales y funcionales de todas las instituciones del Estado y su relación con el mercado.

De lo anterior, se plantean tres núcleos de ideas importantes.

  1. Lo alcanzado hasta ahora no es poco, pero es insuficiente, y no existe garantía de que el anhelado y sustantivo cambio constitucional se realice de no mediar una acción decisiva de la unidad social y política por tomarse los espacios políticos que progresivamente se abren. El Plebiscito de entrada, debe ser un hito en disputa, donde se debe incidir sin vacilaciones, presionando para que se instale una real y plenipotenciaria Asamblea Constituyente, desligada de los amarres institucionales y candados antidemocráticos de la actual Constitución.

No es un eslogan decir que lo avanzado hasta ahora es sólo fruto de la movilización social, pero de no mantenerse el estado de alerta el riesgo de que se fragüe una transición política a puertas cerradas es altísimo, considerando que hay partidos que entienden su hacer solo con acuerdos desprovistos de participación social. Por ello es importante profundizar los cabildos y acudir masivamente a la consulta ciudadana organizada por los municipios enfatizando las demandas sociales.

  1. En segundo lugar, es prioritario caracterizar el proceso constituyente con énfasis en una participación sin restricciones deliberativas y que asegure participación social y política en igualdad de condiciones. Tanto el plebiscito de estrada como el de salida debe ser con voto obligatorio si queremos asegurar la participación del mundo popular. De igual manera, el mecanismo para elegir asambleístas junto con establecer paridad de género en la composición de una futura Asamblea, debe posibilitar la postulación de representantes del mundo sindical, feminista, comunidad LGTBI, personas en situación de discapacidad, sin estar asociados a un partido político. La existencia de cupos reservados para pueblos indígenas es fundamental para asegurar la presencia de las primeras naciones en un debate que es de refundación de la democracia.

Es una prioridad política revisar y disminuir los 2/3 para la toma de acuerdos, idealmente a 3/5, máxime cuando la derecha relativiza el contenido de una hoja en blanco. Dicho quórum tan elevado solo pone el incentivo en no llegar a acuerdos políticos y de facto promueve un Congreso constituyente. Nada se ganará si la constitución del 80 no es totalmente derogada, sin resquicios ni resabios, pues la única garantía de que otro Chile sea posible, es desmontar por completo la herencia de la Dictadura.

Los derechos y conquistas de nuestro pueblo no pueden ser desconocidos, y en ese sentido, las consagraciones en los Pactos y Convenciones de Derechos Humanos y en particular lo que respecta a los Derechos Económicos, Sociales, Culturales, y Medioambientales, y su avance progresivo, es el piso mínimo sobre el cual cimentar el futuro de nuestro país.

  1. En tercer lugar, una característica de los partidos que han titubeado, guardado silencio o especulado en sus posiciones políticas frente a la idea principal de una Asamblea Constituyente es su temor e incapacidad de relacionarse con las masas movilizadas, temor que adquiere múltiples formas. Una manifestación de esa forma de relacionarse es confiar en una comprensión técnica para la discusión constitucional, por sobre el énfasis político y de correlaciones de fuerza para sostener los cambios. La derecha para defender lo esencial del modelo sabe que debe conservar lo esencial de la Constitución de la dictadura y estará dispuesta a desconocer o reinterpretar lo que sea necesario, incluso haciendo caso omiso de los acuerdos que ello/as han suscrito. Es evidente que ya lo está haciendo.

Así, lo central y que provee certidumbre y confianza política a los millones que se han movilizado es ser consistentes con sus demandas y confiar que existe una sabiduría popular que ha hablado y que demanda una Constitución que los y las interprete.