La necesidad de una nueva normativa en el sistema medial se hace urgente y el derecho a la comunicación -que no es lo mismo que la información- es un postulado que debe estar en la nueva Constitución.

José Luis Córdova

Periodista

25/11/2019. En medio del estallido social, los televidentes de nuestro país también parecen haber despertado. Según el Consejo Nacional de Televisión, las demandas ciudadanas contra los canales se han más que duplicado en este año.

Entre el 18 de octubre y hasta el 14 de noviembre el CNTV ha recibido 671 denuncias contra la cobertura que se ha dado en los medios audiovisuales durante las protestas. La cifra total de reclamos es ya de 7.380, mientras que en el 2018 llegaron sólo 4.726 y el año anterior apenas 1.332 casos.

La verdad es que las críticas se registraban antes del estallido social, por ejemplo, contra TVN cuando mostró en el noticiario «24 horas», el informe psicológico de la joven Fernanda Maciel, presumiblemente secuestrada y asesinada por su vecino Felipe Rojas, que sigue encarcelado a la espera de un juicio que se extiende sospechosamente.

Desde entonces, con el triste recuerdo que los antecedentes íntimos revelados anteriormente en el caso de la joven Nabila Riffo, que sufrió la extracción de sus ojos de parte de su esposo en Coyhaique, también desató en su momento una ola de críticas y reclamos por intromisión en la vida privada de una persona.

Durante el último mes se han recibido 3.426 quejas, incluidas críticas al tratamiento que hicieron todos los canales de las protestas ciudadanas y su cobertura informativa.

Los televidentes denuncian la violencia excesiva que muestran algunas imágenes -en horario de audiencia infantil- que vulneran la dignidad de las personas, con jóvenes golpeados, arrastrados por las calles, gaseados e impactados por perdigones por parte de carabineros.

La impresión más generalizada es que los canales, desde un principio de las protestas, durante las actividades de evasión en el Metro ante el aumento de tarifas, fueron imparciales, denigraban a las personas y daban cuenta de una visión antojadiza de la realidad. Sin considerar la justicia de los reclamos («No por 30 pesos sino por 30 años de abusos») Con el transcurrir de los días, además de poner el acento en los saqueos e incendios, convertían las manifestaciones en actividades desatadas por grupos de encapuchados que actuaban a vista y paciencia de las fuerzas de orden.

Al parecer, desde La Moneda se impartió un instructivo para abrir el debate y recoger algunas demandas ciudadanas con mayor empatía y dar tribuna a los participantes en las marchas, aunque sin dejar de acrecentar el peso específico de las protestas violentas. La represión desatada apareció con mayor fuerza, los heridos por perdigones y los escopetazos indiscriminados extendieron el temor entre la población pacífica aunque protestante.

Los reclamos se han incrementado principalmente por tres factores: la masificación de los adelantos tecnológicos y las redes sociales, lo que permite compartir opiniones y comentarios sobre lo que muestra la pantalla -incluida la difusión de «fakes news». Pero todo indica que a estas alturas los televidentes tienen una opinión formada más crítica y está más alerta de los distintos acontecimientos que han sacudido la vida nacional.

Pero, por sobre todo, existe la idea colectiva de que «la televisión no dice la verdad». Esto ha llevado a proclamar la consigna «¡Apaga la tele!», que tiene varias lecturas, algunas muy perjudiciales en una sociedad democrática. Los informes de la CIDH, Amnistía Internacional y otros observadores internacionales reafirmaron la denuncia de «violación sistemática de los DDHH por parte de agentes del estado en las protestas». Los canales se vieron obligados a difundir esta noticia sin ambages.

La necesidad de una nueva normativa en el sistema medial se hace urgente y el derecho a la comunicación -que no es lo mismo que la información- es un postulado que debe estar nítidamente incorporado en el próximo texto de la nueva Constitución Política de la República de Chile.