Se incluye en la negociación a quienes se estima como interlocutores válidos y se excluye a los no considerados bajo esa calidad, como el pueblo movilizado y las organizaciones sociales.

Maximiliano Morón

Profesor. Área de Docencia del Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz

El “Acuerdo Por la Paz Social y la Nueva Constitución” representa la exclusión del pueblo movilizado en contra del modelo neoliberal. Puesto que se trata del resultado de una lucha entre el pueblo movilizado y el gran empresariado, también movilizado, el “Acuerdo” es un momento de esa lucha, en particular, por definir en quién reside la soberanía en cuyo nombre se abre un proceso constituyente. El “Acuerdo” es el mayor retroceso de los dueños del país ante el Chile que despertó. Al mismo tiempo, ante la fuerza de ese despertar, es el mayor avance del gran empresariado que, a través del Gobierno, ha perseguido un objetivo esencial: la desmovilización. Hasta el momento, la movilización ha sido atacada mediante la represión: asesinatos, cárcel, tortura, mutilaciones, detenciones ilegales, amedrentamiento de dirigentes sociales y sindicales.

La represión se ha complementado con una combinación de métodos: ceremonias palaciegas de “cocina política” (reunión de Poderes del Estado, de partidos políticos, del Consejo de Seguridad Nacional, etc.), aparición de rostros menos pinochetistas en los ministerios, campañas del terror, férreo control de los medios de comunicación, entre otros. Frente a la fortaleza de la movilización, el Gobierno estuvo obligado a transitar desde la negación absoluta de las reivindicaciones populares a una negación relativa, en virtud de la cual el Ministro del Interior junto a los presidentes de partidos de derecha anunciaron, en las afueras de una casona del Barrio Alto, que estaban dispuestos a negociar la Constitución Política.

Este método de la negociación no ha significado el cese de la represión, la cual adquiere cada día más densidad política porque suma cada día más víctimas de violación de los Derechos Humanos. Por el contrario, la negociación es un método complementario de la represión, lo cual puede apreciarse en el “Acuerdo” que menciona el “total respeto de los derechos humanos” como un “compromiso” de los “partidos que suscriben este acuerdo” y no como una condición para un proceso constituyente, condición que actualmente es burlada por el Estado.

En vistas al objetivo de desmovilizar al pueblo, este método de la negociación implica dos problemas fundamentales: ¿cón quién negociar? y ¿qué negociar? Ambos problemas se encuentran íntimamente enlazados y su solución consiste en incluir y excluir a quienes se sientan en la mesa y qué se pone sobre la mesa. El “Acuerdo” da respuesta a las dos preguntas. Se incluye en la negociación a quienes se estima como interlocutores válidos y se excluye a los que no son considerados bajo esa calidad, como el pueblo movilizado y, en particular, las organizaciones sociales. Adicionalmente, se excluye al proceso de cabildos que se han realizado en las últimas semanas, a las municipalidades cuya consulta ciudadana, fechada para el 7 de diembre, ha sido pisoteada por el “Acuerdo”, y a cualquier tipo de criterio en contra la discriminación racial y de género.

El segundo problema es qué negociar y el “Acuerdo”, en parte, lo indica en su título: la “Paz Social”, que es la consigna que enarboló el Presidente mientras se multiplicaban las víctimas de violación a los Derechos Humanos. El “Acuerdo” transcribe, con exactitud, las justificaciones de la represión: “restablecimiento de la paz y el orden público”, “una salida institucional cuyo objetivo es buscar la paz”, eslóganes que antes de Gonzalo Blumel, propalaba Sergio Onofre Jarpa. En el “Acuerdo” son igualados ética y políticamente las víctimas y los victimarios, quienes demandan sus derechos y quienes entienden que “estamos en guerra contra un enemigo poderoso”; expresamente, se afirma que el texto es suscrito “atendiendo la movilización de la ciudadanía y el llamado formulado por S.E. el Presidente Sebastián Piñera”.

Resulta evidente que el debate sobre el procedimiento para transformar la Constitución es inseparable de la actual movilización del pueblo, sin ésta no habría debate alguno. Por esto, solo es cinismo presentar al “Acuerdo” como una propuesta de carácter técnico que ha brotado por gracia del espíritu republicano.

En este sentido, el “Acuerdo” es un método, uno entre otros, para desmovilizar al pueblo y a las organizaciones sociales, una herramienta útil para restarle legitimidad y mostrar su despertar como innnecesario o ya satisfecho. Junto a este objetivo, el “Acuerdo” sirve para excluir al pueblo movilizado del debate sobre dicho procedimiento. Estos objetivos brindan a su significado político a los elementos específicos del “Acuerdo” (tipo del órgano redactor, al sistema electoral, quórums, entre otros). En tales objetivos se expresa la lucha contra la movilización.