La oposición se ha visto afectada y tensionada por el vértigo y otra vez se separan aguas entre los que son oposición y los partidos que con anterioridad se han mostrado colaboracionistas con el gobierno.

 

“Al Congreso, si no suben las jubilaciones al menos aprueben ley de eutanasia”.

Letrero de anciana chilena manifestante.

Fernando Bahamonde

Profesor

02/11/2019. La dinámica de estos últimos días obliga a estar muy atentos a la suma de hechos y discursos y a salir de los lugares comunes de los medios de comunicación y de los múltiples analistas que sólo desenmascaran sus posturas regularmente conservadoras.

Uno de los fenómenos que es posible observar es que el discurso hegemónico reinante entró en crisis, porque no es capaz de lograr un consenso mayoritario en la población.

Por tanto, las certezas económicas y sociales también entraron en crisis, un golpe a lo que se le suele denominar modelo. Hoy el mercado no es la medida de todas las cosas, ni más mercado es la solución, sino es el problema porque es la estructura que produce desigualdad.

Al igual que el modelo económico-social el sistema político sustentado por la democracia representativa con sus instituciones han entrado en crisis porque perdió su representatividad. Y, con anterioridad, su legitimidad por su baja participación en los procesos electorales.

El sentido común político donde existe Estado de derecho y, por tanto, gobernantes y gobernados se desbarató momentáneamente. Lo que pone en tela de juicio a la democracia representativa tal cual la conocimos en Chile.

Hoy los que se encuentran en el poder se aferraran a él, no sólo intentaran restablecer el orden anterior al 18 de octubre; también, desearan reimponer el discurso con matices que hasta hace pocos días fue dominante. Pero cuando no existe consenso el escenario de la legalidad se tiende a aplicar coerción frente a la legitimidad de la movilización. Resulta obvio que la mantención en el tiempo de la coerción significa entrar a un estado de dictadura.

Esto implica una nueva pugna de más largo plazo y que va más allá de la movilización social, que consiste en la disputa entre quiénes y cómo se impondrá el nuevo consenso social.

¿Cómo transformar la energía liberada en las movilizaciones en organización y en contraparte de un poder legal deslegitimado?

Para la movilización ciudadana tiene el desafío, en un primer momento, de dar un salto cualitativo para sintetizar las múltiples consignas en un cuerpo de ideas en materia político y social. Esto está en camino a través de los cabildos que se han organizado a lo largo de Chile. Luego, rearticular un tejido social y que exprese crecimiento, organización y cuotas de poder.

Hay que hacer hincapié que durante los 17 de años de dictadura a pesar de toda la violencia desplegada se produjo a modo de contrapoder un tejido social de resistencia al amparo de la iglesia en las comunidades de base, en el mundo poblacional, universitario y sindical con un alto nivel de participación y politización. Organizaciones que fueron arrasadas en los primeros años de la transición concertacionista y que no lograron sobrevivir por la acción premeditada del Estado.

Los partidos políticos de oposición con representación parlamentaria poseen dos caminos. El primero, consiste en tomar acción jurídica contra gobierno en lo referente a las graves violaciones a los DD. HH, que es inherente a la presencia de las FF. AA en la calle, donde existen responsabilidades políticas del Presidente y del ex Ministro del Interior. Paralelamente, tomar iniciativa que perdió el gobierno, para canalizar la demanda transversal de reemplazar la Constitución de 1980, instalando un mecanismo de consulta-plebiscito o referéndum-para que la ciudadanía se pronuncie sobre la forma del proceso constituyente. Este hecho desbaratará la misión encomendada al Ministro de Desarrollo Social que solo busca amortiguar el golpe y cooptar algunas organizaciones sociales a través de una supuesta consulta ciudadana.

Segundo, la oposición debe ser capaz de canalizar las demandas de la ciudadanía de manera de levantar una agenda político-social de corto, mediano y largo plazo. La agenda político-social ciudadana de corto plazo es completamente diferente a la agenda social presentada por Piñera, la cual nació muerta porque apunta a más mercado, en vez de establecer más derechos.

La situación interna de la política desde su esfera institucional se ha visto superada por los hechos. Para la derecha el manejo del gobierno puede implicar dos situaciones de vital importancia como la pérdida del modelo que han defendido a sangre y fuego desde su dictatorial instalación.

Para la derecha, además, se encuentra la perspectiva de no volver a ser gobierno en décadas y de verse reducidos a una mínima expresión. Pataletas más o menos, hoy no poseen iniciativa y capacidad de poder levantar un nuevo consenso basado en el precario sentido común del mercado que buscan imponer en la ciudadanía, incluso contando con el concurso de la mayoría de los medios de comunicación.

La oposición se ha visto afectada y tensionada por el vértigo y otra vez se separan aguas entre los que son oposición y los partidos que con anterioridad se han mostrado colaboracionistas con el gobierno.

Cuando las masivas movilizaciones en las calles aún no concluyen luego de dos semanas, en la oposición y no en la derecha, se erige una nueva correlación de fuerzas y política de alianzas que aún no se despliega porque hay que esperar la acción en el congreso por la acusación constitucional a la dupla Piñera-Chadwick y consolidar una propuesta hacia una nueva Constitución.

Lo que si está más que claro quién es el gran perdedor, aquel que hace pocas semanas aspiraba a transformarse en estadista de altura mundial y que hoy es repudiado masivamente por el pueblo.