Esta negativa situación en materia de derechos humanos no se producía desde el término de la dictadura.

El Siglo

30/10/2019. Es constatable que en las últimas semanas en Chile se produjeron graves violaciones a los derechos humanos. Esa situación fue gatillada y potenciada por la decisión de Sebastián Piñera y su equipo político de ordenar la salida del Ejército a las calles a cumplir labores ante las manifestaciones sociales, declarar el Estado de Emergencia, implementar Toque de Queda y desplegar con fuerza la labor represiva de Carabineros.

Esta negativa situación en materia de derechos humanos no se producía desde el término de la dictadura y reconfirma que gobiernos y sectores de derecha no cambian en cuanto a recurrir a la fuerza represiva, a medidas autoritarias y específicamente al Ejército cuando se producen importantes manifestaciones sociales, expresiones ciudadanas de alta intensidad y se instalan consistentemente demandas populares y democráticas.

En los deplorables y dramáticos sucesos de muertes, heridos, torturas apremios, abusos sexuales y agresiones de todo tipo en que han participado agentes del Estado (carabineros y militares), tiene responsabilidad política el gobierno y particularmente el Presidente de la República y las autoridades del Ministerio del Interior.

Dados los hechos, lo prioritario es que cesen las agresiones y abusos de parte de Carabineros y otras entidades del Estado y que se investiguen y realmente se sancionen las violaciones a los derechos humanos. Sin eso, quedará coja cualquier intención de restaurar “la normalidad” en el país y avanzar hacia soluciones y respuestas a la voz ciudadana.

En ese marco es imprescindible que haya una fiscalización y encaramiento a los  actos realizados y ordenados principalmente por el Presidente de la República y el ex Ministro del Interior. En eso tienen un papel los parlamentarios, las colectividades políticas y el movimiento social.

Una vez más, si se quiere hablar de fortalecimiento de la democracia, es ineludible asumir el respeto y cumplimiento de los derechos humanos.