El pueblo copó y cambió la toda la agenda. Movimiento social y ciudadano como interlocutor válido. Gobierno autoritario, perdido.

Equipo ES. 25/10/2019. El pueblo copó y cambió la toda la agenda

Más allá de las apreciaciones y análisis respecto a las características del estallido social que cumplió sin parar una semana activo, resulta claro que el pueblo copó y cambió la agenda nacional, política, social, económica, cultural e institucional.

El impacto de las movilizaciones en el 80% del territorio nacional, en la totalidad de la Región Metropolitana, el efecto de su masividad transversal y carácter pacífico y de demanda social precisa, la incidencia en espacios de la política y el poder, produjeron una situación inédita (también sorpresiva) en el país pos dictadura. Se podrá debatir si Chile vivió una fractura o inflexión definitoria o no, pero como se ha repetido, la nación no es ni será la misma después del 19 de octubre de 2019.

En todos estos días estuvo sobre la mesa no solo ese inadecuado aumento del pasaje del Metro, sino las bajas pensiones, los bajos salarios, el abuso contra la población, la impunidad de los consorcios financieros y los magnates, los errores profundos del gobierno de derecha, los privilegios de unos pocos y las malas condiciones de vida de muchos, el empleo precario, las enormes dificultades e imposibilidades de acceder a una vivienda propia, el pésimo acceso a salud y educación pública y de calidad, la desprotección de adultos mayores e infancia, entre otras temáticas planteadas en las movilizaciones y en la conversación de la sociedad civil.

Junto con expresarse el rechazo a las políticas autoritarias y neoliberales de la administración piñerista, se insistió mucho que detrás de todo esto está el fracaso del modelo económico neoliberal, de las políticas privatizadoras y a favor de los grupos financieros y las trasnacionales. Se produjo una crisis institucional y ahora están más cuestionadas aquellas entidades del Estado que “hacen política” y administran el país. Quizá ha faltado un cuestionamiento más nítido hacia los consorcios y sus directivos, hacia multimillonarios dueños del 30% de la riqueza nacional, hacia la derecha económica. Debieran estar en el tapete nombres como el de los dueños de Penta, Soquimich, Enel, AFP Isapres, bancos privados.

Ahora la agenda legislativa, de crecimiento, política e institucional deberá cambiar. En sus prioridades y contenidos. En ello hay una responsabilidad y un desafío para el oficialismo, pero sobre todo para la oposición política y social.

Una agenda que no podrá ser cupular, elitista, meramente institucional, de los partidos y poderes fácticos, sino una agenda que incluya la participación, opinión, propuestas y demandas de los distintos sectores sociales, sindicales y populares. En caso contrario, se producirá una vuelta de espaldas a este estallido social con efectos impredecibles.

Movimiento social y ciudadano como interlocutor válido

Hubo coincidencia entre varios actores y analistas, respecto a que este estallido social fue sorpresivo, transversal, espontáneo y sin una conducción general de algún partido político u organización social.

Es claro que su masividad y extensión, el estallido en sus distintas formas, mostró a vecinos, comunidades, grupos sociales, sectores de la sociedad civil, trabajadores, ciudadanos, manifestándose multitudinariamente en espacios públicos, plazas y parques, avenidas, con marchas, cacerolazos, cabildos, encuentros culturales, etc. También hubo el despliegue de grupos organizados que no forman parte de las tradicionales organizaciones políticas y sindicales. Todo esto ocurrió en gran parte del país.

Aquello evidenció la molestia y el enojo social, la percepción y constatación de que las cosas andan mal para el pueblo.

Hay que tener en cuenta que junto a ello, a poco de comenzar la revuelta popular, asumieron un papel de articulación y lucha organizaciones como la CUT, la CONFECH, la CONES, la Cumbre de los Pueblos, Colegios Profesionales, ANEF, Coordinadora No+AFP, movimiento feminista, junto a multiplicidad de otros colectivos sindicales y sociales, con lo que se generó un ámbito de representación y conducción que se vio reflejado en el llamado a la Huelga General, los Cabildos Autoconvocados y en las multitudinarias marchas del viernes 25 de octubre.

El gobierno y el mundo político debieran tener en cuenta que ahí hay interlocutores válidos para conversar, tender puentes y aproximar o resolver soluciones a las demandas, sobre todo las más inmediatas, y no dejar, como está ocurriendo a una semana del estallido social, el diálogo y las opciones en presidentes de partidos, entidades cupulares y representaciones formales y fácticas.

Lo anterior, por cierto, debiera sumarse a escuchar, comprender y asumir lo que expresan amplios sectores sociales y ciudadanos no organizados pero que son parte de la protesta nacional y que de una u otra manera hicieron oír su voz.

Gobierno autoritario, perdido

Lo que hace más complicada la coyuntura es la posición del gobierno. Empezando porque no parece leer lo que significó realmente el estallido social, no considera realmente el impacto, no ve la urgencia de cambiar la agenda y no se abre a conversar con las representaciones sindicales, sociales y de la sociedad civil, priorizando por los mismos de siempre en una foto formal que no tiene credibilidad.

Peor aún, como señalaron comentaristas y académicos inclusive de derecha, no se podrá esperar de este gobierno -tampoco del sector empresarial, de grupos financieros hegemónicos y de la derecha- cambios sustanciales, estructurales y democráticos. Es decir, caminos que pudieran conducir a medidas de alcance verdadero en las condiciones de vida de la gente. Como se dijo y se escribió, solo llegarán migajas.

A eso se suma que la tesis autoritaria se instaló en La Moneda. Concepciones que estaban descartadas desde la dictadura. Sebastián Piñera, alentado fundamentalmente por Andrés Chadwick, Cecilia Pérez y asesores ultraconservadores, optó por los estados de excepción, el desplazamiento de fuerzas del Ejército, implantación del Toque de Queda y privación de derechos civiles y ciudadanos.

Todo eso fue un signo de mirada antidemocrática, de incapacidad para gobernar en democracia y con fuerza en la institucionalidad, y de comprobación de una administración encerrada, acorralada, perdida.

Con secuelas como que en Chile, y en la mirada del mundo, se volviera a temer tremendamente por los derechos humanos, se expresara una enorme preocupación por violación a los derechos humanos y se tuviera, como en dictadura, que comenzar a contabilizar muertos, heridos graves, lesionados, torturados, detenidos e incluso casos de personas desaparecidas y víctimas de abusos de todo tipo a manos de carabineros y militares.

El gobierno es presa de su defensa del modelo inequitativo y de un camino autoritario. Es presa de sus políticas antipopulares, restrictivas en derechos, defensoras de los sectores poderosos. Está metido en un hoyo del que pretende salir ejerciendo fuerza autoritaria y sin dar respuestas sociales sólidas, vistiendo todo de vandalismo, delincuencia y terrorismo. Ese camino, por cierto, no le resultó en La Araucanía y parece no resultarle a nivel nacional. Así, parece que por mucho que decrezca el estallido social, la administración piñerista y de derecha tiene asegurado que el movimiento social, popular y ciudadano seguirá en el escenario de manera muy activa y con impactos ahora imprevisibles.