Nuevos casos graves y bochornosos se suman a episodios anteriores, en una seguidilla de acontecimientos que no paran y que involucran principalmente al Ejército y a Carabineros.

Equipo ES, 12/10/2019. 1 Peores momentos institucionales

Más de un centenar de policías y militares están sujetos a indagaciones, procesamientos o condenas como parte de decenas de juicios que se llevan a cabo por malversación de fondos, fraudes, montajes, espionaje ilegal, torturas y apremios, alteración de informes, uso irregular de gastos reservados y actos de corrupción. Los desfalcos al Fisco son de varios miles de millones de pesos.

En lo que podría ser uno de los peores momentos institucionales, principalmente del Ejército y Carabineros, se ha visto a ex comandantes en jefe, ex generales directores, generales, coroneles, capitanes y suboficiales, sometidos a régimen carcelario, transitando por pasillos de juzgados, procesados y condenados, y debiendo asumir delitos de alta connotación. Ello incluye, por cierto, episodios bochornosos como la denuncia sobre la propiedad multimillonaria -de 2 millones 500 mil dólares- que habita el director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Héctor Espinoza, y que tiene piscina, cancha de tenis, jacuzzi, jardines. La PDI le paga a la Fuerza Aérea de Chile (FACH) por arriendo de esa vivienda, más de 3 millones de pesos al mes.

Muchos sucesos, por su magnitud e impacto, quedaron impregnados en la mirada de la opinión pública, como aquellas denominaciones de Pacogate y Milicogate, pero otros quedaron en el subsuelo comunicacional. Como sea, una hilera de malos acontecimientos sumados coloca en jaque o, al menos, en tela de juicio los métodos, la ética, los procedimientos y la formación que deberían primar en instituciones que están a cargo de la seguridad pública y de la seguridad territorial en el país. Muchos nunca pensaron el nivel de delitos que se podrían cometer en el Ejército y Carabineros y más aun, involucrando a sus principales jerarcas.

A lo anterior se suma la continuidad de fracasos y constatación de deficientes políticas respecto a la seguridad pública, con tasa de delitos que no baja, hechos de alto impacto como el asesinato de cinco personas en Puente Alto, todo lo enrarecido que rodea los llamados “narco funerales”, alteración de informes sobre delincuencia por parte de algunos carabineros y la denuncia de alcaldes en cuanto a una discriminación en la distribución de recursos y personal uniformado.

2 El “Paco nazi”. Implante de pruebas

 En recientes semanas se conoció que el mayor de Carabineros, Francisco Arzola, apodado “El Paco Nazi”, finalmente fue condenado por torturas, malos tratos y otros delitos cometidos contra comerciantes ambulantes, mujeres y trabajadores en la 21ª Comisaría de Estación Central.

En relatos dados a conocer por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) hay uno de una víctima que denunció: “Me tiró al suelo, me puso un bastón en el pecho y se subió arriba mío y me estranguló. Después me puso de nuevo la pistola y me dijo ‘yo soy El Nazi…arráncate de nuevo, porque ahora te voy a matar’. Y disparó, pero el revólver no tenía balas”. Otro testimonio presentado por el INDH, da cuenta de una mujer a quien Arzola le dijo: “hasta acá llegaste, m…c…, ándate pal’ fondo”.

El tema es que lo que ocurría en la Comisaría señalada, no era una práctica de un solo oficial. De acuerdo a un reportaje de la periodista Leslie Ayala, publicado en La Tercera, hay catorce integrantes de la policía uniformada vinculados a sesiones de tortura, detenciones ilegales, malos tratos. Aparece el caso del teniente Carlos Leal, quien agredió y amenazó con una pistola a un taxista detenido en el recinto policial. “Tengo 25 años y soy teniente, vos, guatón culiao, soi un pobre taxista”. En el proceso judicial, oficiales y suboficiales de Carabineros fueron acusados de torturas, detenciones ilegales, falsificación de parte oficiales y obstrucción a la investigación.

Para colmo, en las indagaciones periodísticas salió que “El Paco Nazi” “era conductor de una de las patrullas involucradas en el caso de José Huenante, joven de 16 años y de origen mapuche, cuyo rastro se perdió el 3 de septiembre de 2005, en medio de un procedimiento policial en Puerto Montt y que es considerado el primer detenido desaparecido en democracia”.

Semanas después, y en una sucesión de hechos negativos de Carabineros, saltaba otro caso. Cuatro elementos de esa institución fueron procesados por implantar pruebas para tratar de inculpar a un grupo de detenidos y así “mejorar las estadísticas” del Sistema Táctico de Operación Policial (STOP), con lo cual podían recibir incentivos.

Claro que, como ocurre en muchas situaciones, el episodio no quedó del todo claro. Desde Carabineros se dijo que no existe un “cumplimiento de metas” para premios. Pero el senador Felipe Harboe advirtió que “lo que no puede ocurrir, por ejemplo, es que se ponga como incentivo la cantidad de detenciones porque eso se presta para abusos, como este caso en que un grupo de carabineros inventa pruebas para inculpar a una persona que es inocente”.

Es un cuento de nunca acabar, porque esos sucesos se repiten después de casos sonados como el montaje de la “Operación Huracán” en La Araucanía, donde con manipulación y fabricación de pruebas, intervenciones telefónicas ilegales, y finalmente “fabricación de instrumento público” se terminó culpando de manera mañosa a un grupo de comuneros mapuches de actos delictivos y terroristas. Luego vino el estrepitoso fracaso del Comando Jungla, a raíz del asesinato del joven mapuche Camilo Catrillanca, y de las maniobras de un grupo de carabineros para borrar pruebas, engañar, mentir, y evitar ser procesados por el crimen, sumado a una actuación errática del ministro del Interior, Andrés Chadwick, y del entonces Intendente de la Región, Luis Mayol.

Se agrega a los graves casos de ilegalidades en la institución policial, el conocido como Pacogate, que le costó al Fisco 28 mil millones de pesos y donde llegó a haber 130 imputados por diversos delitos financieros, fiscales, asociación ilícita, malversación de caudales públicos. Se añade el proceso contra el ex general director de Carabineros, Eduardo Gordon, por uso irregular de gastos reservados.

3 Impactos recientes

En el caso del Ejército también parece producirse una cascada de episodios nefastos que dan cuenta de irregularidades y escándalos de proporciones. “Efectivamente mi estadía y la de mi señora en México, se pagaron con cargo a los fondos fiscales…”; “Efectivamente la estadía mía y de mi señora a Venecia, en Italia y Múnich, en Alemania fueron pagadas por el Ejército”. Frases del ex comandante en jefe, Humberto Oviedo, conocidas hace pocas semanas, quien está procesado por fraude al Fisco por 4 mil 500 millones de pesos, y que da cuenta de una de las irregularidades cometidas en viajes al extranjero junto a su esposa.

Otro ex jefe de la entidad castrense, el general retirado Juan Miguel Fuente-Alba, fue procesado por enriquecimiento ilícito y fraude al Fisco, por unos 3 mil 500 millones de pesos.

En ambos casos, el uso ilegal de gastos reservados fue el origen de gran parte de las multimillonarias transacciones ilícitas hechas por los ex comandantes en jefe del Ejército y apropiación de dineros del erario nacional. Junto a los hechos fraudulentos y delictivos, está el impacto de comprobar que los máximos jefes de la institución fueron capaces de hacer triquiñuelas para enriquecerse y engañar al Fisco, usando dineros que, de acuerdo a declaraciones de oficiales y ex oficiales, estaban destinados solo a labores de Inteligencia y seguridad.

Cuando esos casos se conocían, ya estaba instalado a nivel público, por el trabajo investigativo del periodista Mauricio Weibel (Ver entrevista páginas 2 y 3), publicado en The Clinic, el Milicogate, el delito financiero de enorme dimensión dentro del Ejército, por facturas falsas y desfalco, usando la Ley Reservada del Cobre. De acuerdo a datos de ese trabajo y de instancias judiciales, están implicados en ese episodio alrededor de 10 mil millones de pesos. En este hecho estuvieron comprometidos generales y altos oficiales y suboficiales. Un dato adicional y que amplificó todo el caso ante la opinión pública, fue saber que parte importante del dinero se gastó en carrera de caballos, casinos y fiestas.

La seguidilla de grandes escándalos y de métodos irregulares del Ejército no paró. En agosto de este año, La Tercera publicó un amplio reportaje donde se revelaron las Operaciones “Topógrafo” y “W”, destinadas a espiar a elementos activos y en retiro de esa institución, y al menos a un periodista (Mauricio Weibel), personas precisamente vinculadas a las investigaciones de fraudes dentro de la principal rama de las Fuerzas Armadas. La acción fue desarrollada por elementos de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE). Básicamente hubo intervención de teléfonos celulares y comunicaciones y en el caso de Weibel, seguimientos. Legisladores, abogados y expertos cuestionaron, de partida, las operaciones militares de ese tipo y en estos casos, ya que la ley establece que se pueden realizar como parte de la Inteligencia y la Contrainteligencia cuando se trate de “resguardar la seguridad nacional y proteger a Chile y su pueblo de las amenazas del terrorismo, el crimen organizado y el narcotráfico”, que no sería el caso de los espiados. Aunque desde el Ejército se estableció que todo se hizo de acuerdo a la ley referida al Sistema de Inteligencia del Estado y con “autorización judicial”.

La situación llevó a que la Comisión del Sistema de Inteligencia de la Cámara de Diputados se ocupara del asunto y aunque sus labores son confidenciales, hubo una postura común más o menos transversal. El legislador oficialista, Mario Desbordes, dijo que “el Ejército tiene derecho a cuidarse, pero sin vulnerar los derechos de otras personas” y el parlamentario opositor, Gabriel Silber, expresó que “es altamente grave el mal uso que se le está dando a la Ley de Inteligencia del Ejército para pinchar (celulares), hacer monitoreos…”

Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en entrevista a The Clinic, aseveró que “lo que corresponde en un Estado de derecho consolidado, es investigar estos hechos, identificar y explicar a la sociedad lo que pasó y eventualmente sancionar a los responsables” y precisó que en Chile “quedan resabios de la estructura autoritaria heredada de la dictadura”.

El tema es que el Ejército no puede salir de la escena de los escándalos y cuestionamientos, pese a promesas desde su alto mando.

Discriminación en recursos y dotación

En las redes sociales el tema se levantó con fuerza. La gran preocupación de autoridades de gobierno, mandos policiales, matinales de televisión y espacios en la prensa escrita por los robos a vehículos en la avenida Kennedy, en Las Condes, frente a un tratamiento de menor impacto a casos de delincuencia y crímenes en la comuna de Puente Alto, estremecida por el asesinado de cinco personas en un pequeño local comercial en la “Villa Carol Urzúa”.

Joaquín Lavín, alcalde de Las Condes, apareció con gran cobertura comunicacional junto a la Subsecretaria de Prevención del Delito, Katy Martorell, para hablar ampliamente de afectaciones a habitantes del barrio alto, mostrándose la preocupación del mando de Carabineros. En Puente Alto, nada de eso. Por el contrario, ausencia de autoridades de gobierno, poca cobertura al alcalde Germán Codina y proporcionalmente baja dotación de Carabineros para actuar ante distintos tipos de delitos.

Codina acusó “clasismo a la hora de tratar temas de seguridad ciudadana”, y precisó que en su comuna “hay mil personas por cada funcionario de carabineros”, con un promedio de la Región Metropolitana de 450 personas por uniformado. Alcaldes de Renca, Peñalolén, La Pintana, Estación Central y Huechuraba criticaron un trato desigual de parte del Estado y apuntaron al Ministerio del Interior por una equivocada política pública en esta área.

El asunto derivó en una reunión de alcaldes de la Asociación Chilena de Municipalidades con el alto mando de Carabineros para tratar el tema de dotación y recursos en distintas comunas y enfrentar las acusaciones de discriminación en la atención policial. Tuvo gravitación el anuncio de la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior en cuanto a una redistribución de personal de la policía uniformada para el 2020.

Carolina Leitao, alcaldesa de Peñalolén, manifestó ante la prensa que “nos han señalado que ellos (Carabineros) están en un proceso de reevaluación de este sistema de distribución. De alguna manera aplicando metodología y ciencia que no solo quiere comparar carabineros por habitante, sino otros factores que inciden”.

En esta materia, una declaración de la Comisión Nacional de Seguridad Pública del Partido Comunista, indicó que “seguimos esperando una respuesta desde el gobierno para enfrentar situaciones de violencia; los últimos y graves hechos delictuales que costaron la vida de 5 pobladores/as en Puente Alto, reafirman la necesidad de que el Estado y sus instituciones concentren recursos y energías en sectores populares afectados por la delincuencia, principalmente el narcotráfico”. Se sostuvo que “la seguridad pública debe desplegarse en aspectos relativos a la prevención, sanción y represión  del crimen organizado y el narcotráfico, lo anterior se logrará si se involucra a todos los sectores”. Además, se llamó a que las policías se sometan “a un proceso de transformación y rearticulación que dé cuenta de los nuevos fenómenos que cursan en  la sociedad, debemos actualizar los protocolos para enfrentar y prevenir  los delitos”