Los funcionarios de ambos ministerios acusaron al gobierno de no entregar argumentos de peso para tal reforma y tampoco respecto a la incertidumbre laboral.

Equipo ES. 09/10/2019. Los días 7 y 8 de octubre más de 7 mil trabajadores miembros de las Asociaciones de funcionarios y funcionarias del Ministerio de Bienes Nacionales y del Ministerio de Vivienda, se mantuvieron movilizados en rechazo al proyecto de ley que buscará fusionar ambas carteras. El anuncio lo hizo el Presidente Sebastián Piñera en su segunda Cuenta Pública y lo justificó con la idea de “crear mayores niveles de integración social, reducir los campamentos y facilitar el acceso a zonas urbanas” y así dejar a los dos entes bajo el nombre de Ministerio de Ciudad, Vivienda y Territorio.

Los funcionarios desplegaron un paro nacional en ambas jornadas, ya que acusaron que el Ejecutivo desde que anunció la fusión no ha entregado respuestas a la incertidumbre laboral que aqueja a los trabajadores que se están movilizando con diferentes muestras desde el pasado mes de agosto.

Natalia González, presidenta de la Asociación Nacional Unitaria de Funcionarios del Ministerio de Bienes Nacionales, señaló que “cualquier proceso de fusión implica una pérdida de empleos y hasta la fecha pese a las negociaciones no existen garantías que nos permitan creer lo contrario”.

También la dirigenta alertó que crear un nuevo órgano con las facultades de las dos carteras puede ser perjudicial porque se concentraría la toma de decisiones. “Hay una peligrosa concentración de facultades, porque se une un ministerio administra el territorio y otro entrega soluciones habitacionales, entonces, el nuevo ente tendría suprafacultades lo que nos resulta a lo menos dudoso. Ya que ambos ministerios cumplen sus labores de manera eficiente por lo que no habría justificación respecto a mejorar las funciones que entregamos a la ciudadanía”, indicó.

En la misma línea, el dirigente nacional de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Carlos Insunza, sostuvo que la idea del administración piñerista es entregar beneficios a un sector del empresariado por sobre el bienestar de la mayoría.

Explicó que “el gobierno no ha sido capaz hasta ahora de justificar cuál es el beneficio que tendría para la ciudadanía la fusión de estos dos ministerios. Acá lo único nítido es que estamos ante medidas que bajo el manto de políticas públicas de integración buscan favorecer a la industria inmobiliaria del país, poniendo bajo el mismo alero la protección de los bienes nacionales, la planificación territorial de nuestro país y los temas urbanos. Esto es un peligro para el futuro de nuestro país”.

Y agregó que “esta es una medida que es parte de un sector del empresariado para adaptar al Estado a sus necesidades. Según el mismo proyecto de ley esta medida se justifica con la inversión, pero no es una inversión productiva al servicio de las mayorías sino la capacidad de la industria inmobiliaria de sobrepasar los marcos vigentes que hoy protegen las ciudades, territorios y a los ciudadanos”.

Cabe destacar que el Ministerio de Bienes Nacionales administra el territorio fiscal que abarca el 53% del total de la superficie nacional, donde hay áreas rurales y territorios agrícolas, zonas no urbanas con potencialidad para el turismo u otros usos de carácter social productivo, y áreas silvestres protegidas. Asimismo gestiona los bienes fiscales que permiten el funcionamiento operativo de los diferentes órganos del poder público y colabora con el fortalecimiento de la sociedad civil.

En tanto el Ministerio de Vivienda y Urbanismo está enfocado en la planificación urbana no con terrenos rurales. Según la declaración que entregaron los trabajadores de las dos instituciones en conjunto, los problemas reales en Vivienda son: la insuficiencia de subsidios, la inexistencia de facultades fiscalizadoras y la desatada especulación inmobiliaria.

En la misma línea, los funcionarios detectaron que es innecesaria la propuesta de fusión “por cuanto existe una comisión interministerial de ciudad, vivienda y territorio, creada el año 2015”,  por ello apostaron a “potenciar esta instancia entregándole facultades resolutivas y la creación de un banco de terrenos para viviendas sociales el que debe ser alimentado con traspaso de terrenos de otros ministerios al de Vivienda con el fin de que este disponga de una reserva para permitir la planificación de largo plazo”.

Y subrayaron que “el fortalecimiento institucional de ambas carteras, especialmente en el ámbito de la fiscalización, con dotación permanente de planta y en consecuencia sin la precarización laboral que hoy nos afecta, considerando el alto porcentaje de personal a contrata y honorarios de ambas carteras, y la rotación de personal cada cuatro años, conforme al botín de los gobiernos de turno en que se transforman estos ministerios”.