Eduardo Vergara dijo que no dieron resultados el show de las rondas masivas, el efectismo de leyes enfocadas en delitos contra la propiedad y los “anuncios rimbombantes de una guerra contra las drogas”.

Hugo Guzmán Rambaldi. Periodista. 07/10/2019. Eduardo Vergara, cientísta político de la University of Portland (Estados Unidos), fue jefe de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior  en el gobierno de Michelle Bachelet, es un experto en esa materia, y actualmente ocupa el cargo de Director Ejecutivo de la Fundación Chile 21 y director del LabSeguridad.org.

En entrevista con El Siglo abordó el sensible y polémico tema de la seguridad ciudadana, sus efectos sociales y electorales, el papel de la derecha y de la centroizquierda, y algunos ejes a tener en cuenta para elaborar políticas públicas en esta materia.

¿Cómo caracterizaría el tema de la seguridad pública en Chile?

La seguridad pública es una las principales preocupaciones de los ciudadanos. Hablar de seguridad en Chile, obligatoriamente es hablar de desigualdad. Cuando nos vemos enfrentados al fenómeno de seguridad existe una serie de controversias, tensiones, pero también de interrogantes y estas tienen que ver con que a pesar de que somos el país con la menor tasa de homicidios de la región, con menores índices de criminalidad y delincuencia, somos el país con la mayor sensación de temor. Esa sensación ha sido usada como herramienta de control social, político. Es conveniente mantener a la ciudadanía atemorizada para poder alimentar los modelos populistas y efectistas en materia de seguridad. Si la sensación de inseguridad no fuese tan alta en Chile, el modelo de (Joaquín) Lavín fracasaría, el del Presidente (Sebastián) Piñera de ejercer populismo penal, de mano dura y efectista, fracasaría. Eso se nutre porque en el país se vive del temor. La desigualdad ayuda no solo a entender una serie de fenómenos y necesidades que viven los chilenos, sino también la seguridad ciudadana. Hoy, los mejores policías no están donde más se necesitan y generan mayor valor social. Las comunas que muestran mayores inversiones públicas y privadas es donde viven las personas que más tienen y hoy el grueso de las detenciones y la composición de la cárcel son personas de menos recursos.

¿No hay un déficit en plantear que detrás de la delincuencia, de situaciones de inseguridad, hay un tema de pobreza, de situación socioeconómica, de estructura de la sociedad?

Existen dos ángulos para enfrentar el fenómeno de la criminalidad y la inseguridad en Chile. El primero tiene que ver con la forma en que las políticas de seguridad se han pensado, diseñado y ejecutado. El monopolio de la seguridad ciudadana ha quedado en manos de los sectores más conservadores del país y particularmente en manos de quienes hoy están en el gobierno. El segundo es que esto no es solo responsabilidad de ellos. Es responsabilidad también de quienes hemos estado en el gobierno desde la centroizquierda y los sectores más progresistas, que por una omisión de abordar los temas de seguridad con seriedad y de tener la capacidad de mostrarle una alternativa a la ciudadanía, nos hemos transformado en cómplices del populismo de la mano dura y la obsesión por la persecución y el control de los más vulnerables.

¿Hay respuestas más coyunturales, comunicacionales, que estructurales y de largo plazo?

Es que nuestro sector político no ha sido capaz de desarrollar respuestas de fondo, de debatir y consensuar, pero sobre todo de ofrecer a la ciudadanía una visión de lo que significa vivir en un país más seguro. Esa omisión ha entregado en bandeja ese monopolio al sector más conservador y particularmente a la derecha. No se trata de que no existan propuestas, personas o centros académicos que estén pensando en esto, sino que la clase política ligada a lo que es hoy la oposición es responsable de no hacerse cargo durante décadas de este tema.

¿Dónde situaría ejes de la política que habría que implementar?

El eje central de la seguridad ciudadana tiene que ver con la igualdad. No podemos avanzar hacia un modelo en que la seguridad esté reservada para los que tienen más. No podemos avanzar donde los sectores conservadores nos proponen que las FFAA tienen que estar para arrinconar a los pobres como una frontera de control social, y los Carabineros tienen que estar para servir a los que más tienen. No podemos alimentar un modelo en que la inversión en seguridad pública en las poblaciones y barrios más vulnerables se reduzca a tener multicanchas que después se transforman en centros de microtráfico, o la compra de máquinas de ejercicio para poner en plazas y que al año son usadas como espacios para la delincuencia, mientras que la inversión pública acompañada del gasto privado y de inversión particular de los hogares en las comunas más ricas, cuentan con la mejor tecnología, los mejores policías, la mayor coordinación y, por sobre todo, el mayor poder político para hacer visible las situaciones que ocurren. El mejor ejemplo es lo que ocurrió en Puente Alto cuando cinco personas fueron asesinadas y ninguna autoridad de primero, segundo o tercer rango se hizo presente. Solo fueron jefes de programas o directores de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Pero cuando el alcalde Lavín, en Las Condes -que es el director del laboratorio para testear las políticas de seguridad que posteriormente el Ejecutivo ejecuta-, sube un video donde se ve que a una persona la carterean en una autopista de la comuna donde vive la élite económica y política, a las 24 horas llegan los ministros y los subsecretarios a ofrecer un plan de inversión. Eso no solo es una irresponsabilidad, sino que es una burla hacia la mayoría de los chilenos.

Eso desató un debate con alcaldes, incluida la distribución de carabineros y recursos por comunas.

Paradójicamente los datos que usaron los alcaldes, como los de Renca, de Puente Alto, eran los que producimos el 2018 en el laboratorio de seguridad de Chile 21. Lo que demostramos es que durante el 2018 las reducciones en delitos violentos ocurrieron en las comunas con menores niveles de pobreza multidimensional y los aumentos ocurrieron en comunas con mayor nivel de pobreza multidimensional. Existía una relación directa de efectividad de la seguridad y el poder adquisitivo de las personas. Mientras Vitacura bajó en un 29% los delitos violentos, Pudahuel aumentó en un 29%. Esos datos abrieron un debate necesario, que tiene que ver con dónde están nuestros mejores policías, con que nuestras policías deben estar donde generan mayor valor social, no donde generan mayor valor político. Es entender que no podemos distribuir las policías solamente en base a qué autoridad grita más fuerte.

A estas alturas, ¿qué balance haría de la labor del gobierno en esta materia?

El balance en seguridad habla de que, a pesar de las rondas masivas -que resultaron ser inefectivas-, a pesar del efectismo de leyes enfocadas en delitos contra la propiedad, de la obsesión con delitos de mayor connotación social que son de los que menos tienen contra los que más tienen, y a pesar de los anuncios rimbombantes de una guerra contra las drogas, o la inclusión de labores de las FFAA en labores de seguridad pública, el balance de políticas de seguridad del Presidente Piñera es malo. Si comparamos datos en el primer y segundo año del Presidente Piñera, con gobiernos anteriores, vemos que con este gobierno aumentaron en 9% los delitos, mientras que en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet en el mismo periodo, bajó en un 1.2%. Es más, a pesar del show mediático de las rondas masivas, en el gobierno de Bachelet, comparado con el gobierno de Piñera, hubo más detenidos. El show no da resultados, no lograr detener a más delincuentes, solo logra seguir persiguiendo a los pobres, lograr pautas televisivas y seguir alimentando un modelo político comunicacional con vistas a las elecciones municipales, de gobernadores y particularmente de las presidenciales.

En este tema se habla mucho de la Inteligencia para combatir la inseguridad. ¿Cómo está funcionando?

La Inteligencia en Chile está 30 años desactualizada. Chile requiere de una reforma profunda. Esta reforma requiere de dos consensos: primero político, que se entienda que la Inteligencia no puede transformarse en un brazo articulador para seguir persiguiendo e investigando a los más débiles, y por otro lado, que el sector político que está ligado hoy a la oposición, destruya los tabús que acarrea con la CNI y la DINA, y entienda que sí es posible tener una Inteligencia eficiente, un sistema de Inteligencia que respete los derechos humanos y sobre todo que tenga mecanismos de rendición de cuentas, de transparencia y monitoreo ciudadano. Cuando entendamos eso podemos pasar al debate técnico, que tiene que ver con que es más barato y efectivo prevenir que perseguir, que la Ley Antiterrorista no es más que un panfleto político que busca llegar cuando es demasiado tarde y entender que la Inteligencia efectiva nos puede permitir evitar un atentado como el que ocurrió en el subcentro del Metro Escuela Militar y los que siguieron.

Hay una serie de iniciativas de este gobierno en contra de los jóvenes, como si fueran un sujeto central de la delincuencia.

El gobierno usa a la juventud para ocultar su fracaso en seguridad ciudadana. Pero afortunadamente medidas como la revisión de mochilas, la baja de edad para control preventivo de identidad, el toque de queda para menores de edad, se fueron cayendo. El problema es que el objetivo político se cumplió. A pesar de que esas medidas no serán ejecutadas, el sector que las anuncia consiguió cierto apoyo popular, cierta aprobación con fines electorales. Y se genera más desconfianza de la población joven hacia las policías.

Apareció José Antonio Kast planteando la tendencia de armamento en las casas. Se replican ideas como las de Jair Bolsonaro, el Presidente de Brasil. Se instala el tener mano dura, más policías, castigos de mayor severidad. Eso en algunos países alcanzó un respaldo de la población. ¿Cómo ve esa opción en Chile, que la gente piense que va por ahí el tema de seguridad pública?

La retórica de la mano dura demostró ser eficiente para llevar al Presidente Bolsonaro al poder y eficiente para transformarse en un tanque de oxígeno para que continuara gobernando. Lo mismo ocurrió con el Presidente Piñera y puede ocurrir en Uruguay. El balance en América Latina respecto a la mano dura demuestra que es una poderosa herramienta electoral. Pero además, una herramienta para mantener a los gobiernos con alto nivel de aprobación. El problema no es solamente que existan estas propuestas populistas y que las personas las aprueben, sino que la ciudadanía no tiene o no ve otras alternativas porque los sectores políticos que no son parte de ese populismo, se han quedado en silencio. Mientras a las personas no les ofrezcan una alternativa viable, electoralmente atractiva y sobre todo aplicable, los niveles de aprobación del populismo de la mano dura seguirán creciendo. Se ha demostrado que estos populismos son tremendamente peligrosos. Tenemos que asimilar que si los ciudadanos piden armarse para protegerse, es que están pidiendo a gritos que el modelo de seguridad funcione. La gente no se arma por deporte, se arma porque no siente que haya otra alternativa, incluso estando equivocados porque la tenencia de arma genera más inseguridad en los hogares.

“La seguridad ciudadana será elemento que va a decidir triunfos o derrotas a nivel municipal”

¿Los sectores progresistas y de izquierda fallan en no tener propuestas viables y concretas, pero también comunicacionalmente para instalar la mirada diferenciada de la derecha e incluso no caer en la agenda conservadora y populista?

La evidencia nos habla, por ejemplo, de que los que delinquen y llegan a las cárceles, en su mayoría lo hacen para generar ingresos y tenemos que hacer constatación como que más del 80% de la cárcel femenina se explica por delitos contra la propiedad o para generar ingresos. Cuando a una madre le asesinan a su hijo, no solo quiere justicia, sino que quiere evitar que a su otro hijo lo asesinen; cuando un padre ve que a su hijo lo encarcelan por estar preso de las redes del microtráfico, quiere que eso termine. Y ante eso, los actores políticos no pueden ir a decirles que esperen un poco, que hay que solucionar los problemas de desigualdad, de oportunidades laborales y de educación, para que cuando Chile sea más justo, usted tenga derecho a vivir seguro. Hay que avanzar en paralelo y la centroizquierda debe entender que el problema de la seguridad debe estar al centro de su trabajo político. El trabajo de seguridad tiene que ver con otorgar mayor igualdad a las personas, pero sobre todo resguardar su derecho a la seguridad. La centroizquierda debe entender que no puede seguir por omisión estando ausente del pensamiento y de la acción en materia de seguridad pública, y que quienes están dando respuestas inmediatas a la ciudadanía sean los sectores de derecha.

Usted hablaba del uso político que hace la derecha. ¿Esto va a estar muy presente en la campaña municipal y debería considerarlo la oposición?

La seguridad ciudadana será el elemento que va a decidir triunfos o derrotas a nivel municipal, de gobernaciones y triunfos y derrotas a nivel presidencial. La derecha lo puso en la agenda, Joaquín Lavín ha sido el laboratorio para testear las políticas que generen retorno en la opinión pública, a pesar de no generar retorno alguno en la seguridad. Si los partidos políticos de la oposición, desde la Democracia Cristiana hasta el Frente Amplio, no logran entender que la seguridad estará al centro de definiciones electorales, se va a permitir que, nuevamente, el monopolio de la seguridad quede en manos de sectores conservadores y que esto se transforme en una alfombra para que puedan llegar al gobierno u otras instancias con el populismo de la mano dura.