Lo táctico a definir será qué rol está jugando el aparato institucional, habrá periodos en que será posible impulsar cambios, en otros serán instituciones del Estado el freno a ellos.

Juan Gajardo

Miembro de la Comisión Política del Partido Comunista

06/10/2019. Los movimientos populares en América Latina siempre han encontrado en la institucionalidad estatal un escollo complejo de superar. Tenemos una precariedad institucional que arrastramos desde nuestros tiempos de constitución como repúblicas, y quizás como consecuencia de lo mismo, debemos sumarle la desmesurada e incontrolada incidencia de potencias extranjeras en nuestro devenir histórico, potencias que hacen prevalecer sus propios intereses, habitualmente contrarios a los intereses de la mayoría de la población; pero que cuentan con el apoyo de las élites locales y que al retro alimentarse ambos sectores, generan un Estado que junto al rol “clásico” de dominación política, también es utilizado como abierto dispensador de prebendas para  sus controladores.

Esta situación plantea un desafío peculiar. En el par de siglos que tenemos como repúblicas, significativos movimientos populares enarbolando legítimas demandas, han logrado acceder a segmentos del poder estatal. Lamentablemente el resultado de tales experiencias no siempre  ha sumado. Son muchos los casos en los cuales los líderes, seducidos por el poder de las clases dominantes, terminan envueltos en la corrupción y el enriquecimiento personal, traicionando lo que fueron sus plataformas transformadoras y a quienes les dieron su confianza. El último desgraciado caso se vive hoy en la república de Ecuador. En sentido contrario, movimientos populares de Bolivia y Uruguay se aprestan, elecciones mediante, a seguir desarrollando los proyectos comprometidos, mientras en Argentina amplios sectores ven en la recuperación del gobierno la posibilidad de salir de la extrema pobreza en la cual les dejó el experimento neoliberal de Macri. La justa ecuación entre la necesaria autonomía que debe tener el movimiento popular del poder del Estado, pero a la vez la obligatoriedad de participar e incidir en él si lo buscado es una vida mejor, ahora,  para las mayorías postergadas, se convierte en el arte de la política.

Ya a finales del pasado siglo, el imperialismo estadounidense estableció en los documentos llamados de “Santa Fe”, condicionantes que tendrían las estructuras socio-políticas y legislativas de nuestros Estados que le previnieran de insurrecciones victoriosas, como las de Cuba o Nicaragua o que, empleando las vías de la misma institucionalidad, accediera al poder para transformar el Estado (caso Chile). Pero la realidad es más fuerte y el siglo XXI es recibido en el Cono Sur de América con un conjunto de gobiernos que impulsan proyectos progresistas y la mayoría con un claro sentido nacional, refractario en consecuencia a los mecanismos que el poder imperial había diseñado, ante lo cual éste ha movido a sus peones en todos los países. Efectos recientes son los observables en Brasil, Venezuela o Ecuador. Pero si algún derrotero marca la historia, es que EEUU es una potencia decadente y que los pueblos de América continuarán buscando construirse desde una independencia plena.

Lo táctico a definir por el movimiento popular será siempre precisar qué rol está jugando el aparato institucional en cada momento, porque así como habrá periodos en que desde allí será posible impulsar cambios, en otros momentos serán las instituciones del Estado el freno a ellos. Sin renunciar a tener presencia en el poder legislativo, se debe tener claro cuando este poder del Estado puede jugar un rol de catalizador de las transformaciones y cuando actúa como centro de resistencia. La actual experiencia chilena nos muestra un poder legislativo permeable a los poderes fácticos y del gran empresariado hoy gobernante y en consecuencia, la necesidad del movimiento popular de generar desde la movilización popular el contrapeso necesario para seguir impulsando una agenda de cambios. Los resultados de la votación de la acusación constitucional contra la ministra Cubillos así lo demuestran.