Todos  los auténticos demócratas debemos luchar porque se establezca la verdad, para que se haga justicia y se sancione a los culpables.

Eduardo Contreras

Abogado

02/10/2019. Bien sabemos que el Estado no es sino la organización política de la sociedad. Dicha organización se regula mediante una Constitución Política. Es ésta la que, dada la correlación de fuerzas existente, determina cuáles serán los órganos del Estado, así como las obligaciones de éste para con los ciudadanos y la de éstos con respecto al Estado; las fuentes de recurso para que el Estado pueda atender las necesidades de la población, el tema de la propiedad de los medios de producción y la cuestión  de los derechos fundamentales de la persona humana en el contexto social.

Parte fundamental del Estado son elementos estratégicos como las Fuerzas Armadas o los medios de comunicación.

En el caso de Chile, el golpe fascista del año 1973 – gestionado por la derecha y los grandes empresarios ante el gobierno norteamericano y ejecutado por las fuerzas armadas chilenas – vulneró los derechos humanos esenciales de ciudadanas y ciudadanos, puso fin a la Constitución Política vigente y terminó imponiendo una Constitución Política antidemocrática que, con leves cambios es la misma que nos rige hasta hoy.

En el centro de los intereses que esta Constitución defiende están los de los grandes grupos económicos y financieros, nacionales o extranjeros, así como el debilitamiento económico extremo del Estado al que se priva de sus recursos históricos fundamentales.

Lo ocurrido se explica por el hecho objetivo que la dictadura jamás fue derrotada. Lo sucedido en Chile es que sectores opositores, supuestamente democráticos, llegaron a acuerdo con la dictadura. Tanto así que cuando el dictador deja la jefatura del Estado los partidos de la llamada Concertación lo designan Senador Vitalicio y finalmente terminan salvándolo de ser juzgado en España en una cobarde gestión ante la Cámara de los Lores de Inglaterra. La  injusta organización social actual es el producto de esa traición.

Durante los años de la dictadura la represión fue despiadada y se usaron métodos sólo comparables con el horror desatado por el nazismo cuando la segunda guerra mundial.

Mujeres, hombres, de todas las edades fueron torturados, ejecutados y hechos desaparecer sus restos. Se usó además la mentira para confundir y eludir cualesquier forma de defensa de las víctimas con la complicidad del poder judicial del país.

Entre otras falsedades era frecuente que, para ocultar tanto crimen, se informara falsamente que tal o cual persona se había suicidado o  que las víctimas se habían dado muerte entre ellas mismas, o simplemente que eran delincuentes o terroristas que habían sido abatidos al enfrentarse con la autoridad.

Es el caso del crimen cometido por los militares en contra de don Jorge Oyarzún Escobar y don Juan Escobar Camus,  los que fueron asesinados la noche del 30 de septiembre de 1973.

Violando la verdad- aunque todo mundo conocía de las matanzas llevadas a cabo por esos días por la dictadura de Pinochet – el diario La Tercera en su edición del 2 de octubre de 1973 dio cuenta de la muerte de las víctimas pero presentándolo  como “el ajusticiamiento de terroristas que habían intentado  atacar a una población militar “ y todo bajo el título de “Fusilados 9 extremistas”.

Como ha sucedido respecto de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por los golpistas del 73, finalmente la verdad se impuso; en efecto, con fecha 3 de octubre de 2018 una sentencia de la Corte Suprema de Justicia dio finalmente por establecido absolutamente el asesinato. Ante lo cualdoña Paola Cristina Oyarzún Escobar, hija y sobrina respectivamente de las víctimas presentó una solicitud al periódico aludido para que La Tercera publicara un desmentido de la  infamia, dijera la verdad de lo ocurrido y así se restablecieran los derechos conculcados de los asesinados y sus familiares. Lo que no sucedió.

Fue entonces que se inició una acción judicial a la que se sumaron María Teresa Escobar y Alicia Lira en nombre de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, la AFEP, cuyo equipo jurídico se integró de lleno al debate legal. Se trataba en rigor tanto de  violaciones a la integridad psíquica, como del derecho a la honra y a la rectificación de la noticia infame.

La dirección de La Tercera argumentó que porqué los familiares no pidieron rectificación de la noticia en su momento, burlándose nuevamente de los familiares. En efecto, por la fecha en que sucedieron los hechos, La Tercera, como El Mercurio y otros medios hacían el juego a la dictadura y si los familiares se hubieran atrevido a desmentir lo probable es que, además de no lograr su propósito, habrían sido igualmente reprimidos con grave riesgo de sus propias vidas.

Finalmente, como consta de la sentencia de la Corte Suprema de 17 de septiembre de este año, se dió la razón a los reclamantes. Esperemos que esta vez el periódico respete la ley y rectifique del modo decretado.Es lo menos que debe suceder para reestablecer  el honor de los caídos y para mostrarle a los poderosos que en Chile siguen existiendo generaciones de mujeres y hombres  y organizaciones sociales de diversa naturaleza que no descansan en su tarea de denuncia de los horrores de la dictadura reaccionaria.

A este propósito concluyo  con un recuerdo necesario y que en lo sustantivo viene al caso. Y es que hubo una vez en Chile, allá por los años sesenta del siglo pasado, un joven estudiante de Derecho, ayudante del gran economista Alberto Baltra, y que en su tésis de grado sostuvo que la única forma de evitar el dominio sin contrapeso de los sectores privilegiados y retardatarios de la sociedad – incluía en ellos a los dueños de los medios de comunicación – era optar por la propiedad pública de los principales medios de producción. Su tésis mereció ser publicada en 3 ediciones por la importante Editorial del Pacífico. En el párrafo clave de la página 172 del texto citado se afirma textualmente : “ La única y verdadera solución es, entonces, la abolición de la propiedad privada sobre los medios de producción, los cuales deben pasar al Estado”

Pero ese joven abogado cambió a poco andar. Vivió años en EEUU y más tarde fue presidente de Chile, cargo desde el que dio muestras efectivas de que olvidaba y cambiaba su propio pensamiento. Hablo de Ricardo Lagos Escobar.

Lástima grande que su justa propuesta juvenil de propiedad estatal de los grandes medios de producción aun no sea realidad en nuestro país y eso permita que  los grupos empresariales privados, nacionales e internacionales, y los medios de comunicación a su servicio, sigan actuandoen favor exclusivo de los intereses de sus propietarios y que en los años de tiranía hayan jugado el triste papel de cómplices de una brutal  dictadura.

Cuanto hemos expuesto dice relación directa con la necesidad vital de no olvidar jamás  cuan importante y necesaria es lograr toda reparación posible en cuanto a los crímenes cometidos en dictadura, tanto para los familiares, como para la sociedad en su conjunto. Se trata de rescatar y de resguardar la verdad histórica. Todos  los auténticos demócratas debemos luchar porque se establezca la verdad, para que se haga justicia y se sancione a los culpables, pero también luchar por conseguir toda forma de reparación posible. Esto es hablar de Derechos Humanos en serio y en la extensión precisa de la triada necesaria: verdad, justicia y reparación.