Preocupa el nivel de negligencia constante en que ha incurrido la máxima autoridad ministerial de la cartera de Educación en lo que va de su gestión.

Paulina Cartagena

Dirigenta Colegio de Profesores

01/10/2019. Todo parece indicar que la actitud displicente y soberbia de la Ministra de Educación, la abogada Marcela Cubillos, representa una constante frente a las solicitudes que periódicamente realizan las instituciones del Estado, en este caso el Congreso de la Nación a través de sus comisiones de Educación, y el propio Colegio de Profesores que desde el 2018, tras la presentación del petitorio de 11 puntos, ha solicitado el pronunciamiento de la máxima autoridad de educación. Ahora último, dicha actitud se ha manifestado negándose a contestar la Acusación Constitucional promovida por un grupo de parlamentarios de oposición, quienes han considerado que el actuar de la Ministra contradice las normas de probidad y los deberes consagrados en la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado.

En medio de este procedimiento Constitucional, que tendrá lugar hoy martes 1 de octubre, la opinión de las profesoras y los profesores debiera ser considerada por los parlamentarios que lleven adelante la Acusación, en base a los argumentos presentados  desde el inicio de la gestión de la Ministra Cubillos, y que refieren en general, a la despreocupación por la Educación Pública, la falta de diálogo respecto al tratamiento de los proyectos de ley presentados por el ejecutivo, la poca información entregada por el Mineduc a los establecimientos educativos sobre el Sistema de Admisión Escolar (SAE), la arrogancia mostrada luego de 54 días de movilización docente por todo el país, la negligente implementación de la Nueva Educación Pública (desmunicipalización), y la lista sigue.

Pero más allá de los cuestionamientos y críticas que han circulado en los medios de comunicación hacia la Ministra, son tres los hechos que mayor significación revisten para el Gremio, por cuanto representan el evidente abandono de deberes y justifican el juicio político hacia Cubillos.

En primer lugar, la Ministra ha evidenciado la falta de manejo jerárquico sobre los órganos e instituciones sometidos a su dependencia, en lo que respecta a la implementación de la ley sobre Nueva Educación Pública (ley nº 21.040). El manifiesto retraso en siete meses en el nombramiento de la Directora de Educación Pública, se suma al de los Directores Ejecutivos de los 3 Servicios Locales de Educación (SLE) que comenzaron tarde sus funciones este año. Hay que agregar además, la falta de ejecución presupuestaria para el fortalecimiento de la Educación Pública, que de acuerdo al propio informe de la Comisión de Educación del Senado “no fueron traspasados a los Servicios Locales de Educación, salvo aquellos referidos al pago de remuneraciones. Pero el caso que evidencia la ausencia de regulación en la implementación de la ley es el SLE de Huasco, que comprende las comunas de Alto del Carmen, Vallenar, Freirina y Huasco. La eventual malversación de los Fondos de Apoyo a la Educación Pública (FAEP) por parte de la ex Subdirección de Administración y Finanzas del Servicio Local, alcanzan los 400 millones de pesos, lo cual refleja el pésimo manejo en materia de probidad de las autoridades nombradas por el gobierno.

En segundo lugar, el Colegio de Profesores ha presentado los casos de 23 docentes que han muerto en el último periodo a la espera del pago del Bono de Incentivo al Retiro (ley nº 20.822). Esto se debe principalmente a la “… omisión del cumplimiento de las obligaciones ministeriales, particularmente, en materia de ejecución presupuestaria (Bono)”. Los informes financieros que acompañaron la discusión del proyecto de ley, establecen la disponibilidad de recursos para el pago del bono hasta el años 2024, por lo que no existe explicación, más allá de la falta de manejo burocrático al interior del Ministerio, para el retraso en la cancelación de los montos que benefician a un número importante de profesoras y profesores en edad de jubilación.

Por último, entre los argumentos presentados en la Acusación Constitucional contra la Ministra Marcela Cubillos, están los de haber infringido la “Constitución y las leyes, específicamente en relación a la vulneración del principio de igualdad, consagrado en el artículo 19 N°2 de la constitución”. Esto refiere principalmente a la situación laboral de las educadoras diferenciales y educadoras de párvulos y el no pago de la mención de su especialidad. Son alrededor de 54 mil las profesionales de estas áreas que son objeto discriminación salarial, contradiciendo el principio de igualdad, en relación a la no discriminación arbitraria.

Preocupa el nivel de negligencia constante en que ha incurrido la máxima autoridad ministerial en lo que va de su gestión, puesto que ha sido precisamente su actitud displicente y su falta de diálogo lo que llevó a miles de profesoras y profesores a extender el paro docente por más de 50 días, debido a la falta de respuestas concretas del Ministerio.

La Acusación Constitucional tiene suficientes elementos jurídicos y políticos que evidencian el mal manejo de las leyes que regulan el funcionamiento del sistema educativo, por lo que esperamos la unidad de los parlamentarios que defienden a la Educación Pública como un derecho social fundamental para nuestra sociedad.