El diputado Boris Barrera desmenuzó las razones de la medida que busca destituir a la ministra de Educación.

Daniela Pizarro Amaya. Periodista. 17/09/2019. El jefe de la bancada de diputados del Partido Comunista e Independientes, Boris Barrera, en entrevista con ElSiglo.cl entregó los detalles del por qué la oposición decidió acusar constitucionalmente a la ministra de Educación, Marcela Cubillos. Entregó los argumentos jurídicos e hizo especial énfasis en la situación que se vive con el Servicio Local de Educación de Barrancas donde existe una millonaria deuda previsional que el Ministerio se niega a pagar a pesar de que los recursos están contemplados.

Asimismo, el parlamentario por el distrito 9 (Cerro Navia, Conchalí, Huechuraba, Independencia, Lo Prado, Quinta Normal, Recoleta, Renca) dijo que aunque algunos parlamentarios de oposición se muestran en duda de apoyar la herramienta legislativa, la mayoría ya está trabajando para despejar los cuestionamientos y alcanzar los votos para que la acusación llegue al Senado. En ese marco, dijo que era necesario que el senador Andrés Allamand se inhabilite de votar.

Además, el diputado descartó que la iniciativa que levantó el Partido Socialista y que logró unificar a las bancadas de oposición tenga motivaciones políticas.

La primera semana de octubre estaría listo el informe de la comisión que revisa la acusación para la votación en Sala.

¿Por qué una acusación constitucional y no una interpelación como lo plantearon algunos diputados?

La interpelación se realiza frente a una situación concreta que involucre a un ministro. Por ejemplo, cuando murió Camilo Catrillanca, salió el ministro del Interior y dio una explicación que fue cuestionada de inmediato. Entonces ahí se interpeló a Andrés Chadwick por ese hecho. En este caso estamos apostando por esta medida que es de mayor peso por las consecuencias que tiene. Con la acusación constitucional nosotros buscamos destituir a la ministra porque no ha cumplido con la ley y esa es una situación que se viene dando durante toda su gestión. No es un hecho aislado ni algo puntual. Ella dejó de aplicar la ley. Y nadie está por sobre la ley. La ministra Cubillos no quiere aplicar lo que mandata la Ley de Nueva Educación Pública que se aprobó en la administración anterior. Por tanto es del todo grave que ella incumpla algo que ya está establecido por norma.

¿Fue difícil lograr la unidad de la oposición para alcanzar este acuerdo para la acusación?

Si. La verdad es que fue difícil, pero creo que fue por desconocimiento. Cuando se planteó la idea de la acusación, que fue iniciativa del Partido Socialista, y a nosotros nos preguntaron nos sumamos de inmediato porque sabemos las falencias que hay, por ejemplo, en el Servicio Local de Barrancas, porque es parte de mi distrito. Cuando se comienza a sumar a las otras bancadas los diputados dudaron porque no sabían las motivaciones y así también hubo otras como la del Frente Amplio que aportó con otras demandas como la de los profesores. Así de a poco se fue construyendo la unidad y aunque costó creo que vamos por buen camino.

¿Qué espera de la comisión de diputados que revisará la acusación puesto que en su mayoría son oficialistas?

Esperamos que su informe sea lo más objetivo posible. Aunque sabemos que va a estar cargado en favor de la ministra. Ahora lo importante es que ese informe no es vinculante, es decir, es solo un informe, por tanto lo importante es lo que va a votar cada diputado en Sala. Por otra parte ya se realizaron dos sesiones de esa comisión, de las cuales yo participé, porque aunque no soy parte de la instancia las audiencias son públicas. Lo que vi de la defensa de Cubillos es que es bastante pobre. Vi a un abogado que llevó Chile Vamos que no manejaba el tema y más bien se enfocó a tocar temas técnicos respecto a la acusación constitucional y en esa línea expuso más sobre su valoración personal frente a la medida. Sin embargo, nosotros le preguntamos respecto a los incumplimientos de la ley y el abogado no manejaba el tema y nos señaló que no sabía la situación de los servicios locales de educación. Lo que demostró que van a hacer una defensa política frente a argumentos que son jurídicos.

Varios dicen que esta acusación no avanzará. Pepe Auth aseguró que la medida no saldrá de la Cámara de Diputados y Harald Beyer tildó la acusación de bodrio.

Nosotros confiamos en que va a avanzar. Hasta el momento serían tres los diputados que están en duda para apoyar la acusación. En tanto los demás diputados de la oposición nos dimos la tarea de demostrarle a esos parlamentarios que los argumentos son concretos. Es nuestro deber hacer cumplir la ley, sino lo hacemos seguirá una ministra que busca terminar con la educación pública, que hace lo que ella cree -según su ideología- y deja estancado todo lo que en la administración anterior se debatió, votó y se hizo ley. Nosotros estamos seguros de lo que hemos visto, de nuestros argumentos y por eso creo que esto saldrá adelante a pesar de cualquier comentario político.

¿Es necesario que el senador Andrés Allamand se inhabilite frente a una posible votación?

Por ética debiera inhabilitarse. La ley no lo obliga, pero estamos hablando de votar una medida que busca destituir a su esposa.

La acusación se centra en el incumplimiento de la Ley de Nueva Educación Pública ¿Cuál es el argumento para sostener aquello?

Lo esencial y más grave está en la implementación de los servicios locales de educación. Cuando se crearon estos centros se hizo el traspaso de los trabajadores desde la municipalidad hacia esos servicios. En mi distrito el Servicio Local de Barrancas se encontró con una deuda millonaria que generó el municipio de Cerro Navia en la gestión de Luis Plaza por el impago de cotizaciones previsionales de los trabajadores. Para saldar esa deuda el Ministerio de Educación destinó los recursos, porque si no se paga los colegios no pueden pasar al servicio público. Ese dinero está, pero la ministra se niega a saldar  la deuda, la cual seguirá creciendo sino se paga a tiempo. Tampoco se nombran aun los directores de los servicios locales de educación, solo hay provisorios, porque ella no quiere nombrarlos y busca el fracaso del sistema. Aunque ella no esté de acuerdo con esta reforma ella debe implementarla.

¿Cuál es la explicación del Ministerio respecto a esa deuda?

Ellos dijeron que la ministra quiso hacer una auditoria primero, porque desconfía de las cuentas que sacaron los funcionarios del gobierno anterior. También se dijo que la ministra tenía dudas respecto a los trabajadores a quienes se adeuda, pero esas platas se deben a instituciones, es decir, a las AFP, Isapres, o Fonasa, por tanto, es ilógico que ella desconfíe de los trabajadores. Pero nada de eso ha sucedido. No hay eficiencia ni eficacia. Por más auditorias que ella haga no se puede dejar de pagar sueldos o las imposiciones, solo porque tiene dudas. Las investigaciones las debe hacer en paralelo. Esta situación se replica también con servicios en el norte.

En la acusación se dice también que la ministra infringió la probidad administrativa ¿En qué casos pasó eso?

En el nuevo sistema de admisión escolar porque sobre esto la ministra no informó de que se trata y por el contrario decidió desinformar. A una semana de implementarse los alcaldes de mi distrito se juntaron, hicieron un punto de prensa denunciando esto y salieron a hacer campaña en los territoritos, con recursos municipales, para informar a la gente respecto a esta nueva forma de admisión a los establecimientos públicos. Mientras la ministra Cubillos usó correos electrónicos de los apoderados desde las bases de datos del Ministerio -cuando la ley dice que no se puede usar información personal- para enviar cartas desprestigiando el nuevo sistema, desinformando y relevando el proyecto de admisión justa que ellos presentaron. Eso es gravísimo.

Desde La Moneda se insiste con que está es una acusación más política que constitucional.

Para poder acusar constitucionalmente a un ministro se necesitan antecedentes jurídicos. Y esos argumentos están. La ministra Cubillos ha puesto sobre la mesa una defensa política.