El financiamiento tripartito de la seguridad social es parte de la tradición de la lucha obrera y sus conquistas históricas. Reponerlo constituye sin duda una demanda justa y legítima.

Manuel Riesco. Economista. 16/08/2019. En todo el mundo los empleadores aportan a la seguridad social. Lamentablemente, esta sentida reivindicación de los trabajadores está siendo instrumentalizada en Chile de modo cínico, para justificar un aumento brutal de los impuestos al trabajo, con grave perjuicio para ellos y beneficio exclusivo del gran empresariado.

Como es sabido, las convenciones internacionales de seguridad social establecidas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de las cuales Chile es signatario, establecen que las contribuciones a la seguridad social, es decir, los descuentos a los salarios destinados a pensiones, salud, seguro de cesantía y otros beneficios al trabajador, deben ser desembolsadas de manera tripartita, por los empleadores, trabajadores y el Estado.

En Chile, en 1924 se creó el Ministerio Social, inicialmente a cargo de su inspirador, el Dr. Alejandro del Río, que incluía Salud, Asistencia Social, Previsión Social y Trabajo. Adicionalmente, se creó la Caja del Seguro Obrero Obligatorio, institución semiautónoma que iba a manejar las contribuciones de la seguridad social. Éstas fueron fijadas en seis por ciento de los salarios, y eran aportadas por los empleadores (3 por ciento), los obreros (2 por ciento) y el Estado (1 por ciento).

El financiamiento tripartito de la seguridad social es parte de la tradición de la lucha obrera y sus conquistas históricas. Reponerlo constituye sin duda una demanda justa y legítima de los trabajadores chilenos, puesto que fue abolido por la dictadura en 1981 con la creación de las AFP. Cuatro décadas más tarde todavía no se ha logrado.

Sin embargo, hoy se da la paradoja que el gran empresariado ha logrado imponer en la agenda pública la supuesta necesidad de subir las cotizaciones previsionales. Ello sería del todo incomprensible en cualquier otro país, puesto que en todas partes se usan para pagar pensiones y su nivel actual en Chile excede en el doble el gasto en las respectivas pensiones. Subir el impuesto al trabajo siempre impacta negativamente el empleo y los salarios.

Lo más insólito es que, concientes que el tripartismo es una demanda de las organizaciones sindicales, los empresarios se ofrecen graciosamente a solventar dicho incremento de su propio bolsillo.

Dos proyectos de ley, uno presentado por el gobierno anterior y otro actualmente en tramitación parlamentaria, han tenido como objetivo fundamental subir las cotizaciones previsionales, en 5 por ciento de los salarios el primero y 4,2 por ciento el actual. En ambos casos, los empresarios han ofrecido gentilmente no sólo su apoyo entusiasta a dichos proyectos, sino desembolsar ellos los incrementos.

¿De cuando acá se han puesto tan generosos los empresarios chilenos, que se ofrecen a poner de su bolsillo un incremento real de su costo laboral, de magnitudes que las propias organizaciones de trabajadores no se atreverían siquiera a soñar en sus demandas reivindicativas?

Los trabajadores bien saben que cada vez que solicitan un aumento de salarios, por pequeño que sea, los empresarios se oponen de manera lastimera y tenaz. Ello sucede cuando se demandan reajustes reales de uno o dos por ciento de los salarios. Incluso cuando se discuten ínfimos incrementos al salario mínimo.

Frente a estas justas demandas, se levanta de inmediato un coro estridente y escandalizado de organizaciones empresariales, autoridades económicas, universidades, economistas, expertos, opinólogos, medios de comunicación afines, etcétera. Todos señalando modo afectado y enfático que un aumento en el costo salarial, aunque sea de unas pocas “lucas”,  tendría efectos nefastos y potencialmente catastróficos sobre el empleo y la economía, y por lo tanto sería perjudicial para los mismo trabajadores.

Cuando se trata de elevar las cotizaciones previsionales, en cambio, el gran empresariado chileno y sus voceros manifiestan afectada y compasiva preocupación por los pensionados. Ellos y sus amanuenses declaran de modo enfático que para mejorar las pensiones el único camino es ¡ahorrar más!

Sus lobbystas cuidan de enfatizar que con ello se atenderá asimismo una de las más sentidas reivindicaciones de los sindicatos: ¡Restablecer el financiamiento tripartito de la seguridad social! ¡Cumplir finalmente con las obligaciones establecidas en los convenios internacionales de los cuales el país es signatario!

Esta generosidad tiene una sóla condición: que el incremento así financiado se destine al ahorro.

¿Cuáles serán los motivos de tanta largueza? La unanimidad de los economistas concuerda en una de las razones de esta generosidad empresarial. Aunque los desembolsen los empleadores, los incrementos de cotizaciones los pagarán íntegramente los trabajadores, con cargo a futuros reajustes. Así lo han declarado todos, incluido el exministro que preparói el proyecto de pensiones del gobierno pasado y hoy ejerce de principal lobbysta del alza de cotizaciones, los actuales ministros de hacienda y trabajo, y hasta el Banco Central.

Las cotizaciones son evidentemente un impuesto al salario. Las trabajadoras y trabajadores chilenos, al menos los contratados a honorarios, no tienen duda alguna al respecto. Zanjaron esta cuestión de modo categórico. Mientras tuvieron la posibilidad de abstenerse de hacerlo, no cotizaba ninguno. Por eso el Estado, mediante una ley recién promulgada, hizo obligatorio ese descuento para todos los honorarios. El episodio sirve para confirmar que las cotizaciones previsionales son un impuesto al trabajo.

Más aún, es un impuesto que se aplica íntegramente sólo a los trabajadores asalariados. En efecto, es proporcional a las remuneraciones imponibles, se recauda principalmente mediante un descuento obligatorio por planilla, y no están afectos al mismo los ingresos por encima del sueldo de un trabajador calificado.

El tope imponible está fijado en 79,2 UF o $2.181.661 aproximadamente para el año 2019. De este modo, a una trabajadora o trabajador que gane ese monto o menos, se le descuentan actualmente para pensiones un 12,78 por ciento de su remuneración, que incluye un 10 por ciento supuestamente destinado al fondo de pensiones, un 1,41 por ciento para el seguro de invalidez y sobrevivencia (SIS), y la comisión de administración de las AFP que en promedio alcanzó a 1,37 por ciento en mayo del año en curso. Por lo tanto, a un trabajador calificado que gana el tope imponible, se le descuentan aproximadamente 280 mil pesos. La remuneración imponible promedio de todos los cotizantes de ese mes alcanzó a $809.906, por lo cual el descuento de 12,78 por ciento representó $103.506 por cotizante, en promedio.

Un gerente de AFP, en cambio, que gana más de treinta millones de pesos mensuales, es decir unas 15 veces el tope imponible, cotiza sólo por este monto, pero en su caso ello representa sólo 0,85 por ciento de su ingreso, la 15ava parte de lo que se descuenta a un trabajador calificado que gana dos millones de pesos mensuales.

Los empleadores se ofrecen gentilmente a desembolsar este impuesto al trabajo porque saben que ni siquiera deberán adelantar este gasto y resarcirse posteriormente otorgando menores reajustes. Se preocupan de dilatar este desembolso a lo largo de varios años, de modo de recortar los reajustes de remuneraciones antes de incurrir en el mayor gasto de cotizaciones. No pierden nunca.

De este modo, aunque las cotizaciones adicionales fuesen a parar de algún modo a los bolsillos de los trabajadores, por ejemplo, si se destinasen directa e íntegramente a pagar pensiones a trabajadores jubilados como en todo el mundo, no habría tampoco generosidad alguna de parte de los empleadores. Igual se resarcirán las mayores cotizaciones con menores reajustes de remuneraciones.

Esto es tan efectivo que, por ejemplo, constituye un punto central del debate actual en las elecciones presidenciales estadounidenses. Casi todos los candidatos del Partido Demócrata se han plegado a la idea de establecer un servicio estatal único de salud. El motivo es que el descuento obligatorio a los salarios para seguros de salud privados ha resultado en primas siempre crecientes y reajustes de remuneraciones muy pequeños o inexistentes ¡aunque es de cargo de los empresarios!

Los empresarios chilenos saben esto perfectamente. Ellos pagan las remuneraciones y por lo tanto saben que en Chile han venido creciendo a una tasa real de 2,6 por ciento por año a lo largo de las dos últimas décadas. Aún así los salarios son muy modestos, porque la dictadura los dejó en un nivel inferior al que tenían antes del golpe, pero igual han crecido de manera importante y deberían continuar subiendo. Por lo tanto, los empresarios saben que tienen ese margen para recuperarse del mayor gasto en cotizaciones con cargo a menores reajustes. De hecho, ya lo están haciendo según testimonios de dirigentes sindicales que están hoy negociando reajustes salariales,

Por este motivo, los empresarios en general pueden darse el lujo de ser generosos desembolsando mayores cotizaciones. Sin embargo, los grandes grupos empresariales que han impuesto en la agenda pública el intento de subir las cotizaciones de los trabajadores —lo cual debería ser suficiente para sospechar que hay gato encerrado—, tienen un motivo mucho más atractivo para hacerlo. Saben que el aumento en el ahorro forzoso, al igual que la mayor parte de las cotizaciones actuales ¡irá a parar a sus bolsillos, de inmediato, íntegramente y a perpetuidad!

¡Negocio redondo para ellos! ¡Más abuso para los trabajadores!