En su incapacidad para encarar problemas de la gente, este gobierno responde desde el populismo, simulando creer que estos temas los resolverá vía mayor represión.

Juan Gajardo

Miembro de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile

04/08/2019. Una de las promesas en las cuales sustentó su campaña el actual Presidente de la República fue la de terminar con las amenazas a la seguridad de las personas. Lamentablemente para los chilenos la delincuencia común y el narco-tráfico siguen predominando a lo largo del país, con particular virulencia en los sectores más modestos.

En su incapacidad para encarar los reales problemas de la gente, también expresa en este ámbito, este gobierno responde desde las trincheras del populismo, creyendo o simulando creer que estos temas los resolverá vía mayor represión solamente. Para convencer de su propuesta, junta tres fenómenos de naturaleza y expresión distintas, cuales son el narco- tráfico, el terrorismo y la delincuencia habitual. Complementa su batería comunicacional con acusaciones destempladas del propio señor presidente en contra del Poder Judicial, a quienes señala como responsables del incremento de los índices de criminalidad, recurso falaz y perverso, que generó molestas reacciones de los afectados, pero que además muestra la irresponsabilidad del primer mandatario para con la institucionalidad que se supone debe respetar, al atacar a otro poder del Estado con el fin de eludir su propia responsabilidad.

La alcaldesa de una de las comunas más afectadas por el narco-tráfico apunta con razón a la precariedad institucional del Estado, pero agrega otro argumento del cual este gobierno en particular debe hacerse cargo: fue durante la dictadura de Pinochet que se segregó a amplios sectores de pobladores, condenándoles a vivir en la marginalidad periférica, en barrios de los cuales luego se adueñó el traficante de drogas, usando el poder económico del cual dispone pero también de la fuerza coercitiva, ante la ausencia o muchas veces la mirada complaciente de las fuerzas policiales. Ningún observador con mínimo conocimiento de la materia ignora que la persistencia y expansión del narco-tráfico está ligado a su inserción en los canales regulares de la economía. Para atacar este flagelo el gobierno debería invertir más investigar el “lavado de dinero” (aún a riesgo de detectar a más de uno de los financistas de las campañas electorales de la derecha) que incrementar la represión contra el microtraficante, el cual al ser detenido es fácilmente reemplazable, pero que además para su detención habitualmente se utilizan métodos represivos que afectan a la totalidad de su entorno.

Frente a un difuso caso de terrorismo, el gobierno responde buscando aprobar una “ley corta anti-terrorista” y siendo convencidos que este tipo de situaciones hay que investigarlas a fondo y sancionar a sus responsables, los cuales no son luchadores populares, entregarle una herramienta de este tipo a un gobierno que ha mostrado poco criterio en usar los recursos de disuasión con los que cuenta y se ha confundido mezclando actuar terrorista con expresiones sin racionalidad de grupúsculos escindidos de una movilización social, es un peligro mayor.

Lo positivo es el Manifiesto de muchas organizaciones sociales que en su parte medular señala:

“Los movimientos y organizaciones sociales que suscribimos este manifiesto nos proponemos cambiar este estado de cosas, no nos quedaremos en la inmovilidad y la resignación, ni seguiremos cada cual marchando por su lado, con escasos o nulos resultados” convocándonos a todos “a ser parte de una gran Jornada de Protesta Nacional, el próximo día 5 de septiembre”.